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5 de agosto de 2026

ALERTA: PELIGROSO ENDEUDAMIENTO DEL GOBIERNO CON BANCA PRIVADA

 


Por el profesor Felipe Argote, con Inteligencia Artificial Claude Anthropic

Panamá atraviesa, sin que la opinión pública lo haya dimensionado del todo, una transformación estructural en la forma en que financia al Estado. Durante décadas, el patrón dominante de endeudamiento externo fue relativamente transparente: el Tesoro emitía bonos globales, colocados en mercados de capitales abiertos, con condiciones públicas desde el primer día, calificados por las agencias de riesgo, y sujetos al escrutinio permanente de miles de inversionistas institucionales alrededor del mundo. Ese modelo, con todas sus imperfecciones, tenía una virtud innegable: la disciplina de mercado. Un bono mal estructurado se castiga de inmediato en su precio secundario, y ese precio es una señal pública, verificable, que cualquier ciudadano informado puede consultar.

El actual gobierno, conocedor de la reducción en la confianza del mercado que se expresa en la caída de la inversión extranjera directa en 80%, no hizo ninguna aparición en el mercado hasta el 18 de febrero de 2026 cuando regresó con una operación de manejo de pasivos que combinó recompra de bonos en circulación (~$2,970 millones aceptados, de $8,900 millones ofertados) con una nueva emisión a vencimientos 2034 y 2038, cupones de 5.2% y 5.6%, y una demanda de más de $13,000 millones.

Esta intención evidente de evadir el mercado para quienes no hay argumento ni discursos que valgan, ha llevado al ejecutivo a desviar su apetito de deuda muy peligrosamente hacia la banca internacional privada.

En diciembre de 2019 la deuda con la banca privada era de $451 millones, hoy se eleva a $10,022 millones

Tan solo entre diciembre de 2025 y abril de 2026 —apenas cuatro meses—, la deuda directa con bancos comerciales saltó de $6,058 millones a más de $10,022 millones. Un incremento de casi $4,000 millones, equivalente a un 65%, en el tiempo que toma un solo trimestre fiscal. Ese ritmo no tiene precedente reciente en ningún otro componente de la deuda pública panameña, ni siquiera en los años más intensos de emisión de bonos.


Ese salto coincide, operación por operación, con nombres concretos:

1.      El préstamo con BBVA en yenes por unos $1,420 millones (20 de enero de 2026)

2.    El préstamo con Citibank por CHF 1,975 millones —cerca de $2,519 millones— a tasa fija de 2.39%, cerrado apenas el 13 de abril de 2026.

3.       A eso se suman tramos previos con BBVA ($1,000 millones, 2.00% flotante) y

4.       Banco Santander ($1,300 millones, tasa efectiva 4.86%).

A sabiendas que el mercado no va a responder con tasas similares, reduciendo el costo de la deuda entre 1.6% y 3.5%, el gobierno acude a un instrumento que le obliga a hacer desembolsos al próximo gobierno. Efectivamente, los préstamos bancarios recientes vencen en 2027, 2028 y 2029: tres, dos y tres años respectivamente. El gobierno está construyendo una pared de vencimientos bancarios de corto plazo que se concentrará precisamente en los próximos tres a cinco años que seguro serán refinanciados, colocando minas que le explotarán al gobierno entrante.

Adicional en la adquisición de deuda con banca privada hay opacidad. Un bono se coloca mediante un prospecto público, con divulgación obligatoria de términos y usos de fondos. Un préstamo bilateral se formaliza mediante resoluciones ministeriales que, como hemos comprobado directamente al investigar este artículo, no siempre detallan tasa y vencimiento de forma consistente. Por ejemplo, para el préstamo con Bank of New York Mellon no fue posible confirmar condiciones propias, porque en las operaciones donde aparece esa entidad lo hace como agente administrador —quien gestiona los pagos— y no como el banco que efectivamente presta el dinero. Sin una revisión cuidadosa que aclare quién presta qué, la opacidad no es hipotética. Adicional los comunicados del MEF son tan parcos que se limitan a celebrar el hecho sin dar información sobre el contenido.

Un problema en la adquisición de prestamos bancarios los es el fenómeno de la concentración de acreedores. Mientras en los bonos los tenedores son miles dispersos y anónimos, los préstamos bilaterales son pocos bancos que conocen perfectamente la posición negociadora del Estado y que, en una eventual renegociación, se sientan del otro lado de la mesa con información y poder muy superiores a los de un tenedor de bonos individual, pudiendo inclusivo actuar como oligopolio. Eso lo sabe perfectamente los excelentes economistas liberales, neoliberales y libertarios del MEF.

Otro elemento es que, a diferencia de los bonos globales, denominados en dólares, buena parte de estos préstamos están en francos suizos, yenes y euros. Son más baratos hoy por el diferencial de tasas de referencia (TONAR, EURIBOR), pero trasladan al Estado panameño un riesgo cambiario que no existía en el endeudamiento tradicional en dólares.

La deuda pública total del SPNF pasó de $31,018 millones en 2019 a $61,800 millones a mediados de 2026.

