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22 de octubre de 2026

EL FONDO DE AHORRO ES PARA LAS CATÁSTROFES, NO PARA GUARDARLO MIENTRAS EL PAÍS SUFRE

Por el Profesor Felipe Argote

31,643 familias afectadas, 2,318 vivienda con daños por $182 millones, 619 escuelas afectadas por $76 millones, 120 instalaciones de salud afectadas por $49 millones, carreteras e infraestructura dañadas por $143 millones, más de $50 millones en pérdidas de cosechas y producción, $69 millones en daños de negocios y puestos de trabajo.

 Mientras tanto, el Consejo de Gabinete se reúne, pero no para decidir cómo atiende esta catástrofe histórica del país, lo hace para cambiar la ley de presupuesto, para reducir el presupuesto de educación en $15 millones y aumentar el presupuesto de la Asamblea de

Diputados en $23 millones con el objetivo de cubrir el aumento a 6,000 empleados de los partidos RM, PRD, CD, Partido Popular y Panameñista.

Mientras los partidos tradicionales ahora todos juntos en el gobierno como una manada de buitres se disputan los despojos, mientras los diputados de esos partidos se enfrentan físicamente en el recinto parlamentario para modelar las reglas de las próximas elecciones en ventaja,  la corriente del niño ya inicia sus efectos con torrenciales aguaceros en todo  el país, con énfasis en aquellos lugares en donde los panameños y panameñas, hombres mujeres y niños duermen en el piso de lodo guareciéndose a duras penas con toldas y tiendas de campaña, llevadas el fin de semana por miles de compatriotas que dividieron sus supermercados, disminuyeron sus raciones familiares y hasta se endeudaron, para llevar un alivio temporal a sus hermanos de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. Pueblo noble y solidario que contrasta con la falta de empatía, la indolencia y la cleptocracia de los partidos tradicionales en el gobierno.

Panamá acaba de sufrir el terremoto de mayores consecuencias sociales y económicas de su historia. Miles de familias perdieron sus viviendas, cientos de escuelas resultaron afectadas, instalaciones de salud sufrieron daños y numerosas comunidades enfrentan dificultades para recuperar su vida cotidiana. Mientras tanto, tenemos un Fondo de Ahorro de Panamá creado, como primer objetivo, para enfrentar emergencias extraordinarias. Pero la ley establece condiciones tan restrictivas que, aun frente a una catástrofe de esta magnitud, no podemos utilizar sus recursos.

¿De qué sirve tener un fondo para emergencias si cuando ocurre una emergencia de esta naturaleza no podemos disponer del dinero? La pregunta merece una respuesta. Y también una decisión de la Asamblea Nacional.

EL TERREMOTO NO SOLAMENTE DESTRUYÓ VIVIENDAS

Según el informe oficial del Sistema Nacional de Protección Civil del 19 de octubre, se habían evaluado más de 9,500 viviendas, correspondientes a 31,643 personas. De ellas, 2,318 presentan daños totales, 5,546 daños moderados o parciales y 1,260 daños leves. También se habían inspeccionado 721 centros educativos. El Ministerio de Salud reportaba 120 instalaciones afectadas, de las cuales 13 presentaban daños totales.

El informe registraba, además, 3,827 personas alojadas en 55 albergues, según los datos disponibles al 17 de octubre. Son cifras oficiales. Pero detrás de ellas hay una realidad económica que los informes de daños físicos no reflejan completamente.

¿Qué ocurre con el agricultor que perdió su cosecha? ¿Con el productor que tiene mercancía lista para vender, pero no puede sacarla porque el camino está dañado? ¿Con el pequeño comerciante que perdió su inventario? ¿Con la empresa que tiene que cerrar temporalmente? ¿Con el trabajador que deja de recibir su salario porque el negocio donde trabajaba ya no puede operar?

Hay familias que perdieron sus casas, pero también sus fuentes de ingresos. Y hay otras que conservaron sus viviendas, pero perdieron sus medios de subsistencia. Por eso, para calcular el costo de una catástrofe, no basta con sumar el valor de las casas, escuelas, hospitales y carreteras que tenemos que reconstruir. También hay que calcular la producción perdida, las cosechas que no llegarán al mercado, los ingresos que dejaron de recibir los trabajadores, los daños a las empresas y el costo de sostener temporalmente a las familias damnificadas. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconoció la necesidad de evaluar las afectaciones a la producción y a las vías utilizadas para transportar productos agrícolas.

 EL TERREMOTO NO SOLAMENTE DESTRUYÓ PATRIMONIO. TAMBIÉN INTERRUMPIÓ LA CAPACIDAD DE MILES DE PANAMEÑOS PARA PRODUCIR INGRESOS.

TENEMOS UN FONDO PARA LAS EMERGENCIAS, PERO NO PODEMOS UTILIZARLO

El Fondo de Ahorro de Panamá fue creado mediante la Ley 38 de 2012. Su propósito comprende dos objetivos fundamentales: constituir un ahorro de largo plazo para el Estado y establecer un mecanismo de estabilización para situaciones extraordinarias, incluyendo emergencias y desaceleraciones económicas. Es decir, atender las grandes emergencias nacionales es uno de los objetivos centrales del Fondo. Pero las modificaciones de la ley establecieron que, en caso de una emergencia declarada, el Gobierno Central debe asumir los costos hasta el equivalente al 0.5% del PIB, y solamente podrían utilizarse recursos del FAP para cubrir los montos superiores, cumpliendo las demás condiciones legales.

¿CUÁNTO REPRESENTA EL 0.5% DEL PIB PANAMEÑO?

Utilizando nuestra proyección de $95,000 millones, significa $475 millones.

Nuestro escenario estima daños económicos por entre $350 y $600 millones de dólares.. Es decir, una catástrofe que ha dejado miles de viviendas destruidas o dañadas, familias en albergues, escuelas afectadas y comunidades enfrentando pérdidas económicas todavía no alcanzaría el umbral que establece la ley.

 Y aunque nuestro escenario alto supera los $475 millones, eso tampoco significa que el Fondo pueda utilizarse por toda esa cantidad. Solo se puede utilizar para el monto por encima de ese tope. La ley ha terminado estableciendo una barrera que dificulta extraordinariamente utilizar este patrimonio nacional precisamente cuando necesitamos atender una catástrofe.

 ¿POR QUÉ SE ESTABLECIERON TANTAS RESTRICCIONES?

Para evitar que los gobernantes de los partidos tradicionales aprovechen el Fondo y lo conviertan en piñata, se han establecido murallas que hacen prácticamente imposible que este fondo sea utilizado para los objetivos para los que fue creado. Recordemos que antes el Fondo de Emergencia social FES se convirtió en la piñata del PRD, que el luego el Fondo de Inversión Social FIS se convirtió en la piñata del Partido Panameñista y que luego el Programa de Ayuda Nacional PAN se convirtió en la piñata del partido RM… y que al final terminaron en caletas con millones de dólares debajo de las casas de altos funcionarios. Entonces para defenderse de estos partidos corruptos, el Fondo de Ahorro de Panamá no se puede utilizar cuando más se necesita.

NO PODEMOS DISEÑAR NUESTRAS LEYES PENSANDO SOLAMENTE EN IMPEDIR QUE ALGUIEN SE ROBE LA PLATA, HASTA EL PUNTO DE IMPEDIR QUE EL DINERO CUMPLA SU FUNCIÓN.

El riesgo de corrupción se combate con transparencia, controles independientes, rendición de cuentas y sanciones. No dejando inmovilizados los recursos cuando miles de familias los necesitan.

Si tenemos miedo de que se roben el dinero, entonces establezcamos controles que impidan que se lo roben. Pero no castiguemos a los damnificados por la desconfianza que nos produce la administración pública.

MI PROPUESTA: QUE LA ASAMBLEA MODIFIQUE LA LEY Y AUTORICE UNA PRIMERA PARTIDA DE 300 MILLONES

Propongo que la Asamblea Nacional se reúna de manera urgente y apruebe una modificación a la Ley del Fondo de Ahorro de Panamá que permita utilizar sus recursos para atender esta catástrofe.

