ELBLOGDE: LA ESTAFA DEL CEPANIM

Por el Profesor Felipe Argote

La historia se repite, pero esta vez con un matiz de cinismo que raya en la desfachatez. El caso del CEPANIM, ese Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora, se ha convertido en un monumento a la injusticia financiera y a la condescendencia burocrática. Los jubilados panameños, quienes esperaron décadas por lo que legítimamente les correspondía, ahora son tratados como analfabetos económicos por los mismos "expertos" que diseñaron este esquema leonino.

El origen del CEPANIM se remonta a una deuda del Estado, generada por intereses no pagados sobre los décimos tercer mes retenidos entre 1972 y 1983. Una deuda que, por mandato de la Corte Suprema de Justicia, debía ser honrada. Sin embargo, la forma en que se ha estructurado su pago es una afrenta a cualquier principio básico de las finanzas

El 15 de enero de 2026 el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 506, que ordena pagar los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, un reclamo histórico de unos 400 mil jubilados y pensionados panameños obligado por la Corte Suprema de Justicia y una votación unánime de la Asamblea Nacional de Diputados. El instrumento elegido fue el Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora —el CEPANIM— como el cierre de una deuda de más de cuatro décadas.

Hay un problema: el diseño técnico del CEPANIM reproduce, con otro nombre, el mismo mecanismo de despojo que dice estar corrigiendo. Y los funcionarios que diseñaron ese mecanismo lo saben con precisión actuarial, mientras salen a los medios a sugerir que el reclamo de los jubilados es producto de su desconocimiento financiero.

EL PROBLEMA EN TRES FASES

Primero. El CEPADEM —capital más 3% de interés solo entre 1972 y 1983— se pagó sin reconocer jamás el interés por la mora en que incurrió el propio Estado al tardar décadas en pagar. o sea que nunca pagó los intereses entre 1983 y 2017. El CEPANIM nace, en teoría, para corregir esa omisión.

Segundo. El cálculo del CEPANIM se hizo con interés simple, no compuesto, y solo hasta el año 2017. Esto no es una interpretación mía: el propio diseño oficial reconoce que el CEPADEM incluía el pago del capital y de los intereses al 3%, mientras que el CEPANIM contempla únicamente los intereses por mora generados hasta 2017. Es decir, el reloj de la mora se detuvo en 2017, hace años por decreto, no porque la deuda se haya pagado ese año.

Tercero. El pago real no ocurre en 2017, ni en 2018, ni en 2020: ocurre en 2026, mediante certificados negociables con fechas de vencimiento escalonadas que se extienden hasta 2032. El Estado, entonces, comete el mismo pecado que está pagando por corregir —diferir una obligación sin compensar el tiempo transcurrido— pero ahora dentro del propio instrumento que se supone repara el primer diferimiento.

POR QUÉ EL INTERÉS SIMPLE ES, DE POR SÍ, UN SUBSIDIO DEL JUBILADO AL ESTADO

El interés simple ignora que el dinero no cobrado deja de producir rendimiento sobre sí mismo. Sobre un horizonte de 30 o 40 años, la diferencia entre interés simple y compuesto no es marginal: es la diferencia entre reconocer una deuda y reconocer una fracción de ella.

Tomemos un ejercicio puramente ilustrativo, no el cálculo real de ningún beneficiario específico. Si el Estado retuvo B/.1,000 en 1980 y los liquida 37 años después:

Método	Fórmula	Interés reconocido
Simple (3% anual)	1,000 × 0.03 × 37	≈ B/.1,110
Compuesto (3% anual)	1,000 × (1.03³⁷ − 1)	≈ B/.1,985

El interés compuesto casi duplica el simple en ese horizonte. Cualquier especialista en finanzas conoce esta diferencia porque es la primera fórmula que se enseña en un curso de valor del dinero en el tiempo en su primer año de economía o de licenciatura en finanzas. elegir interés simple para una deuda de cuarenta años no es un descuido: es una decisión que reduce el pasivo del Estado a costa del jubilado.

EL SEGUNDO DIFERIMIENTO: PAGAR 2026 CON LA CALCULADORA DE 2017

Aun aceptando —sin conceder— que el cálculo se hiciera correctamente hasta 2017, el Estado siguió sin pagar durante nueve años más. Esos nueve años de mora adicional no generan, en el diseño actual, ni un centavo de interés reconocido. El jubilado financia al Estado dos veces: la mora original (1972-2017) y la nueva mora silenciosa (2017-2026), esta última invisibilizada porque el certificado se calculó y emitió con fecha de corte fija.