El crecimiento de la deuda bancaria bilateral no lo considero recomendable, además no está siendo acompañado de transparencia que su ritmo reciente (+65% en cuatro meses) merece. El gobierno a través del MEF está obligado a dar una explicación pública, no solo cuando la prensa pregunta y ya sabemos que los medios en su mayoría por falta de diligencia o desconocimiento de elementos técnicos no se involucran en estos aspectos. Por supuesto ni pensar en preguntar en las conferencias de los jueves a menos que se esté predispuesto a recibir una malacrianza.

Elaborado por el profesor Felipe Argote con Inteligencia Artificial Claude Anthropic. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

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10 de julio de 2026

EL TREN PANAMÁ CHIRIQUÍ

 

Una síntesis Analítica

Por: Profesor Felipe Argote

Economista | Administrador de Empresas | Maestría en Finanzas | www.elblogdefelipeargote.net


Hay momentos en la historia de los países en que un solo proyecto puede cambiar el rumbo de una nación. No exagero cuando digo que el Tren Panamá–Chiriquí es uno de esos proyectos. No es un sueño romántico de un político en campaña. No es una promesa vacía de un slogan electorero. Es una propuesta técnica sólidamente fundamentada, respaldada por cifras y por metodología, que demuestra algo que los escépticos de siempre no quieren escuchar: Panamá sí puede y debe construir el tren y los cálculos financieros lo confirman.

He realizado la parte del estudio de factibilidad que no presentaron la Railway Design Corporation pagado por el gobierno de la República Popular China, ni y el estudio pagado por el gobierno actual a la AECOM USA y demás consultorías. Se trata del Estudio de Mercado, el Estudio Económico y el Estudio Financiero que dan respuesta si el proyecto es rentable, cuánto es el subsidio si lo hay, cual es la Tasa Interna de Retorno, la Relación Costo Beneficio, en fin, presenta la viabilidad del proyecto.

Mi libro está publicado en Amazon y está disponible en diversas librerías. Si este estudio se hubiera pagado, serían millones el desembolso estatal sin duda. Yo se lo entrego al país sin costo, como una retribución a la sociedad por lo mucho que ha hecho por mí y mi familia, al darme una educación que nunca hubiera podido pagar.

Esto es una síntesis de mis conclusiones.

"Panamá no solo necesita más carreteras para resolver el problema de la movilidad e impulsarnos como Centro Logístico Multimodal. Necesita un salto cualitativo. El tren es ese salto."

Un país que conecta el mundo, pero no se conecta a sí mismo

Hay una ironía dolorosa en la geografía económica de Panamá. Somos el país que conecta dos océanos. Somos el hub financiero de América Latina. Somo el hub aéreo. Somos la plataforma logística que mueve millones de contenedores al año. Pero si usted quiere viajar de la capital a David, tiene que meterse en una carretera de seis horas, sentado en un bus que sale cuando le da la gana, rogando para que no haya un accidente en la Panamericana. Eso no es integración nacional. Eso es abandono territorial.

Las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos y Chiriquí producen buena parte de los alimentos que come la ciudad de Panamá. Sus agricultores madrugan desde las cuatro de la mañana, llenan sus camiones con café, tomates, naranjas y carne, y pagan fletes que pueden representar el 30% o el 40% del valor de su producto. Una parte sustancial de lo que usted paga en el supermercado no es el precio de la producción agrícola: es el costo de transportarla por carreteras deterioradas en camiones, los intermediarios se llevan el producto del trabajo de nuestros campesinos. El tren cambia esa ecuación por completo.

480 kilómetros de vía férrea. 7 estaciones. 8 provincias conectadas. El corredor Pacífico que Panamá no debió haber dejado sin rieles.

Los números no mienten: este proyecto es viable

He escuchado a más de uno decir que este proyecto es muy caro, que no hay plata, que el estado no puede pagar eso. Permítame darles una clase de economía financiera. Que es gratis, como siempre.

El CAPEX total del proyecto es de USD 5,500 millones. Una cifra grande a simple vista, pero inferior a los $7,879 millones que cuestan las tres líneas del metro de Panamá.

La Tasa Interna de Retorno Económica es del 11.4%-13.5% —superior a la tasa social de descuento del 8% recomendada por el BID para Panamá— y el Valor Actual Neto Económico es de $1200 millones a $1,850 millones positivos. La Relación Beneficio-Costo es de 1.38. Eso significa que, por cada dólar invertido, se generan $1.38 en beneficios para la sociedad panameña. ¿Quién en este país dice que no a ese negocio?

El análisis de Leontief —la metodología más rigurosa que existe para medir el impacto de una inversión sobre toda la economía— arrojó un multiplicador de producción de 2.41. Cada dólar que se invierta en construir el tren genera 2 dólares con 41 centavos de actividad económica en el país. En Chiriquí, ese multiplicador llega a 3.10 porque la base económica regional es más pequeña y el impacto se siente con mayor intensidad. Eso no es magia. Eso es economía keynesiana bien aplicada, algo que saben todos los economistas, aunque algunos se quedaron en los tiempos de la mano invisible.

"El proyecto genera más ingresos fiscales al Estado de los que cuesta subsidiarlo. El tren es, en términos fiscales, una inversión que se paga a sí misma."

La pregunta que muchos han hecho sin conseguir una respuesta

El estudio plantea una pregunta que yo considero brillante desde el punto de vista de política pública: ¿cuánto del subsidio que el tren requiere podría ser compensado por los impuestos que el propio tren genera? Es decir, ¿el Estado realmente pierde dinero con este proyecto, o en realidad lo gana?