La reforma debe autorizar una primera partida de 300 millones de dólares, destinada exclusivamente a la recuperación de las zonas afectadas y al apoyo de las familias damnificadas. No estoy proponiendo que el Gobierno tenga acceso ilimitado al Fondo, tampoco que se eliminen permanentemente todos los controles. Propongo una autorización extraordinaria, claramente delimitada, con objetivos específicos, fiscalización independiente y procedimientos públicos de ejecución.

La partida inicial debe atender prioridades concretas: viviendas, escuelas, instalaciones de salud, caminos rurales, acueductos, recuperación agropecuaria, apoyo a pequeños negocios y subsidios temporales a las familias que perdieron sus ingresos.

¡Y DEBE HACERSE YA!

No podemos esperar a que se completen todos los presupuestos definitivos mientras las familias continúan viviendo en albergues o los productores pierden nuevas cosechas porque no pueden llevar sus productos al mercado. Los desembolsos pueden hacerse por etapas, sujetos a verificaciones técnicas y cumplimiento de metas.

Tampoco es necesario liquidar indiscriminadamente las inversiones del FAP. Hay una parcela en esos $3,200 millones que pueden convertirse en líquidos. Se trata de apenas un 10% de los ahorros. El Ministerio de Economía y Finanzas y los responsables de su administración deberán determinar cómo obtener la liquidez necesaria minimizando pérdidas financieras y preservando el valor del patrimonio restante.

UNA COMISIÓN PARA QUE NADIE SE ROBE LA PLATA

Esta es la segunda parte fundamental de mi propuesta.

Junto con la autorización de los $300 millones, debe crearse una Comisión Nacional de Reconstrucción y Vigilancia, con participación del Gobierno, representantes de las comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales independientes.

Los damnificados deben tener representación directa. No podemos decidir la reconstrucción de una comunidad sin escuchar a quienes viven en ella.

La comisión debe contar con ingenieros, arquitectos, economistas, contadores y especialistas en contratación pública que puedan verificar los presupuestos, la calidad de los materiales, el avance de las obras y el uso de los recursos.

La Contraloría General de la República debe ejercer sus funciones de fiscalización y control, mientras la comisión incorpora mecanismos adicionales de veeduría ciudadana sin sustituir las competencias legales de las instituciones.

Propongo que cada contrato, proveedor, desembolso, avance de obra y beneficiario, con las protecciones necesarias para los datos personales, pueda ser consultado en una plataforma pública.

Que cualquier ciudadano pueda saber cuánto costó una vivienda, cuánto se pagó por reparar una escuela o qué empresa recibió un contrato para reconstruir un puente.

Que existan auditorías externas, informes mensuales y canales para denunciar irregularidades.

Y que ninguna empresa pueda recibir contratos sin revelar sus beneficiarios finales y cumplir requisitos mínimos de transparencia.

EL DINERO DEBE SALIR DEL FONDO, PERO NO PUEDE DESAPARECER EN EL CAMINO.

TAMBIÉN HAY QUE CUIDAR EL DÉFICIT FISCAL

Panamá enfrenta otra limitación importante. La Ley de Responsabilidad Social Fiscal establece que el déficit del Sector Público No Financiero no debe superar el 3.5% del PIB en 2026. Con un PIB de referencia de $95,000 millones, ese límite equivale a $3,325 millones.

Si el Estado tuviera que financiar toda la reconstrucción mediante nuevos gastos sin compensación, aumentaría la presión sobre el déficit y, posiblemente, sobre la deuda pública.

Es importante aclarar que retirar dinero del FAP no elimina automáticamente el efecto fiscal del gasto. Se trata de un mecanismo de financiamiento. La reforma deberá precisar el tratamiento presupuestario y su compatibilidad con las reglas fiscales vigentes.

Pero la respuesta tampoco puede ser aumentar indiscriminadamente el endeudamiento tomando prestamos con intereses superiores al 8% mientras mantenemos recursos acumulados en un fondo con tasas de interés del 3.5%, que fue concebido también para enfrentar emergencias extraordinarias.

La Asamblea deberá establecer un mecanismo extraordinario, limitado y transparente, preservando la sostenibilidad fiscal y explicando cómo se registrarán estos gastos. Se debe eliminar cualquier intento de pedir prestamos al FMI o a cualquiera multilateral que luego querrá indicarle al país hasta como debemos vestirnos.

LO PRIMERO SON LOS DAMNIFICADOS

Hay momentos en que un país tiene que establecer prioridades. El ahorro público es importante. La estabilidad fiscal también. Y proteger el patrimonio nacional frente a la corrupción resulta indispensable, pero ninguna de esas responsabilidades puede convertirse en una excusa para dejar sin solución a las familias que perdieron sus viviendas, sus empleos o sus medios de subsistencia. No estoy proponiendo regalar dinero indiscriminadamente ni convertir el Fondo de Ahorro en una caja chica del Gobierno. Estoy proponiendo exactamente lo contrario: utilizar una parte limitada de sus recursos para una finalidad extraordinaria, con controles extraordinarios y fiscalización pública.

TENEMOS UN FONDO DE AHORRO PARA PROTEGER EL FUTURO DE LOS PANAMEÑOS. PERO LAS FAMILIAS QUE LO PERDIERON TODO TAMBIÉN TIENEN DERECHO A TENER UN FUTURO.

La Asamblea Nacional debe actuar, modificar la ley y autorizar una primera partida de 300 millones de balboas. Con una comisión independiente de vigilancia, participación de las comunidades y transparencia absoluta. Porque impedir que se roben el dinero es una obligación.

Atender a los damnificados es la prioridad. Esto no está ni cerca de terminar, al contrario, existe una propensión a que se agudice con la entrada en escena de la corriente del niño.


Fuentes

  1. Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Comunicado Oficial n.º 16, 19 de octubre de 2026.
  2. Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Evaluación de afectaciones agropecuarias en Los Santos, 15 de octubre de 2026.
  3. Ley 38 de 5 de junio de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá.
  4. Ley 48 de 6 de agosto de 2013, que modifica la regla de retiro del FAP.
  5. Fondo de Ahorro de Panamá. Comunicado del 11 de octubre de 2026 sobre la emergencia nacional.
  6. Fondo de Ahorro de Panamá. Comunicado del 31 de julio de 2013 sobre modificaciones a la Ley 38.
  7. Ministerio de Economía y Finanzas. Ley 445 de 2024 y límites de déficit fiscal para 2026.
  8. Profesor Felipe Argote. Estimaciones económicas propias de los tres escenarios, octubre de 2026.

Elaborado por el Profesor Felipe Argote con inteligencia artificial OpenAI y Anthropics.




13 de octubre de 2026

 

CÓMO ANDA LA ECONOMÍA

EL TERREMOTO, EL DÉFICIT FISCAL Y EL FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ

Por el Profesor Felipe Argote  |  13 de octubre de 2026

El terremoto reciente no solamente plantea el desafío de reconstruir viviendas, escuelas y otras infraestructuras. También obliga a responder una pregunta fiscal: ¿de dónde saldrán los recursos sin desconocer los límites que impone la ley al deficit fiscal?

Con base en un ejercicio preliminar de costos de reconstrucción, estimo una necesidad fiscal de B/.210.38 millones. La cifra no es un avalúo oficial del desastre ni equivale a todas las pérdidas económicas y privadas. Es un escenario de planificación que permite discutir las decisiones presupuestarias.

¿Cuánto costaría reconstruir?

Rubro

Costo estimado (B/. millones)

1,300 viviendas, a B/.31,000 cada una

40.30

35 escuelas: reconstrucción, a B/.1.5 millones

52.50

621 escuelas: reparaciones, a B/.40,000

24.84

Instalaciones de salud

7.50

Puentes

16.80

Carreteras y caminos

15.00

Acueductos

8.00

Edificios públicos

8.00

Atención de emergencia

10.00

Subtotal

182.94

Imprevistos: 15%

27.44

TOTAL ESTIMADO

210.38

Nota metodológica: la cantidad de viviendas y las afectaciones educativas son referencias de trabajo utilizadas en este ejercicio; el número de reconstrucciones completas, los costos unitarios y las partidas globales son supuestos propios, no presupuestos ni avalúos certificados. Se aplica 15% sobre B/.182.94 millones, con redondeo.