EL TERCER DIFERIMIENTO: PAPEL POS-FECHADO Y EL SUPUESTO "ROBO" DEL BANCO

Aquí está la parte que los funcionarios no quieren explicar. El CEPANIM no se entrega como efectivo disponible de inmediato: se entrega como certificados con vencimientos que llegan hasta 2032. Quien necesita liquidez hoy —y la mayoría de los jubilados beneficiarios septuagenarios y octogenarios la necesita, porque para eso reclamaron el pago— tiene que vender o descontar ese certificado en un banco antes de su vencimiento porque saben que muchos no estarán en este planeta dentro de 6 años.

Cuando un banco descuenta un instrumento post-fechado, no está cobrando un capricho: está aplicando la tasa de interés de mercado al tiempo que falta para el vencimiento. Si la tasa de referencia del mercado panameño está en torno al 5% anual, el valor presente de un certificado que vence dentro de seis años (2026 a 2032) es:

Valor presente = Valor nominal ÷ (1.05)⁶ ≈ Valor nominal × 0.746

Es decir, un descuento de aproximadamente 25% frente al valor facial. El 23% que los jubilados denuncian que "el banco les quita" no es una anomalía bancaria ni una señal de que no entienden el sistema financiero: es, casi al centavo, la huella aritmética del costo que el propio Estado se negó a reconocer dentro del certificado.

El banco está haciendo matemática financiera elemental y correcta. El problema no es el banco: es que el Estado emitió un instrumento con vencimiento futuro sin incorporarle un cupón o un factor de actualización a tasa de mercado que compensara exactamente esa espera. Al no hacerlo, trasladó el costo financiero —que le corresponde a quien retrasó el pago— hacia el eslabón más débil de la cadena: el jubilado que no puede esperar hasta 2032 para comer. Aunque tratándose no de un banco privado sino del Banco Nacional el interés que aplica es exagerado porque utiliza la propia plata de los jubilados para pagar el certificado emitido por el estado.

EL ABSURDO DEL DESCUENTO BANCARIO: PRÉSTAMO CONTRA TU PROPIO DINERO

Aquí entra el elemento más escandaloso de esta operación. El Estado no entrega efectivo, sino certificados posfechados que vencen hasta 2032. Para obtener liquidez, el jubilado debe acudir al Banco Nacional, la misma institución que custodia las jubilaciones de esos mismos adultos mayores.

Desde una perspectiva financiera técnica, esto no es un préstamo de riesgo; es una pignoración. El banco tiene el dinero de la jubilación y tiene el certificado del Estado como garantía. El riesgo para el banco es cero. En cualquier mercado financiero serio, un préstamo garantizado por un plazo fijo o fondos propios (como lo es en la práctica este certificado para el Banco Nacional) conlleva una tasa de interés mínima, usualmente entre el 1% y el 2%.

¿Cómo se justifica entonces un descuento que llega al 23% o 26%? Es un abuso de posición dominante. El banco está cobrando tasas de préstamo de consumo personal a una operación que tiene garantía soberana y custodia de fondos. Es cobrarle al jubilado un interés de mercado abierto por prestarle su propio dinero.

CASO PRACTICO JUBILADO CON B/.1,000 RETENIDOS EN 1983

Antes de los números, dejo explícitos los supuestos:

Supongamos un Capital retenido en 1983 de B/.1,000
Tasa legal del CEPADEM: 3% anual (es la tasa oficialmente documentada para este instrumento)
Fecha real de pago del CEPADEM: 2017 (34 años después), sin reconocer interés
Fecha real de pago del CEPANIM: 2026 (43 años después), calculado con interés simple y congelado en 2017
Tasa bancaria de los cheques posfechados: 5% anual, vencimiento hasta 2032 (6 años más para simplificar)

Si el MEF tiene una tasa de mora oficial distinta al 3%, los resultados se ajustan proporcionalmente, pero la estructura del argumento no cambia.

Paso 1 — CEPADEM: lo correcto vs. lo pagado en 2017

	Fórmula	Monto
CEPADEM correcto (compuesto, 1983→2017)	1,000 × (1.03)³⁴	B/.2,731.95
CEPADEM realmente pagado en 2017	capital sin interés	B/.1,000.00
Pérdida ya consolidada en 2017 para jubilados		B/.1,731.95

Paso 2 — CEPANIM: lo correcto vs. lo real

	Fórmula	Monto
Total justo en 2026 (capital + interés compuesto continuo, 1983→2026, 43 años)	1,000 × (1.03)⁴³	B/.3,565.63
CEPANIM que correspondería pagar en 2026 (descontando lo ya recibido en 2017)	3,565.63 − 1,000	B/.2,565.63
CEPANIM que realmente se calcula y emite (simple, congelado en 2017)	1,000 × 0.03 × 34	B/.1,020.00

Aquí ya se ve la primera brecha enorme: el certificado que debería valer B/.2,565.63 se emite por apenas B/.1,020.00 — menos del 40% de lo correcto, solo por usar interés simple y cortar el reloj en 2017.