La respuesta es contundente. En operación plena, el Tren Panamá–Chiriquí genera directa, indirecta e inducidamente USD 302 millones anuales en impuestos: ITBMS, ISR de empresas y trabajadores, cuotas de la CSS, impuestos municipales, impuestos del turismo, del comercio inducido. El subsidio operativo que el Estado necesita aportar al operador es entre $ 72 a $110 millones al año en el escenario base. Eso significa que los impuestos cubren el 144% del subsidio. En el escenario optimista, cubren el 191%.

Traduzco para los que no gustan de los porcentajes: el Estado panameño recauda más impuestos gracias al tren de lo que le cuesta subsidiarlo. El tren no es un gasto. El tren es una de las inversiones pública más rentables que este país puede hacer.

Y eso sin contar los $1,480 millones en impuestos que se generarán solo durante los siete años de construcción. La obra en sí misma es un motor fiscal que financia buena parte de su propia existencia.

"¿Un país rico lleno de gente pobre? Sí. Pero un tren que conecte a esa gente con los mercados, con el empleo, con el futuro —eso empieza a cambiar la ecuación."

El empleo que los políticos prometieron, pero nunca llegó

Cada vez que hay campaña electoral, los candidatos prometen miles y miles de empleos. Después ganan y los empleos no aparecen. El Tren Panamá–Chiriquí no promete empleos: los calcula con rigor técnico y los desglosa año por año.

Este proyecto generará 6 mil empleos directos, el doble que la mina. En la carretera, en el interior del país, no en la montaña como la minera. Empleos de panameños, panameñas y extranjeros que viven en Panama y gastan su dinero en nuestro país, no filipinos, malayos y peruanos que viven en un cubículo en la mina y mandan todo su dinero hacia sus países de origen. En el año pico de construcción —2029, cuando la obra esté en plena ejecución simultánea de ambas fases— habrá 28,500 empleos simultáneos en el corredor. Directos, indirectos e inducidos. En total, a lo largo de los ocho años de construcción, el proyecto generará casi 100,000 empleos-año, con una masa salarial acumulada de USD 906 millones. ¿Sabe usted lo que significa que trabajadores de Coclé, Veraguas y Chiriquí y especialmente de la comarca reciban esos salarios y los gasten en sus comunidades? Eso es desarrollo regional real, no un slogan de campaña.

Y cuando el tren entre en operación, se mantendrán 4,200 empleos permanentes directos, más otros 3,780 empleos indirectos en empresas proveedoras. No son empleos de gobierno para parientes, compadres y copartidarios, son empleos productivos, técnicos, especializados, que además pagan cuotas a la CSS y contribuyen al fisco.

El campo por fin podrá competir

Aquí está uno de los aspectos que más me entusiasmó de mi estudio. El análisis de desintermediación ferroviaria muestra que, cuando el agricultor de Chiriquí pueda mandar su tomate, su café, su naranja en el tren —a un costo de $22 a $28 por tonelada, frente a los $35 a $50 que cobra el camionero hoy— ocurren dos cosas simultáneamente que son extraordinarias para la equidad.

Primera: el productor recibe más dinero por su cosecha porque reduce su costo de transporte entre un 30% y un 45%. Segunda: el consumidor en la ciudad paga menos por los alimentos porque la cadena se acorta y hay menos intermediarios que se llevan un porcentaje. El agricultor gana más. El consumidor paga menos. ¿Cómo es posible? Porque el tren elimina costos que no crean valor. Eso se llama eficiencia económica, y es para eso que estudiamos economía.

Actualmente sale más caro enviar un contenedor de tierras altas a Panamá que del Puerto de Cristobal a Amsterdam. Así de caro es el trasporte en camiones.

Chiriquí con su café de altura, sus exportaciones de melón, su ganadería, su potencial turístico en Boquete y en el Volcán Barú, tiene todo para ser la locomotora agrícola de Centroamérica. Lo que le falta es la locomotora literal que conecte su producción con el mercado. Ese día llegará.

"El agricultor de Chiriquí no perdió porque no trabajó duro. Perdió porque el sistema de transporte lo dejó solo con su cosecha a mitad del camino. El tren le devuelve lo que siempre le hizo falta: acceso a los mercados."

¿Y el dinero? La estructura financiera que sí puede funcionar

Los que dicen que no hay dinero para este proyecto demuestran no haber estudiado los modelos de financiamiento de infraestructura en el siglo XXI. El estudio propone una arquitectura financiera inteligente y perfectamente ejecutable para un país con el perfil de Panamá.

El 30% del CAPEX lo aporta el Estado panameño directamente, como inversión soberana. El 35% viene de financiamiento multilateral del BID, la CAF y el Banco Mundial, a tasas de entre 3.5% y 4.5% con plazos de 25 a 30 años. El 20% lo aporta el concesionario privado bajo un esquema PPP, básicamente el material rodante y los sistemas, y el 15% restante se complementa con bonos soberanos de infraestructura y captura de plusvalía del suelo alrededor de las estaciones.

Con esa estructura, la TIR financiera sube al 13.5%, el DSCR (Debt Service Coverage Ratio o Índice de Cobertura del Servidio de la Deuda) supera 1.18 a partir del año 8 de operación, y el proyecto resulta atractivo para inversores institucionales y fondos de infraestructura internacionales. No se necesita inventar nada nuevo. Solo se necesita voluntad política y por supuesto competencia técnica para estructurarlo correctamente.