El verdadero efecto sobre el déficit fiscal

Para el análisis utilizamos un PIB nominal de B/.95,000 millones. Los B/.210.38 millones representan 0.2215% del PIB, aproximadamente 0.22 puntos porcentuales. Si el gasto se ejecutara íntegramente durante 2026, fuera adicional al presupuesto y no se compensara con ingresos o reducciones de otros gastos, aumentaría el déficit del Sector Público No Financiero en esa magnitud.

Pero hay una restricción fundamental: la Ley 34 de 2008, modificada por la Ley 445 de 2024, fija para 2026 un déficit fiscal máximo de 3.5% del PIB para el Sector Público No Financiero. Sobre un PIB de B/.95,000 millones, el techo equivale a B/.3,325 millones.

Indicador

B/. millones

% del PIB

PIB nominal supuesto

95,000.00

100.00%

Techo legal déficit SPNF 2026

3,325.00

3.50%

Reconstrucción estimada

210.38

0.22%

Déficit si ya se agotó el techo y se suma todo el gasto

3,535.38

3.72%

Exceso sobre el techo en ese escenario

210.38

0.22 puntos

Este 3.72% NO es una proyección del déficit efectivo de 2026. Es una prueba de tensión: solo se materializa si el déficit ya alcanzara el 3.5%, todo el gasto se registrara en 2026 y no hubiera compensaciones. El margen fiscal real dependerá del resultado del SPNF, la ejecución presupuestaria y el calendario de obras.

Si se financia la reconstrucción mediante préstamos, aparece liquidez, pero no desaparece el gasto ni se reduce el déficit. Si se reasignan partidas, se evita parte del incremento del gasto agregado, pero se desplazan otras inversiones. Las donaciones y el escalonamiento de las obras entre 2026 y 2027 pueden mitigar la presión fiscal anual.

El Fondo de Ahorro tampoco es una alternativa por ley

La legislación del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) prevé su utilización en determinados desastres, con requisitos específicos. Para emergencias declaradas por el Consejo de Gabinete, el valor de los daños debe exceder 0.5% del PIB. Con el PIB nominal supuesto, ese umbral es B/.475 millones.

Regla de referencia

B/. millones

0.5% de B/.95,000 millones

475.00

Costo fiscal estimado en este ejercicio

210.38

Distancia hasta el umbral

264.62

Con la cifra de trabajo de B/.210.38 millones no se alcanza el umbral. En consecuencia, no debe incorporarse un retiro del FAP como fuente disponible de financiamiento para este escenario. Además, el costo fiscal de reconstrucción no necesariamente coincide con el valor total de daños que define la ley; esa determinación exige la evaluación oficial y la aplicación estricta de las condiciones legales.

Reconstruir no es crear riqueza

Cuando una escuela destruida se reconstruye, la obra puede generar empleo y producción, pero el país está reponiendo un activo perdido. Los recursos podrían haberse destinado a nuevas escuelas, hospitales o redes de agua. Es el costo de oportunidad que Frédéric Bastiat explicaba mediante la parábola de la ventana rota. Por eso, el gasto de reconstrucción no debe confundirse con un beneficio económico neto del desastre.

¿Qué debe hacer el Gobierno?

El Ministerio de Economía y Finanzas debe publicar un presupuesto de reconstrucción por institución y por año, con costo unitario y fuente de financiamiento; distinguir daños económicos de obligaciones fiscales; identificar reasignaciones antes de aumentar la deuda; y transparentar contratos y ejecución física. El informe debe aclarar también qué parte afecta el déficit de 2026 y qué parte se ejecutará en ejercicios siguientes.

Conclusión

Mi estimación preliminar de B/.210 millones representa cerca de 0.22% del PIB que estamos utilizando. La cifra por sí sola no determina el déficit de 2026, pero muestra la presión que soportaría el presupuesto si los recursos fueran enteramente adicionales. El techo legal de 3.5% obliga a financiar la reconstrucción con rigor y transparencia. Tampoco cabe presentar al FAP como solución automática: el umbral de referencia de 0.5% del PIB asciende a B/.475 millones y esta estimación se encuentra por debajo.

El problema no es solamente conseguir dinero para reparar los daños. Es reconstruir sin improvisación y sin trasladar innecesariamente a las próximas generaciones el costo de nuestras decisiones actuales.

Fuentes y alcance

• Gaceta Oficial Digital, Texto Único de la Ley 34 de 2008, ordenado por la Ley 445 de 2024: https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/2/2024/12/665/texto-unico-de-la-ley-34-de-2008-de-responsabilidad-social-fiscal-ordenado-por-la-ley-445-de-2024.pdf

• Ministerio de Economía y Finanzas, reformas a la Ley 34 de 2008: https://www.mef.gob.pa/2024/10/reformas-a-la-ley-34-de-2008-de-responsabilidad-social-fiscal/

• MEF, Informe de la Cuenta General del Tesoro 2025, sección Fondo de Ahorro de Panamá: https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2026/03/MEF_Informe_Cuenta_General_Tesoro_2025.pdf

• SINAPROC, comunicado de evaluación del desastre (referencia para verificar cifras definitivas): https://www.sinaproc.gob.pa/comunicado-oficial-8/

• Presidencia de Panamá, anuncio de 1,300 viviendas (referencia de trabajo): https://www.presidencia.gob.pa/publicacion/gobierno-anuncia-construccion-de-mil-300-nuevas-viviendas-para-familias-que-perdieron-sus-hogares

Elaborado por el Profesor Felipe Argote con inteligencia artificial OpenAI. Estimaciones de costos y PIB de referencia establecidas para este análisis.


8 de octubre de 2026

CÓMO ANDA LA ECONOMÍA PANAMEÑA A OCTUBRE DE 2026

 


Por el Profesor Felipe Argote

El Banco Mundial acaba de publicar en octubre de 2026 su informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe: Aprovechando la transición de la IA. El documento ofrece una fotografía particularmente reciente de la región: la fecha de corte de la información utilizada fue el 23 de septiembre de 2026. LACER Fall 2026 - Spanish banco…

Para analizar la posición de Panamá he escogido compararnos con Uruguay, Costa Rica y Chile. No es una selección caprichosa. Estos países son, junto con Panamá, los cuatro países latinoamericanos que en 2025 superan los US$15,000 de PIB per cápita según los datos del Banco Mundial y por tanto son considerados de altos ingresos. Uruguay alcanza aproximadamente US$25,216 por habitante; Costa Rica US$19,970; Panamá US$19,790 y Chile US$17,995. Argentina, inmediatamente por debajo de este grupo, registra US$14,898.

Por eso me parece que estos son los países con los cuales Panamá debe comenzar a compararse. No solamente con Centroamérica, sino con las economías latinoamericanas que han alcanzado niveles similares o superiores de ingreso por habitante.

Cuando hacemos esa comparación aparece una primera noticia muy favorable para nuestro país.

PANAMÁ ES EL QUE MÁS CRECERÁ

Según el último informe del Banco Mundial, Panamá crecería 4.2% en 2026, 4.1% en 2027 y 4.1% en 2028.

Costa Rica crecería 3.3%, 3.5% y 3.5%; Chile 0.8%, 3.0% y 2.3%; y Uruguay 1.2%, 1.8% y 2.0%, respectivamente. LACER Fall 2026 - Spanish banco…

Fuente: Banco Mundial, Panorama económico de América Latina y el Caribe: Aprovechando la transición de la IA, octubre de 2026. LACER Fall 2026 - Spanish banco…

Panamá crecería durante los próximos tres años aproximadamente un punto porcentual por encima de Costa Rica, el doble del promedio de Chile y más del doble del de Uruguay.