Paso 3 — El cheque posfechado (vencimiento 2032)

El CEPANIM de B/.1,020 no se cobra en efectivo en 2026: se entrega como certificado con vencimiento hasta 2032. Si el jubilado necesita liquidez hoy y lo descuenta en el banco a la tasa de mercado del 5% compuesto a 6 años:

Descuento = 1 − 1/(1.05)⁶ ≈ 25.4%

Efectivo recibido hoy por el CEPANIM = 1,020 × (1 − 0.254) ≈ B/.761.15

Comparación final: lo que debería tener en el bolsillo vs. lo que tiene

	Monto
Total justo en 2026 (todo compuesto correctamente, sin necesidad de descuento)	B/.3,565.63
Total real en efectivo en 2026 (B/.1,000 recibidos en 2017 + B/.761.15 del CEPANIM descontado en banco)	B/.1,761.15
Brecha	B/.1,804.48
Porcentaje efectivamente recibido	≈ 49.4%

Con un caso concreto y verificable: por cada dólar que el Estado realmente debe, el jubilado recibe 49 centavos. La mitad de la deuda se la come, en partes casi iguales, el diseño del cálculo (interés simple, corte en 2017) y el descuento bancario sobre papel no indexado.

CONCLUSIÓN: UNA DEUDA FINANACIERA NO SE SALDA CON ASTUCIA

Es indignante ver a especialistas financieros presentar a los jubilados como personas "confundidas". El jubilado no está confundido; está indignado porque sabe que le están pagando una deuda vieja con moneda devaluada y papeles a futuro, y que para colmo, el banco del Estado le cobra un peaje excesivo por su propio dinero.

Una deuda social no se salda con fórmulas matemáticas convenientes para el deudor. Se salda con cifras calculadas en forma precisa. Si el Estado pagó tarde, debe asumir el costo de su propia ineficiencia. Entregar certificados posfechados con intereses simples calculados a medias y permitir descuentos bancarios abusivos no es "cumplir con los jubilados", es simplemente otra forma de burlarse de quienes esperaron toda una vida para recibir lo que les pertenece. La justicia financiera no es un favor, es un deber; y en el caso del CEPANIM, el Estado panameño sigue en mora.

Lo más grave no es el error de diseño —es corregible—. Lo grave es la estrategia comunicacional que lo acompaña. Los mismos especialistas que calculan tasas de descuento, valor presente neto y curvas de rendimiento todos los días salen ante cámaras a sugerir que la queja de los jubilados por el "23% que les quita el banco" es producto de la ignorancia o falta de educación financiera.

No lo es. Es exactamente lo contrario: es el jubilado promedio detectando, con su propio bolsillo como instrumento de medición, que algo en el cálculo no cierra. Quien no entiende —o pretende no entender— es el funcionario que conoce la fórmula de descuento compuesto y decide no aplicarla a favor del beneficiario.

UN ASUNTO IDEOLOGICO

El problema es que los gobernantes están convencidos de que le están dando un obsequio a los jubilados y deben agradecerles por ser tan magnánimos al entregarle esa limosna. Aunque ellos mismos seguramente son beneficiarios de los CEPANIM $1,000 O $2,000 que recibirían no cubren los grandes negocios que pueden hacer parientes, padrinos, compadres, copartidarios y amiguetes con los millones que suma lo que le quitan a los jubilados

LO QUE CORRESPONDERÍA TÉCNICAMENTE

Recalcular el CEPANIM con interés compuesto, no simple, consistente con la naturaleza de mora de largo plazo de la obligación original.
Extender el cálculo hasta la fecha efectiva de pago (2026), no hasta 2017. Todo año adicional de demora del Estado es, por definición, mora nueva y debe generar interés.
Indexar el valor de los certificados post-fechados a la tasa de referencia bancaria vigente (compuesta), de modo que su valor presente al momento del cobro sea equivalente a recibir el efectivo en 2026, y no penalice a quien no puede esperar hasta 2032.
Publicar la nota técnica de cálculo del MEF y la Contraloría, con la metodología y la tasa utilizadas, sometida a revisión actuarial independiente. Una deuda reconocida por la Corte Suprema de Justicia merece transparencia metodológica, no solo un anuncio presidencial.
Habilitar el redescuento de los certificados directamente en el Banco Nacional a la misma tasa que el Estado debería haber reconocido, evitando que el costo financiero de la mora termine, una vez más, en el bolsillo del jubilado.

El reclamo de los pensionados no nace de la confusión. Nace de una intuición correcta que la aritmética confirma: el Estado diseñó un instrumento para pagar una deuda histórica usando precisamente las herramientas —interés simple, fecha de corte arbitraria, papel sin indexación— que permiten pagar menos de lo que realmente se debe.

Elaborado por el Profesor Felipe Argote con ayuda de Inteligencia Artificial Claude (Anthropic), Manus, Gemini, ChatGPT y NotebookLM