La estrategia inteligente: empezar por donde más rinde

El estudio recomienda —y yo comparto plenamente esta visión— comenzar con la Fase 1: el tramo Panamá–Santiago, de 250 kilómetros y USD 2,200 millones. Ese corredor concentra la mayor densidad de demanda de pasajeros, los principales centros agroindustriales de Coclé y Veraguas, y el nodo logístico de Santiago desde donde se puede ramificar hacia Herrera y Los Santos.

La TIR económica de la Fase 1 por sí sola es del 12.8%. Eso significa que, si mañana se decidiera construir solo la primera fase, ya estaría plenamente justificada. Y una vez demostrado el modelo, la Fase 2 —Santiago a David— viene sola porque ya existirá la infraestructura institucional, el marco legal, el operador y la demanda probada.

Así se hacen las grandes obras. No se intenta comer todo el elefante de un bocado. Se empieza por la parte que tiene más impacto inmediato, se demuestra que funciona, y se expande.

"No le pido al gobierno que crea en los trenes. Le pido que crea en las cifras. Y las cifras dicen que esto funciona."

El momento es ahora

Panamá tiene en este momento tres cosas que rara vez coinciden en la historia de un país en desarrollo: una necesidad real y urgente de conectar su territorio, un proyecto técnicamente maduro con estudios serios que lo respaldan, y un contexto internacional de tasas bajas en financiamiento multilateral que no durará para siempre.

Los países que construyeron ferrocarriles cuando podían hacerlo son hoy los países con mayor productividad, menor desigualdad regional y mayor cohesión social. Los países que esperaron a que las condiciones fueran perfectas todavía están esperando.

Yo he vivido décadas analizando la economía panameña. He visto promesas que se evaporaron. He visto proyectos que nacieron en campaña y murieron en el cajón de un ministerio. Pero este estudio es diferente. Tiene metodología. Tiene números. Tiene una hoja de ruta. Y tiene algo que es muy difícil de construir: coherencia interna. Cada capítulo responde al anterior. Cada número tiene su supuesto explícito. Cada riesgo tiene su mitigación propuesta.

Lo que falta es seguir dando vuelas y te tener el coraje de tomar la decisión.

Alguien me dijo, mostrando las cifras de movimiento de pasajeros a Chiriquí, que esa demanda no cubría el costo del tren. Le pregunté si sabía cuántos hoteles había en Punta Cana cuando se construyó el aeropuerto. No sabía. Yo le conteste mi propia pregunta…Ninguno… Eso se llama demanda inducida.

 

 

 

 

El profesor Felipe Argote es economista, administrador de empresas, máster en Finanzas (suma cum laude), autor de más de diez libros sobre economía panameña y latinoamericana, expresidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales de APEDE, consultor del Banco Mundial, JICA, la CAF y Cervecería Nacional.

Este artículo sintetiza los hallazgos del Estudio de Factibilidad Económica y Financiera del tren a Chiriquí publicado por el profesor Felipe Argote disponible en Amazon

28 de junio de 2026

HERRAMIENTA PARA MEDIR LA EFICIENCIA DE LOS TÉCNICOS DE CONCACAF

 

Por el Profesor Felipe Argote Economista y Especialista en Finanzas

Panamá, como país subdesarrollado, toma decisiones por impulso. Especialistas en fútbol afirman en redes que Christiansen debe quedarse o debe irse en función de si creen o no que Kadir iba a meter los goles que no metió Fajardo y Waterman.

Si embargo, se sorprenderían al conocer que en el mundo existen herramientas para tomar decisiones más sofisticadas. Estas son utilizadas por las potencias como USA, Alemania, Inglaterra, Francia, etc.  En nuestro país, en el mejor de los casos, se pone en una hoja de Excel las cosas buenas en una columna y las malas en otras y dependiendo de cuál sea la columna más larga se toma la decisión final. Muy artesanal.

En mi fase existencial de devolver al país algo de lo mucho que me ha dado a mí y a mi familia al brindarme una educación que yo no hubiera podido pagar, regalo a la Federación Panameña de Futbol (FEPAFUT) esta herramienta que mide la eficiencia de las inversiones de las federaciones en los técnicos de CONCACAP de los países más importantes a fin de conocer cuál ha sido la decisión más eficiente en función de los logros de sus selecciones. Espero que les sea útil.

En el análisis macroeconómico y en la evaluación de la rentabilidad corporativa, inyectar capital masivo no garantiza automáticamente el éxito. Para que un proyecto escale verdaderamente, pasando de un simple emprendimiento deportivo a una organización estructurada y altamente competitiva, se requiere aplicar inteligencia operativa y establecer flujos de trabajo eficientes.

Así como evaluamos el balance fiscal o el impacto de la inversión extranjera directa en una economía, en el fútbol regional debemos ser capaces de medir el retorno real de las costosas nóminas técnicas. No basta con saber qué selección tiene mayores ingresos; la pregunta fundamental es: ¿quién está administrando mejor sus recursos?

Para responder a esto, estructuramos una herramienta de medición cuantitativa que cruza los presupuestos operativos con los resultados tangibles en la cancha.