Mientras América Latina en su conjunto apenas crecería 2.2% en 2026, Panamá lo haría casi al doble de ese ritmo. El propio Banco Mundial destaca que existen economías de la región que están consiguiendo crecer por encima del promedio mediante políticas sostenidas y fortalezas sectoriales específicas. LACER Fall 2026 - Spanish banco…

Hasta aquí, Panamá luce muy bien, pero la pregunta verdaderamente importante no es solamente cuánto estamos creciendo, sino por qué crecemos y qué estamos haciendo para poder continuar creciendo dentro de veinte, treinta o cincuenta años.

¿POR QUÉ CRECE PANAMÁ?

El Banco Mundial identifica claramente uno de nuestros motores. En Panamá, dice el informe, las actividades del Canal y la logística explican buena parte del dinamismo económico.

Más adelante, al analizar Centroamérica, distingue el modelo costarricense del panameño: en Costa Rica, las exportaciones de bienes manufacturados y la inversión han impulsado el crecimiento; en Panamá han sido particularmente importantes los servicios, el transporte y la logística. Y ahí existe una diferencia fundamental entre estos países.

Chile es una economía con una formidable base minera. Costa Rica ha desarrollado una plataforma de manufactura avanzada y servicios ligados al conocimiento. Uruguay combina servicios, agroindustria y una institucionalidad económica muy consolidada. Panamá tiene otra ventaja: somos una economía logística y de servicios internacionales.

El Canal no es únicamente una vía por donde pasan barcos. Alrededor de él se ha desarrollado un ecosistema de puertos, almacenamiento, transporte, combustible, banca, seguros, comercio, telecomunicaciones y servicios marítimos. Nuestro principal activo económico no está debajo de la tierra, está en nuestra posición geográfica y en la infraestructura que hemos construido alrededor de ella.

Pero crecer más no significa necesariamente desarrollarse más. Aquí comienza la parte incómoda del análisis. Si observamos solamente el PIB, Panamá parece ser el ganador de los cuatro, pero cuando incorporamos otras variables —educación, inversión extranjera directa, calidad del empleo y pobreza—, la fotografía se vuelve bastante más compleja.

EDUCACIÓN: ESTAMOS INVIRTIENDO MUCHO MENOS

La educación es quizás el indicador que más debería preocuparnos.

Los últimos datos comparables del Instituto de Estadística de la UNESCO, publicados por el Banco Mundial, muestran el gasto público en educación como porcentaje del PIB:

  




Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, publicado por el Banco Mundial. World Bank Open Data (https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=1W\&utm_source=chatgpt.com)

Costa Rica dedica proporcionalmente más del doble de lo que dedica Panamá. Chile y Uruguay también se encuentran cerca del doble de nuestro esfuerzo relativo. Por eso no podemos simplemente decir: “Vamos a convertirnos en una economía tecnológica como Costa Rica”. No funciona así. La capacidad para atraer manufactura avanzada, dispositivos médicos, servicios tecnológicos y actividades intensivas en conocimiento no aparece de un día para otro. Es el resultado de décadas de inversión en educación, capacitación, institucionalidad y capital humano.

Panamá podría aspirar a acercarse a ese modelo, pero para hacerlo tendría que más que duplicar el esfuerzo educativo actual y sostenerlo no durante un gobierno, sino durante generaciones. Hace algunos años se estableció por ley la obligación de dedicar el 7% del PIB a educación, pero desde el mismo momento de su aprobación líderes empresariales y políticos, incluyendo al ministro de Economía, han hecho lo posible por eliminarlo. Esto lo han repetido hasta las evaluadoras de crédito. Todos proponen reducirlo, aduciendo que es exagerado y que, de todas formas, no se cumple. Esto último es cierto: pasando por encima de la ley, los ministerios de Economía y de Educación establecen el presupuesto de ley, pero luego no lo ejecutan. A pesar de la ilegalidad de esta práctica, no ha tenido consecuencias hasta ahora. Sin embargo, decir que en lugar de priorizar la inversión en educación hay que reducirla porque igual no se cumple, es bastante sospechoso por  decir lo menos.

El propio Banco Mundial advierte en su informe que los déficits de capital humano de América Latina constituyen un obstáculo para aprovechar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Las deficiencias educativas, empresariales y gerenciales limitan la posibilidad de transformar acceso tecnológico en productividad. LACER Fall 2026 - Spanish banco… La tecnología no sustituye la educación.

Un país no se convierte en una economía tecnológica solo comprando computadoras. Se convierte formando personas capaces de utilizarlas productivamente.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: MÁS IMPORTANTE QUE EL MONTO ES LA TENDENCIA

La inversión extranjera directa merece una lectura diferente.

No tiene mucho sentido comparar solamente los montos absolutos de Panamá, Chile, Costa Rica y Uruguay porque son economías de tamaños diferentes.

Lo verdaderamente interesante es observar la tendencia durante varios años.

Flujo de inversión extranjera directa

Para Panamá, las cifras de 2021-2024 provienen de publicaciones del INEC de la Contraloría General de la República; el organismo reporta US$2,114 millones en 2022, US$2,071 millones en 2023 y US$2,454 millones en 2024. INEC (https://www.inec.gob.pa/archivos/P0705547520251201150346Cuadro%2001.pdf?utm_source=chatgpt.com) Para 2025 utilizo US$904 millones, que es la cifra que considero más confiable para este análisis frente a posteriores revisiones de bases internacionales.

Costa Rica muestra una trayectoria mucho más clara. Su Banco Central reporta que la inversión directa recibida pasó de US$3,231 millones en 2021 a US$5,217 millones en 2025, y que la manufactura explica una parte particularmente importante de esos flujos. BCCR Geográfica (https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?codcuadro=+2184\&idioma=1\&utm_source=chatgpt.com)

Chile continúa recibiendo montos importantes, aunque mucho más volátiles: el Banco Central de Chile registra US$15,177 millones en 2021, US$18,772 millones en 2022, US$19,219 millones en 2023, US$13,104 millones en 2024 y US$14,513 millones en 2025. Banco Central de Chile (https://www.bcentral.cl/documents/33528/8284430/Bolet%C3%ADn%2BEstad%C3%ADstico%2B20%2Bde%2Babril%2B2026.pdf/ef7b0fb0-55da-d319-2926-e97674b20793?t=1776457589454\&utm_source=chatgpt.com)

Uruguay presenta una serie mucho más volátil, incluso con años de flujos negativos, por lo que sería especialmente equivocado juzgar su atractivo para la inversión mirando un único año. El Banco Central del Uruguay advierte además que sus cifras pueden presentar revisiones entre las estadísticas anuales y las cuentas internacionales trimestrales. Banco Central del Uruguay (https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Inversion-de-Extranjera-Directa.aspx?ID=387\&utm_source=chatgpt.com).

PANAMÁ Y COSTA RICA CUENTAN HISTORIAS DIFERENTES

Este es probablemente uno de los contrastes más importantes de todo el análisis. Costa Rica muestra una tendencia creciente de inversión extranjera, mientras Panamá, de tener inversión extranjera directa de más de $3,700 millones en promedio de 2010 a 2019, ha caído a menos de $1,000 millones el año pasado. No es únicamente que Costa Rica reciba más dinero, lo importante es la tendencia profundamente negativa que existe en la IED en Panamá. Mi lectura es que se debe a los altos niveles de corrupción y al pésimo manejo de las finanzas públicas, que para consumo interno y de algunas calificadoras amigas acepten la reducción del déficit basado en la expropiación de las cuentas personales del Sistema de pensiones Mixto y colocados contablemente como ingresos corrientes. Esto ha reducido el déficit artificialmente porque los gastos corrientes siguen subiendo. Adicional el muy peligroso endeudamiento de casi $10 mil millones con la banca privada internacional con vencimiento en 2029, 2030 y 2031, justo a la iniciar el próximo gobierno. Hay que tomar en cuenta que en la cumbre de la ONU estos bancos aprovecharon su presencia para convocar a reunión al ministro de economía a puerta cerrada.Además, buena parte de esa inversión costarricense está vinculada a manufactura. El Banco Central de Costa Rica reporta que en 2025 la manufactura recibió aproximadamente US$4,141 millones de inversión directa. BCCR Geográfica (https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?codcuadro=+2184\&idioma=1\&utm_source=chatgpt.com)

Ahí se conecta nuevamente la inversión extranjera con la educación.

Costa Rica está creando un círculo:

educación → capital humano → inversión extranjera → manufactura avanzada → exportaciones → productividad.

Panamá posee otro círculo:

Canal → logística → transporte → comercio → servicios internacionales.

Los dos pueden producir crecimiento. Pero son modelos diferentes.

EL MERCADO LABORAL: BAJA EL DESEMPLEO, A COSTA DE PAUPERIZAR EL EMPLEO

Y existe una tercera variable que no podemos ignorar. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, las cifras laborales en Panamá muestran una reducción del desempleo de 10.4% a 8.5%. A primera vista parece una excelente noticia.

Pero cuando abrimos la cifra aparece otra realidad.

La cifra que debería llamar nuestra atención no es únicamente que disminuyeron los desempleados, sino que, al mismo tiempo, el número de ocupados plenos —los que trabajan al menos 40 horas semanales y ganan al menos el salario mínimo— cayó en casi 145 mil personas, mientras el subempleo aumentó en más de 212 mil.

El subempleo visible, esta es la población que trabaja tiempo parcial, aunque quisiera trabajar tiempo completo, aumento en 12,887 personas. El subempleo invisible, esto es la población cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo por hora, aumentó,. lavadores de carro, vendedores de rifa, bien cuidaos y los que hacen maromas en el semáforo aumentó en 212,672 personas.  Esto demuestra por qué no se comprende cómo el PIB puede crecer y el desempleo puede bajar, mientras la percepción económica de las familias no mejora.

Una persona que estaba desempleada y comienza a realizar alguna actividad económica deja de clasificarse como desempleada. Pero eso no significa necesariamente que consiguió un empleo formal, productivo y adecuadamente remunerado con aporte consecuente a la Caja de Seguro Social.

Por eso podemos tener menos desempleo estadístico, pero más precariedad laboral. El problema no es solamente crear ocupación, sino crear empleo productivo y empleo pleno. El aumento del subempleo invisible tiene un efecto directo sobre los ingresos del Seguro Social, que recibe menos aportes. Esto, acompañado por un sistema de pensiones que incentiva a los adultos mayores a permanecer trabajando cuando a los primeros jubilados del sistema mixto ya les han calculado una jubilación equivalente al 25% de su último salario, puede aumentar el desempleo juvenil, ya que los adultos mayores no se retiran.

POBREZA: EL CRECIMIENTO NO ESTÁ LLEGANDO A TODOS

La comparación con Chile, Costa Rica y Uruguay se vuelve todavía más reveladora cuando observamos la pobreza. Para hacer una comparación válida entre países utilizo los datos internacionales del Banco Mundial, que aplican la misma metodología. El Banco Mundial considera pobreza, para efectos comparativos en economías de ingreso medio alto, vivir con menos de US$8.30 diarios por persona, medidos en paridad de poder adquisitivo de 2021; y pobreza extrema, vivir con menos de US$3.00 diarios.

Fuente: Banco Mundial, Poverty and Inequality Platform y fichas país. Las líneas internacionales vigentes desde 2025 son US$8.30 diarios para la comparación de pobreza en economías de ingreso medio alto y US$3.00 diarios para pobreza extrema, ambas expresadas en PPA de 2021.

La comparación es contundente. Panamá tiene aproximadamente el doble de pobreza que Costa Rica y más de tres veces la de Chile y Uruguay. La diferencia es todavía mayor en pobreza extrema: mientras Uruguay registra 0.2%, Chile 0.4% y Costa Rica 0.8%, Panamá alcanza 3.1%.

Esto refuerza la misma conclusión que aparece cuando analizamos el empleo. Panamá puede tener uno de los mayores ingresos por habitante de América Latina y, al mismo tiempo, mantener una proporción considerablemente mayor de su población en pobreza que los otros tres países con los cuales nos estamos comparando.

El problema panameño no parece ser nuestra capacidad para producir riqueza. El problema es nuestra capacidad para transformar esa riqueza en desarrollo y en mejores condiciones de vida para el conjunto de la población. El problema panameño es la pésima distribución de esa riqueza, que reduce, por tanto, la demanda. Un trabajador de la construcción que gana un buen salario mientras trabaja, pero no trabaja los doce meses del año, gasta su dinero en el barrio o comprando en el centro comercial. Quienes concentran la riqueza no irán a un restaurante diez veces al día ni comprarán zapatos todos los días; preferirán, entonces, comprarse un apartamento en España o una casa en Miami.

EL DATO QUE MÁS GOLPEA: 47% DE LOS HOGARES REDUJO SUS COMIDAS

Pero quizás hay una cifra que describe mejor que cualquier indicador macroeconómico la distancia entre el crecimiento económico y la realidad cotidiana de muchas familias panameñas. El IX Informe de Calidad de Vida de Panamá, ¡Cuéntame!, presentado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, incluyó un Estudio de Percepción Ciudadana realizado por Gallup de Panamá. El resultado es estremecedor: 47% de los hogares consultados manifestó que durante el último mes comió menos de tres veces al día por falta de dinero para comprar alimentos.

La encuesta se realizó a 1,238 adultos en las diez provincias y la comarca Ngäbe Buglé, entre el 12 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, con un margen de error de ±2.8 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95%. La desigualdad aparece nuevamente con toda claridad: el problema afectó a 51% de los hogares de nivel socioeconómico bajo, frente a 21% de los de nivel alto, y llegó a 74% en los hogares de las comarcas indígenas.

No estamos hablando de una estadística abstracta. Estamos hablando de hogares que viven en una economía con uno de los PIB per cápita más altos de América Latina y con crecimiento proyectado por encima del 4%, pero que no tienen suficiente ingreso para garantizar tres comidas diarias. La contradicción difícilmente puede ser más evidente.

Panamá crece. Pero una parte importante de la población no tiene suficiente dinero para comer tres veces al día. Esto refuerza exactamente la tesis central de este análisis: nuestro problema no es solamente producir riqueza, sino conseguir que esa riqueza llegue a la población.

 

PANAMÁ ESTÁ CRECIENDO Y MUY POCOS DISFRUTAN DEL CRECIMIENTO

Este punto es fundamental. El Canal, los puertos, la banca y la logística son sectores de muy alta productividad. Pueden aumentar considerablemente su producción sin generar proporcionalmente cientos de miles de nuevos empleos. Por eso el PIB puede crecer 4% mientras una parte importante de la población permanece en actividades de baja productividad. Esta puede ser una de las explicaciones de por qué existe tanta distancia entre los grandes indicadores macroeconómicos y la percepción de la calle. El ciudadano escucha que Panamá está creciendo más que casi toda América Latina.

Pero pregunta: “¿Dónde está ese crecimiento?”

La respuesta es que sí existe, pero se encuentra concentrado en sectores cuya capacidad para transmitir ese crecimiento al mercado laboral y, por tanto, a la demanda no es suficiente. El reto, entonces, no es solamente aumentar el PIB, es conectar la economía de alta productividad con el bienestar de la trabajadora y el trabajador panameño.                                                                                                                  

 

MATAR LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

Y aquí llegamos a la discusión que considero más importante. Panamá tiene que PLANIFICAR para decidir qué quiere ser dentro de cincuenta años. No somos Chile, nuestra principal ventaja comparativa no es la minería. Tampoco somos Costa Rica, no hemos construido durante décadas una economía basada primordialmente en educación, manufactura avanzada y tecnología. Podemos avanzar en esa dirección y debemos hacerlo, pero cerrar esa brecha educativa exigiría más que duplicar nuestro esfuerzo actual y sostenerlo durante décadas.  Panamá tiene otra ventaja. Somos un país logístico.