La Herramienta: El Índice de Retorno de Inversión Deportiva (IRD)

El Índice de Retorno de Inversión Deportiva (IRD) es un indicador financiero diseñado para medir la eficiencia del gasto de las federaciones. Su objetivo es calcular el costo de adquisición de logros deportivos; es decir, cuántos dólares paga una federación por cada punto de rendimiento obtenido.

Fórmula de cálculo:

IRD = Salario Anual del director técnico (USD) / Suma de Puntos de Rendimiento (2022-2026)

Nota: Un IRD más bajo indica una mayor eficiencia presupuestaria. La federación está comprando más éxito por menos dinero.

Ponderación de Rendimiento (El valor de los resultados):

Para estandarizar los logros de los últimos cuatro años, asignamos un peso numérico a los hitos competitivos clave que marcan el ciclo hacia el Mundial 2026:

  • Copa del Mundo 2022: Octavos de Final (10 pts), Fase de Grupos (5 pts).
  • Copa América 2024: 4to Lugar (10 pts), Cuartos de Final (7 pts), Fase de Grupos (2 pts).
  • Copa Oro (2023): Campeón (8 pts), Finalista (5 pts).
  • Nations League (2023-2025): Campeón (5 pts), Finalista (3 pts), Cuartos de Final (2 pts).


Nota metodológica: Para mantener el modelo enfocado en la eficiencia de logros destacados, la Fase de Grupos de la Copa América solo sumó 2 puntos como valor base (aplicado a Costa Rica), pero en el caso de México y EE. UU. no se contabilizó como un "logro" que justifique sus niveles de inversión, reflejando el fracaso deportivo que representó para sus estructuras caer en esa ronda.

El cuadro abunda en información de la eficiencia de Panamá. Como puede verse, si no tomáramos en cuenta los 10 puntos que pierde Panamá por no ir al mundial de Qatar la puntuación estaría muy por encima de todos los demás países y la eficiencia de la labor de Thomas Cristiansen estaría doblando al resto de los miembros de CONCACAF. Lo incluí porque me pareció responsable castigar el no haber asistido a esta cita mundialista, aunque personalmente considero que no teníamos equipo para asistir.

Los Resultados: Presupuesto vs. Eficiencia Al aplicar el IRD a los principales proyectos deportivos de la región, ordenados desde la nómina más cara hasta la más económica, obtenemos la siguiente radiografía financiera:

Análisis de los Resultados

La tabla revela tres realidades operativas muy distintas dentro de CONCACAF, demostrando que el tamaño de la inversión no siempre se alinea con la eficiencia del retorno:

1. La Élite del Gasto y el Déficit de Eficiencia (EE. UU., México, Canadá)

Las tres naciones norteamericanas operan con presupuestos globales, asumiendo nóminas superiores a los 2.5 millones de dólares.

  • Estados Unidos es el caso más extremo. Tienen el mayor rendimiento bruto (20 puntos), pero asumen un costo operativo colosal ($325,000 por punto) al pagar tarifas del mercado europeo por Mauricio Pochettino. Están sacrificando la rentabilidad financiera a corto plazo para forzar un impacto estructural en su mundial como locales.
  • Canadá, por su parte, muestra el mejor punto de equilibrio entre los grandes presupuestos. Su inversión reciente se justificó de inmediato gracias a los 10 puntos inyectados por su cuarto lugar en la Copa América, bajando su costo de eficiencia a $155,000 por punto.
  • México asume una nómina pesada ($2.9 M) que actúa más como un "impuesto de estabilización". Están pagando una prima alta para corregir deficiencias gerenciales pasadas frente a una inflación en sus resultados deportivos.

2. La Excelencia en la Gestión Fiscal (Panamá y Costa Rica)

Aquí encontramos a los verdaderos ganadores del indicador de rentabilidad.

  • El modelo de Panamá es un caso de estudio en eficiencia operativa. Operando con una fracción del presupuesto de sus vecinos del norte, mantiene una regularidad impecable en instancias decisivas (15 puntos acumulados). Su costo por punto se desploma a apenas $56,000. Es la demostración empírica de que un proyecto bien estructurado y con visión a largo plazo supera a las inyecciones de capital reaccionarias.
  • Costa Rica presenta un IRD atractivo ($85,000), pero su modelo alerta de una tendencia a la baja, ya que el grueso de su capital deportivo (puntos) es heredado del Mundial 2022 y requiere renovación inmediata para mantener la viabilidad del indicador.


3. La Trampa del Presupuesto Bajo (Honduras y El Salvador)

El análisis de estos dos países rompe el mito de que "gastar poco es ahorrar".

  • Honduras mantiene un salario conservador, pero la carencia de hitos importantes (ausencia en rondas finales de torneos) hace que sus escasos 2 puntos salgan sumamente caros ($250,000 cada uno).
  • El Salvador representa el déficit total. Aunque su gerente deportivo (DT) tiene la nómina más baja de la región ($300,000), el retorno ha sido nulo. Matemáticamente, cuando los puntos de rendimiento son cero, el costo de eficiencia es infinito. Cualquier cantidad invertida, por pequeña que sea, es un gasto sin retorno estructural. 