Nuestra posición geográfica, el Canal, los puertos, los aeropuertos, la Zona Libre de Colón, el sistema financiero, las telecomunicaciones y los servicios internacionales forman un ecosistema que otros países no pueden reproducir simplemente invirtiendo dinero. Eso es una ventaja extraordinaria. Y puede ser todavía mucho más poderosa porque además tenemos un Centro Bancario que sirve de respaldo financiero a un futuro económico bien planificado.

El desarrollo logístico crea condiciones para aumentar el turismo de negocios, atraer sedes regionales de empresas, realizar congresos y convenciones, fortalecer servicios financieros, seguros, mantenimiento marítimo y actividades vinculadas al comercio internacional. Una mayor conectividad aérea también favorece el turismo recreativo. La logística puede convertirse en el tronco del cual salgan muchas otras ramas de nuestra economía. La discusión minera debería comenzar precisamente aquí. No se trata simplemente de preguntar cuánto cobre podemos exportar o cuánto dinero puede producir una mina; la pregunta es: ¿qué efecto tiene esa actividad sobre el modelo económico que queremos construir durante los próximos cincuenta años?

Panamá es un territorio pequeño. El agua es fundamental para el canal, para la población, para la agricultura y para nuestros ecosistemas. La imagen ambiental del país también importa para el turismo. Por eso la minería debe evaluarse no solamente por lo que produce directamente, sino también por sus posibles efectos sobre actividades que constituyen nuestras principales ventajas económicas. Entiendo a los que dicen que es posible la minería siempre que sea responsable y cuide el ambiente. Entiendo que hay experiencias de esta práctica en Canadá. Pero si eso fuera cierto, y no me consta que lo sea, una empresa minera que aprovechó el nivel de corrupción de los políticos y partidos tradicionales; que ocupó un área fuera de la concesión, a pesar de habérsela rechazado para colocar la tina de relave; que, viendo lo contaminante que es la minería a cielo abierto, montó una planta de energía de carbón, poniendo en peligro nuestra posición como país carbono negativo; que sigue sacando material con el cual paga lealtades y se ubica en toda feria, hasta de pueblo, aunque sus clientes están en China; que paga “influencers” con nuestra riqueza; y que se lleva el cobre, el oro y la plata y solo declara el cobre, porque dice que el resto no cuenta ya que la mina es de cobre, es la antítesis de minería responsable.

Si una actividad genera ingresos hoy, pero compromete la disponibilidad de agua, la biodiversidad, el turismo o las condiciones necesarias para nuestra plataforma logística, el costo económico verdadero podría ser mucho mayor que el ingreso inmediato que genera. Una operación que, como ya se ha comprobado, va a contaminar las fuentes acuíferas que alimentan el canal y los lagos de donde se toma el agua para el consumo de la mayor parte de la población, no sería otra cosa que matar la gallina de los huevos de oro.  Efectivamente, reabrir la mina con todo el daño medioambiental y poniendo en peligro nuestro acceso al agua, es matar la gallina de los huevos de oro.

PANAMÁ TIENE QUE PLANIFICAR

Y quizás esa sea la conclusión más importante de todo este análisis. Panamá necesita planificar su desarrollo. No a cinco años. No hasta las próximas elecciones. A cincuenta años.

Países que han conseguido transformaciones extraordinarias, como Singapur, han desarrollado estrategias de muy largo plazo y mecanismos institucionales para actualizar continuamente su infraestructura, formación de capital humano y competitividad. La lección relevante para Panamá no es copiar exactamente su estructura económica, mucho menos su régimen político antidemocrático y nepotista, sino recuperar una cultura de planificación estratégica permanente.

DEL CRECIMIENTO AL DESARROLLO

El Banco Mundial nos está dando una excelente noticia.

Entre los cuatro países latinoamericanos que superan los US$15,000 de PIB per cápita, Panamá es el que presenta las mejores perspectivas de crecimiento durante los próximos años. LACER Fall 2026 - Spanish banco…

Pero esa ventaja no está garantizada para siempre. Tenemos crecimiento, tenemos el Canal., tenemos posición geográfica, tenemos conectividad, tenemos infraestructura logística, lo que necesitamos ahora es transformar esas ventajas en educación, productividad, inversión, empleo de calidad y mejores condiciones de vida para el conjunto de la población.

Porque crecimiento y desarrollo no son exactamente lo mismo. El crecimiento mide cuánto produce una economía. El desarrollo mide, además, qué capacidad construye esa economía y qué ocurre con las personas que viven dentro de ella. Panamá tiene hoy una extraordinaria oportunidad. El desafío consiste en que dentro de cincuenta años nuestros nietos puedan decir que esta generación entendió cuál era la verdadera riqueza del país y supo protegerla.

 

¿QUÉ HACER? MUY BIEN, ESTE ES EL PLAN

Hasta aquí hemos diagnosticado el problema. Pero un diagnóstico que no termina en propuestas sirve de muy poco. Panamá necesita crecer con propósito. Y para eso tenemos que abandonar la política de pequeñas obras, pequeños anuncios y horizontes. Necesitamos PLANIFICAR el país que queremos tener dentro de cincuenta años.

INVERTIR AGRESIVAMENTE EN INFRAESTRUCTURA

Panamá necesita un programa agresivo de obras públicas que aumente la productividad, genere empleo y aumente espectacularmente los ingresos de la clase media trabajadora. Se trata de construir aquello que fortalezca nuestra principal ventaja comparativa: la logística, la conectividad y los servicios.

El Tren Panamá–Chiriquí debe dejar de ser una promesa y convertirse en una columna vertebral de transporte terrestre capaz de integrar económicamente al país. Esta sola obra generaría 6 mil empleos directos donde más se necesitan: en el interior. Esto es el doble de lo que generaba la minera en su punto más alto. Trabajadoras y trabajadores panameños y extranjeros residentes en Panamá, no malayos, filipinos y peruanos que duermen en una litera, comen en la mina y envían sus salarios a sus familias en el extranjero. Este proyecto permitiría que muchos se mudaran a Capira, Coclé o Veraguas porque, en un par de horas, estarían en sus casas. Ya cuenta con propuestas de financiamiento del Reino Unido y España, países europeos con muchos años de experiencia en este medio eficiente de transporte.

La Línea 3 del Metro no debería terminar como si Panamá Oeste acabara en una estación: debemos extenderla de inmediato hasta La Chorrera para reducir la dependencia del automóvil particular y de los buses inhumanos del tercer mundo.

También debemos comenzar a construir la nueva línea del Metro por el corredor de la Tumba Muerto. No solamente porque es una de las vías más congestionadas de la ciudad, sino porque allí se concentra algo todavía más importante: jóvenes estudiando. Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica, USMA, Universidad Latina y otras instituciones educativas convierten ese corredor en uno de los principales centros de formación de capital humano del país. Un Metro que lleve estudiantes a las universidades no es solamente transporte, es infraestructura educativa y una respuesta a la calidad de vida de nuestra juventud estudiosa.

RÍO INDIO: AGUA PARA EL CANAL Y PARA LA GENTE

Río Indio debe hacerse, pero bien. Si el país necesita tierras ocupadas por familias para garantizar el agua de millones de panameños y la operación futura del Canal, esas familias no pueden convertirse en las víctimas del desarrollo nacional. Deben ser compensadas generosamente, reubicadas en mejores condiciones y con garantías reales de vivienda, servicios y medios de vida. Deben sentir que se ganaron la lotería, no que, como siempre, son las víctimas para que otros sigan siendo cada vez más ricos.

Al mismo tiempo, el Estado debe impedir cualquier intento de especulación con tierras adquiridas después de conocerse el proyecto con la expectativa de obtener una ganancia extraordinaria de una futura expropiación. La compensación debe proteger al residente legítimo, no premiar al especulador, especialmente a diputados y diputadas impresentables que han comprado tierras por centavos para intentar cobrar millones. A esos carilimpios se le debe expropiar esas tierras sin devolverle un centavo más de lo que pagaron por ellas.

Río Indio no debe concebirse exclusivamente como agua para el Canal. El proyecto debe integrarse a una solución final: al abastecimiento para Panamá, Colón, Panamá Oeste y Coclé. Primero agua para la población y, con esa seguridad garantizada, agua para sostener nuestra plataforma logística. Las potabilizadoras necesarias para cubrir a estas provincias deben ser construidas y operadas por el canal. La gente sentirá finalmente que reciben algo de compensación de nuestro canal, en especial esa generación de adultos mayores responsables de la recuperación de nuestro canal que muchos sienten que su lucha no le ha sido retribuida en su calidad de vida.

AMPLIAR EL NEGOCIO LOGÍSTICO

Panamá debe continuar desarrollando el corredor energético y el proyecto de gasoducto, porque nuestra ventaja no consiste solamente en que los barcos crucen las esclusas. Consiste en que el mundo utilice nuestro territorio para mover mercancías, energía, información, capital y personas.

También debemos desarrollar las nuevas terminales portuarias en Corozal e Isla Telfers mediante concesiones privadas transparentes y competitivas. El Estado no tiene que poner todo el dinero, debe aportar la planificación, las reglas, la seguridad jurídica y la infraestructura que permita atraer capital privado sin regalar activos públicos.

EDUCACIÓN PRIMERO: Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TODO EL SISTEMA

Si de verdad queremos acercarnos a una economía tecnológica como Costa Rica, no basta con abrir un Instituto de Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial no debe tratarse como una carrera aislada, sino como una competencia transversal de todo el sistema educativo.

Desde la secundaria y en todas las carreras universitarias, los estudiantes deben aprender a utilizar inteligencia artificial, verificar sus resultados, reconocer errores y sesgos, proteger información y aplicarla a problemas reales. Un economista debe saber utilizarla para analizar datos; un médico, para apoyar diagnóstico e investigación; un abogado, para trabajar con documentación y jurisprudencia; un profesor, para enseñar; y un ingeniero, para diseñar y automatizar.

Pero antes de pretender enseñar inteligencia artificial a millones de estudiantes hay que formar a los profesores. La capacitación docente debe ser obligatoria, permanente y práctica. La tecnología cambia demasiado rápido para esperar que un título obtenido hace veinte años sea suficiente para enseñar durante los próximos veinte.

En lugar de comenzar creando un instituto aislado, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica deberían crear un gran Instituto Nacional de Inteligencia Artificial, conectado con todas las facultades y con las empresas y el Estado. Allí deben concentrarse laboratorios, investigación, maestrías, doctorados, ciencia de datos, machine learning, robótica, ciberseguridad y proyectos aplicados a problemas nacionales.

También debemos crear un programa nacional de becas en inteligencia artificial, robótica, ciencia de datos, ingeniería y nuevas tecnologías: unas para formar especialistas de alto nivel en las mejores universidades del mundo y otras para capacitar masivamente a profesores y profesionales dentro del país.

Como la inteligencia artificial es algo novísimo, no podemos simplemente convocar a licenciados o doctores con título en inteligencia artificial. Hay que hacer una convocatoria a todos los que se consideren formados o autoformados en esta materia para seleccionar a quienes puedan comenzar a enseñar en diferentes niveles.

EDUCACIÓN Y SALUD EN LAS COMARCAS: CERRAR UNA BRECHA QUE NO PUEDE ESPERAR

La transformación educativa tiene que comenzar también donde las carencias son mayores. En las áreas de los pueblos originarios debemos construir escuelas y hospitales de primer nivel, con presencia permanente del Estado y servicios adecuados a las condiciones geográficas y culturales de cada comunidad.

En educación hay además una injusticia que debemos corregir. Los docentes nombrados en una comunidad originaria deberían hablar el idioma de esa comunidad siempre que existan profesionales disponibles. No tiene sentido enviar a un educador que no puede comunicarse plenamente con los estudiantes y las familias cuando existen maestros y profesores originarios preparados para hacerlo.

Hoy muchos educadores originarios quedan en desventaja en los concursos de nombramiento por el sistema de puntos basado en seminarios y capacitaciones. Esos seminarios se ofrecen con mucha mayor frecuencia fuera de las áreas comarcales, por lo que quien vive y trabaja dentro de la comarca acumula menos puntos, no porque esté menos preparado, sino porque ha tenido menos acceso a las mismas oportunidades de capacitación.

Eso hay que cambiarlo. El sistema de nombramiento debe reconocer la lengua, el conocimiento de la comunidad y la experiencia en el territorio como méritos relevantes, y el Estado debe garantizar que los seminarios y programas de actualización profesional lleguen también a las comarcas. No podemos hablar de igualdad de oportunidades mientras el propio sistema castiga a quienes decidieron educarse para servir a sus propias comunidades.

La misma lógica debe aplicarse a la salud: hospitales y centros de atención con personal suficiente, infraestructura digna y profesionales capaces de comunicarse con los pacientes en su lengua. La pobreza no puede seguir teniendo código postal ni pertenencia étnica.

SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La verdadera revolución educativa no consiste en enseñar inteligencia artificial como enseñamos una materia más. Consiste en comenzar a enseñar todas las materias con y para un mundo donde existe la inteligencia artificial.

Coincido, en términos generales, con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá 2026-2036. Me parece correctamente orientada cuando plantea que la IA debe incorporarse desde la educación primaria hasta la formación avanzada, fortalecer el talento humano y aplicarse a los sectores en los que Panamá ya tiene ventajas, incluyendo la logística. La estrategia contiene seis pilares y 53 acciones para una década.

Pero una estrategia bien escrita no cambia un país por sí sola. El problema será la ejecución. Cincuenta y tres acciones, múltiples instituciones responsables y un horizonte de diez años pueden convertirse fácilmente en otro documento bien presentado si no existen presupuesto asignado, responsables identificados, indicadores verificables y fechas concretas de cumplimiento.

Mi preocupación principal es todavía más básica: ¿quién va a formar el talento que necesitamos? La inteligencia artificial evoluciona a tal velocidad que hoy ni siquiera existe una masa suficiente de profesores formados específicamente en IA. No podemos esperar primero a tener cientos de licenciados en inteligencia artificial para después comenzar a enseñarla. Cuando eso ocurra, una parte de lo que aprendieron ya habrá cambiado.

Lo digo también desde mi propia experiencia. He realizado al menos cinco certificaciones en inteligencia artificial y escribí el libro "Inteligencia Artificial para Empresas y Emprendedores". Hace apenas unos meses, en una clase, discutíamos que una de las profesiones del futuro podía ser la de ingeniero de prompt. Pocos meses después, ese concepto ya comienza a quedar rezagado como profesión independiente, porque la tendencia se mueve hacia agentes de inteligencia artificial capaces de planificar, ejecutar tareas, utilizar herramientas y coordinar procesos con mucha menos intervención humana.

Ese ejemplo demuestra por qué sería un error construir un sistema educativo alrededor de herramientas o profesiones que pueden cambiar antes de que termine una carrera universitaria. Lo que debemos enseñar son fundamentos duraderos: matemáticas, estadística, lógica, programación, pensamiento crítico, manejo de datos, inglés, capacidad de formular problemas, verificar resultados y aprender continuamente. Sobre esa base se incorporan las herramientas de IA que existan en cada momento.

Por eso coincido especialmente con el enfoque transversal de la estrategia. No necesitamos que todos los estudiantes se conviertan en ingenieros de inteligencia artificial. Necesitamos que economistas, médicos, abogados, docentes, administradores, periodistas, ingenieros y empresarios sepan trabajar productivamente con ella dentro de su profesión. Necesitamos, además, un grupo mucho más pequeño, pero altamente especializado que investigue, programe, diseñe modelos, construya agentes, trabaje en robótica y desarrolle soluciones propias.

La velocidad de esta revolución obliga también a cambiar la manera de certificar conocimientos. Una licenciatura de cuatro o cinco años ya no puede ser el único mecanismo. Panamá debe combinar carreras universitarias con microcredenciales, certificaciones actualizables, formación continua, maestrías especializadas y programas intensivos que puedan modificarse cada año conforme cambie la tecnología.