Conclusión

La economía del fútbol en CONCACAF confirma un principio fundamental de la gestión de empresas: la escalabilidad no se logra simplemente gastando más, sino invirtiendo con estrategia. Mientras las potencias del norte absorben altísimos costos operativos buscando asegurar su hegemonía comercial y deportiva, modelos de altísima eficiencia como el de Panamá demuestran que la inteligencia táctica y la continuidad estructural ofrecen el mejor retorno de inversión del mercado. Este análisis exclusivamente financiero no toma en cuentas aspectos deportivos en que los expertos pueden aportar mejor que yo. En el momento de la pasión por la victoria o la depresión por la derrota ocasionalmente no se toma en cuenta que si el país no cuenta con suficientes deportistas de elite que juegan en primeras divisiones en Europa, sin importar la capacidad del técnico, no podremos lograr títulos.

Esto no contradice que todos los panameños y panameñas tienen el derecho de opinar sobre el técnico y los jugadores lo que mejor les parezca, siempre que lo hagan en el marco del respeto, por la dignidad de quienes no llegaron a esa selección porque se sacó su número de un cartucho sino por un gran esfuerzo de quienes en su totalidad vienen de las peores condiciones para el deporte y con ayuda cero del estado. En muchos casos éstos deportistas sufrieron persecución de quienes deben ser sus puntos de apoyo por jugar al fútbol. Nunca olvido al gran defensor Edgardo Fariñas, cuando al ser entrevistado tras ser contratado en un equipo europeo. Le mandó saludos a su profesora, quien le insistía que dejara de perder el tiempo jugando fútbol. Ahora gana 10 o más veces su salario.

Elaborado por el Profesor Felipe Argote con ayuda de Inteligencia Artificial Claude(Anthropics), ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Manus(Meta), DeepSeek y Copilot




26 de junio de 2026

LA ESTAFA DEL CEPANIM

 


Por el Profesor Felipe Argote

La historia se repite, pero esta vez con un matiz de cinismo que raya en la desfachatez. El caso del CEPANIM, ese Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora, se ha convertido en un monumento a la injusticia financiera y a la condescendencia burocrática. Los jubilados panameños, quienes esperaron décadas por lo que legítimamente les correspondía, ahora son tratados como analfabetos económicos por los mismos "expertos" que diseñaron este esquema leonino.

El origen del CEPANIM se remonta a una deuda del Estado, generada por intereses no pagados sobre los décimos tercer mes retenidos entre 1972 y 1983. Una deuda que, por mandato de la Corte Suprema de Justicia, debía ser honrada. Sin embargo, la forma en que se ha estructurado su pago es una afrenta a cualquier principio básico de las finanzas

El 15 de enero de 2026 el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 506, que ordena pagar los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, un reclamo histórico de unos 400 mil jubilados y pensionados panameños obligado por la Corte Suprema de Justicia y una votación unánime de la Asamblea Nacional de Diputados. El instrumento elegido fue el Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora —el CEPANIM— como el cierre de una deuda de más de cuatro décadas.

Hay un problema: el diseño técnico del CEPANIM reproduce, con otro nombre, el mismo mecanismo de despojo que dice estar corrigiendo. Y los funcionarios que diseñaron ese mecanismo lo saben con precisión actuarial, mientras salen a los medios a sugerir que el reclamo de los jubilados es producto de su desconocimiento financiero.

EL PROBLEMA EN TRES FASES

Primero. El CEPADEM —capital más 3% de interés solo entre 1972 y 1983— se pagó sin reconocer jamás el interés por la mora en que incurrió el propio Estado al tardar décadas en pagar. o sea que nunca pagó los intereses entre 1983 y 2017. El CEPANIM nace, en teoría, para corregir esa omisión.

Segundo. El cálculo del CEPANIM se hizo con interés simple, no compuesto, y solo hasta el año 2017. Esto no es una interpretación mía: el propio diseño oficial reconoce que el CEPADEM incluía el pago del capital y de los intereses al 3%, mientras que el CEPANIM contempla únicamente los intereses por mora generados hasta 2017. Es decir, el reloj de la mora se detuvo en 2017, hace años por decreto, no porque la deuda se haya pagado ese año.

Tercero. El pago real no ocurre en 2017, ni en 2018, ni en 2020: ocurre en 2026, mediante certificados negociables con fechas de vencimiento escalonadas que se extienden hasta 2032. El Estado, entonces, comete el mismo pecado que está pagando por corregir —diferir una obligación sin compensar el tiempo transcurrido— pero ahora dentro del propio instrumento que se supone repara el primer diferimiento.


POR QUÉ EL INTERÉS SIMPLE ES, DE POR SÍ, UN SUBSIDIO DEL JUBILADO AL ESTADO

El interés simple ignora que el dinero no cobrado deja de producir rendimiento sobre sí mismo. Sobre un horizonte de 30 o 40 años, la diferencia entre interés simple y compuesto no es marginal: es la diferencia entre reconocer una deuda y reconocer una fracción de ella.

Tomemos un ejercicio puramente ilustrativo, no el cálculo real de ningún beneficiario específico. Si el Estado retuvo B/.1,000 en 1980 y los liquida 37 años después:

Método

Fórmula

Interés reconocido

Simple (3% anual)

1,000 × 0.03 × 37

≈ B/.1,110

Compuesto (3% anual)

1,000 × (1.03³⁷ − 1)

≈ B/.1,985

El interés compuesto casi duplica el simple en ese horizonte. Cualquier especialista en finanzas conoce esta diferencia porque es la primera fórmula que se enseña en un curso de valor del dinero en el tiempo en su primer año de economía o de licenciatura en finanzas. elegir interés simple para una deuda de cuarenta años no es un descuido: es una decisión que reduce el pasivo del Estado a costa del jubilado.

EL SEGUNDO DIFERIMIENTO: PAGAR 2026 CON LA CALCULADORA DE 2017

Aun aceptando —sin conceder— que el cálculo se hiciera correctamente hasta 2017, el Estado siguió sin pagar durante nueve años más. Esos nueve años de mora adicional no generan, en el diseño actual, ni un centavo de interés reconocido. El jubilado financia al Estado dos veces: la mora original (1972-2017) y la nueva mora silenciosa (2017-2026), esta última invisibilizada porque el certificado se calculó y emitió con fecha de corte fija.

EL TERCER DIFERIMIENTO: PAPEL POS-FECHADO Y EL SUPUESTO "ROBO" DEL BANCO

Aquí está la parte que los funcionarios no quieren explicar. El CEPANIM no se entrega como efectivo disponible de inmediato: se entrega como certificados con vencimientos que llegan hasta 2032. Quien necesita liquidez hoy —y la mayoría de los jubilados beneficiarios septuagenarios y octogenarios la necesita, porque para eso reclamaron el pago— tiene que vender o descontar ese certificado en un banco antes de su vencimiento porque saben que muchos no estarán en este planeta dentro de 6 años.

Cuando un banco descuenta un instrumento post-fechado, no está cobrando un capricho: está aplicando la tasa de interés de mercado al tiempo que falta para el vencimiento. Si la tasa de referencia del mercado panameño está en torno al 5% anual, el valor presente de un certificado que vence dentro de seis años (2026 a 2032) es:

Valor presente = Valor nominal ÷ (1.05)⁶ ≈ Valor nominal × 0.746

Es decir, un descuento de aproximadamente 25% frente al valor facial. El 23% que los jubilados denuncian que "el banco les quita" no es una anomalía bancaria ni una señal de que no entienden el sistema financiero: es, casi al centavo, la huella aritmética del costo que el propio Estado se negó a reconocer dentro del certificado.

El banco está haciendo matemática financiera elemental y correcta. El problema no es el banco: es que el Estado emitió un instrumento con vencimiento futuro sin incorporarle un cupón o un factor de actualización a tasa de mercado que compensara exactamente esa espera. Al no hacerlo, trasladó el costo financiero —que le corresponde a quien retrasó el pago— hacia el eslabón más débil de la cadena: el jubilado que no puede esperar hasta 2032 para comer. Aunque tratándose no de un banco privado sino del Banco Nacional el interés que aplica es exagerado porque utiliza la propia plata de los jubilados para pagar el certificado emitido por el estado.


EL ABSURDO DEL DESCUENTO BANCARIO: PRÉSTAMO CONTRA TU PROPIO DINERO

Aquí entra el elemento más escandaloso de esta operación. El Estado no entrega efectivo, sino certificados posfechados que vencen hasta 2032. Para obtener liquidez, el jubilado debe acudir al Banco Nacional, la misma institución que custodia las jubilaciones de esos mismos adultos mayores.

Desde una perspectiva financiera técnica, esto no es un préstamo de riesgo; es una pignoración. El banco tiene el dinero de la jubilación y tiene el certificado del Estado como garantía. El riesgo para el banco es cero. En cualquier mercado financiero serio, un préstamo garantizado por un plazo fijo o fondos propios (como lo es en la práctica este certificado para el Banco Nacional) conlleva una tasa de interés mínima, usualmente entre el 1% y el 2%.

¿Cómo se justifica entonces un descuento que llega al 23% o 26%? Es un abuso de posición dominante. El banco está cobrando tasas de préstamo de consumo personal a una operación que tiene garantía soberana y custodia de fondos. Es cobrarle al jubilado un interés de mercado abierto por prestarle su propio dinero.

CASO PRACTICO JUBILADO CON B/.1,000 RETENIDOS EN 1983

Antes de los números, dejo explícitos los supuestos:

  • Supongamos un Capital retenido en 1983 de B/.1,000
  • Tasa legal del CEPADEM: 3% anual (es la tasa oficialmente documentada para este instrumento)
  • Fecha real de pago del CEPADEM: 2017 (34 años después), sin reconocer interés
  • Fecha real de pago del CEPANIM: 2026 (43 años después), calculado con interés simple y congelado en 2017
  • Tasa bancaria de los cheques posfechados: 5% anual, vencimiento hasta 2032 (6 años más para simplificar)

Si el MEF tiene una tasa de mora oficial distinta al 3%, los resultados se ajustan proporcionalmente, pero la estructura del argumento no cambia.

Paso 1 — CEPADEM: lo correcto vs. lo pagado en 2017

Fórmula

Monto

CEPADEM correcto (compuesto, 1983→2017)

1,000 × (1.03)³⁴

B/.2,731.95

CEPADEM realmente pagado en 2017

capital sin interés

B/.1,000.00

Pérdida ya consolidada en 2017 para jubilados

B/.1,731.95

Paso 2 — CEPANIM: lo correcto vs. lo real

Fórmula

Monto

Total justo en 2026 (capital + interés compuesto continuo, 1983→2026, 43 años)

1,000 × (1.03)⁴³

B/.3,565.63

CEPANIM que correspondería pagar en 2026 (descontando lo ya recibido en 2017)

3,565.63 − 1,000

B/.2,565.63

CEPANIM que realmente se calcula y emite (simple, congelado en 2017)

1,000 × 0.03 × 34

B/.1,020.00

Aquí ya se ve la primera brecha enorme: el certificado que debería valer B/.2,565.63 se emite por apenas B/.1,020.00 — menos del 40% de lo correcto, solo por usar interés simple y cortar el reloj en 2017.