La Estrategia Nacional de IA puede convertirse en una excelente hoja de ruta. Pero para que no quede en el papel tiene que conectarse directamente con el 7% del PIB para educación. Si decimos que el talento humano es el principal cuello de botella, entonces allí tiene que aparecer el dinero. De lo contrario podremos atraer centros de datos, comprar servidores y hablar de un "Canal Digital", pero terminaremos importando a los especialistas que los operen mientras los panameños observan desde afuera del salón la nueva economía.

PRESUPUESTO VINCULADO A LA ESTRATEGIA

Por eso digo que todo eso requiere presupuesto. El presupuesto nacional debería comenzar por cumplir el 7% del PIB para educación. No como una cifra decorativa que después no se ejecuta, sino transformada en escuelas de primer mundo, laboratorios, conectividad, profesores mejor preparados, educación técnica, universidades fortalecidas e investigación.

Después de educación, la siguiente prioridad presupuestaria debería ser elemental: agua potable para todas las comunidades del país. No podemos hablar de economía del conocimiento, centros de datos, turismo internacional y hub logístico mientras existan comunidades que abren una llave y no saben si saldrá agua.

ELIMINAR EL DESPILFARRO EN EL ESTADO

El crecimiento también exige dejar de gastar recursos en puestos que no producen ningún servicio. La Caja de Seguro Social, la Asamblea Nacional y el resto del Gobierno deben auditar asistencia y productividad y eliminar de las planillas a toda persona que cobre un salario público sin realizar efectivamente el trabajo correspondiente.

También deben eliminarse los cargos creados únicamente para colocar activistas políticos bajo denominaciones como promotores culturales, deportivos o comunitarios cuando no exista un producto verificable de su trabajo. El Estado no puede seguir funcionando como una agencia de empleos políticos.

Eliminar además premios, bonificaciones extraordinarias y aguinaldos especiales para funcionarios de puestos directivos y para quienes ganen más de US$5,000 mensuales. Quien ocupa un cargo público de alta remuneración ya recibe una compensación importante por su trabajo. El dinero público debe concentrarse donde produzca mayor beneficio social.

UNA REFORMA DE PENSIONES QUE FACILITE EL RELEVO GENERACIONAL

Necesitamos una nueva revisión del sistema de pensiones con un objetivo que hasta ahora casi no se discute: que jubilarse sea financieramente viable y que el sistema no incentive a los adultos mayores a permanecer indefinidamente en puestos que podrían abrirse a nuevas generaciones.

Establecer una disposición transitoria para que los funcionarios públicos mayores de 70 años que cumplan determinadas condiciones puedan solicitar un recálculo de su jubilación a cambio de retirarse definitivamente del puesto. No se trata de expulsarlos. Esto debe ser completamente voluntario. Se trata de crear un incentivo real al retiro y permitir el relevo generacional.

También incorporar un ajuste automático de las pensiones cada dos años, utilizando una fórmula objetiva vinculada a la inflación acumulada y al crecimiento del ingreso per cápita, definida de forma que preserve el poder adquisitivo de los jubilados y sea fiscalmente sostenible. Así cada aumento dejaría de depender de una negociación política.

¿Y LA MINA?

Sobre la mina, el Estado debe actuar con firmeza, pero dentro del marco de la ley. Si existen activos, minerales, concentrados, equipos o bienes cuya propiedad, explotación o comercialización esté en disputa, las autoridades deben asegurar físicamente las instalaciones y realizar una auditoría completa e independiente.

Debe determinarse cuánto cobre, oro, plata y otros minerales fueron extraídos y comercializados sin contrato, a fin de demandar su devolución al estado propietario de esos minerales o el pago correspondiente a su valor en el mercado. Según cifras publicadas por la empresa transnacional se trata de un monto superior a los $12 mil millones que debemos recuperar. Ese monto es superior a todo lo invertido por la empresa.

El estado debe ocupar las instalaciones tal como lo hizo con Panama Port e instalar una empresa administradora ajena al conflicto, para preservar los bienes hasta tanto los tribunales establezcan los finiquitos, siempre con estricto apego a la ley, a fin de que se determine las medidas para recuperar nuestro dinero.

UNA CONSTITUYENTE PARA VOLVER A DISEÑAR EL ESTADO

Finalmente, Panamá necesita revisar su arquitectura institucional. Propongo una Constituyente paralela representativa que no interrumpa el funcionamiento de las instituciones existentes y que tenga un mandato concreto: seis meses para presentar una propuesta de nueva Constitución.

La discusión debería incluir separación real de poderes, funcionamiento de la Asamblea, administración de justicia, descentralización, contratación pública, transparencia, régimen electoral, educación, seguridad social y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Después, el país decidiría mediante referéndum con los mecanismos democráticos correspondientes, si adopta o rechaza esa propuesta.

PLANIFICAR Y EJECUTAR

Todo esto parece mucho. Lo es. Porque Panamá lleva demasiado tiempo administrando problemas en lugar de construir futuro. Tren. Metro. Agua. Puertos. Gasoducto. Educación. Inteligencia artificial. Pensiones. Empleo juvenil. Instituciones. Nada de esto debe verse como proyectos separados. Son piezas de una misma estrategia.

Si Panamá quiere aprovechar la ventaja de crecimiento que hoy señala el Banco Mundial, tenemos que utilizar estos años para construir la economía de los próximos cincuenta. No podemos seguir celebrando que crecemos 4% mientras esperamos que el desarrollo aparezca por generación espontánea.

Una Estrategia Nacional a 50 años debe elaborarse con las mejores mentes y los sectores más representativos de nuestro país.

El desarrollo se planifica. Se financia. Se construye. Y después se defiende.

FUENTES

1. Banco Mundial. Panorama Económico de América Latina y el Caribe: Aprovechando la transición de la IA. Octubre de 2026. Fecha de corte de datos: 23 de septiembre de 2026.

2. Banco Mundial, World Development Indicators. PIB per cápita e indicadores comparativos de Panamá, Costa Rica, Chile y Uruguay. https://data.worldbank.org/

3. Instituto de Estadística de la UNESCO, difundido por el Banco Mundial. Gasto público en educación como porcentaje del PIB. Indicador SE.XPD.TOTL.GD.ZS. https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS

4. Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Contraloría General de la República de Panamá. Estadísticas de inversión extranjera directa 2021-2024. https://www.inec.gob.pa/

5. Banco Central de Costa Rica. Estadísticas de inversión directa por actividad económica. https://gee.bccr.fi.cr/

6. Banco Central de Chile. Estadísticas de inversión extranjera directa y balanza de pagos. https://www.bcentral.cl/

7. Banco Central del Uruguay. Estadísticas de inversión extranjera directa. https://www.bcu.gub.uy/

8. Banco Mundial, Poverty and Inequality Platform y fichas país. Líneas internacionales de pobreza de US$8.30 diarios y pobreza extrema de US$3.00 diarios, PPA de 2021. https://pip.worldbank.org/

9. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. IX Informe de Calidad de Vida de Panamá, ¡Cuéntame! y Estudio de Percepción Ciudadana realizado por Gallup de Panamá, septiembre de 2026. https://www.panacamara.com/cciap-presenta-el-ix-informe-de-calidad-de-vida-de-panama-cuentame-avances-y-brechas-estructurales/

10. SENACYT. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá 2026-2036 (IA 2036). https://www.senacyt.gob.pa/en/gabinete-aprueba-la-estrategia-nacional-de-inteligencia-artificial/ y https://iapanama.gob.pa/

11. IA 2036 / SENACYT. Pilar de Capital Humano y Desarrollo de Fuerza Laboral. https://iapanama.gob.pa/pilares/capital-humano

12. EL BLOG DE FELIPE ARGOTE

http://www.elblogdefelipeargote.net/2026/09/el-desempleo-bajo-pero-el-empleo-tambien.html

13. ECONOMÍA EN 10 MINUTOS O MENOS https://www.youtube.com/@economia1012