Paso 3 — El cheque posfechado (vencimiento 2032)

El CEPANIM de B/.1,020 no se cobra en efectivo en 2026: se entrega como certificado con vencimiento hasta 2032. Si el jubilado necesita liquidez hoy y lo descuenta en el banco a la tasa de mercado del 5% compuesto a 6 años:

Descuento = 1 − 1/(1.05)⁶ ≈ 25.4%

Efectivo recibido hoy por el CEPANIM = 1,020 × (1 − 0.254) ≈ B/.761.15

Comparación final: lo que debería tener en el bolsillo vs. lo que tiene

Monto

Total justo en 2026 (todo compuesto correctamente, sin necesidad de descuento)

B/.3,565.63

Total real en efectivo en 2026 (B/.1,000 recibidos en 2017 + B/.761.15 del CEPANIM descontado en banco)

B/.1,761.15

Brecha

B/.1,804.48

Porcentaje efectivamente recibido

≈ 49.4%

Con un caso concreto y verificable: por cada dólar que el Estado realmente debe, el jubilado recibe 49 centavos. La mitad de la deuda se la come, en partes casi iguales, el diseño del cálculo (interés simple, corte en 2017) y el descuento bancario sobre papel no indexado.

CONCLUSIÓN: UNA DEUDA FINANACIERA NO SE SALDA CON ASTUCIA

Es indignante ver a especialistas financieros presentar a los jubilados como personas "confundidas". El jubilado no está confundido; está indignado porque sabe que le están pagando una deuda vieja con moneda devaluada y papeles a futuro, y que para colmo, el banco del Estado le cobra un peaje excesivo por su propio dinero.

Una deuda social no se salda con fórmulas matemáticas convenientes para el deudor. Se salda con cifras calculadas en forma precisa. Si el Estado pagó tarde, debe asumir el costo de su propia ineficiencia. Entregar certificados posfechados con intereses simples calculados a medias y permitir descuentos bancarios abusivos no es "cumplir con los jubilados", es simplemente otra forma de burlarse de quienes esperaron toda una vida para recibir lo que les pertenece. La justicia financiera no es un favor, es un deber; y en el caso del CEPANIM, el Estado panameño sigue en mora.

Lo más grave no es el error de diseño —es corregible—. Lo grave es la estrategia comunicacional que lo acompaña. Los mismos especialistas que calculan tasas de descuento, valor presente neto y curvas de rendimiento todos los días salen ante cámaras a sugerir que la queja de los jubilados por el "23% que les quita el banco" es producto de la ignorancia o falta de educación financiera.

No lo es. Es exactamente lo contrario: es el jubilado promedio detectando, con su propio bolsillo como instrumento de medición, que algo en el cálculo no cierra. Quien no entiende —o pretende no entender— es el funcionario que conoce la fórmula de descuento compuesto y decide no aplicarla a favor del beneficiario.

UN ASUNTO IDEOLOGICO

El problema es que los gobernantes están convencidos de que le están dando un obsequio a los jubilados y deben agradecerles por ser tan magnánimos al entregarle esa limosna. Aunque ellos mismos seguramente son beneficiarios de los CEPANIM $1,000 O $2,000 que recibirían no cubren los grandes negocios que pueden hacer parientes, padrinos, compadres, copartidarios y amiguetes con los millones que suma lo que le quitan a los jubilados

LO QUE CORRESPONDERÍA TÉCNICAMENTE

  1. Recalcular el CEPANIM con interés compuesto, no simple, consistente con la naturaleza de mora de largo plazo de la obligación original.
  2. Extender el cálculo hasta la fecha efectiva de pago (2026), no hasta 2017. Todo año adicional de demora del Estado es, por definición, mora nueva y debe generar interés.
  3. Indexar el valor de los certificados post-fechados a la tasa de referencia bancaria vigente (compuesta), de modo que su valor presente al momento del cobro sea equivalente a recibir el efectivo en 2026, y no penalice a quien no puede esperar hasta 2032.
  4. Publicar la nota técnica de cálculo del MEF y la Contraloría, con la metodología y la tasa utilizadas, sometida a revisión actuarial independiente. Una deuda reconocida por la Corte Suprema de Justicia merece transparencia metodológica, no solo un anuncio presidencial.
  5. Habilitar el redescuento de los certificados directamente en el Banco Nacional a la misma tasa que el Estado debería haber reconocido, evitando que el costo financiero de la mora termine, una vez más, en el bolsillo del jubilado.

El reclamo de los pensionados no nace de la confusión. Nace de una intuición correcta que la aritmética confirma: el Estado diseñó un instrumento para pagar una deuda histórica usando precisamente las herramientas —interés simple, fecha de corte arbitraria, papel sin indexación— que permiten pagar menos de lo que realmente se debe.


Elaborado por el Profesor Felipe Argote con ayuda de Inteligencia Artificial Claude (Anthropic), Manus, Gemini, ChatGPT y NotebookLM