EL REFINANCIAMIENTO DEL MEF AUMENTA EN $MIL MILLONES LA DEUDA

 

Por el profesor Felipe Argote

Cuando una persona no puede pagar una deuda y acude al banco para extender su vencimiento, nadie considera que ha conseguido un ahorro simplemente porque ahora dispone de más tiempo para pagar. Ha conseguido un alivio de liquidez. Algo muy diferente. Sin embargo, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hace exactamente eso con miles de millones de euros, lo presenta como un importante logro financiero y algunos hasta se lo creen.

El pasado 22 de julio, el MEF anunció como victoria el refinanciamiento de €2,400 millones que vencían en 2027, extendiendo su pago hasta 2031. Adicionalmente, contrató €500 millones de endeudamiento nuevo. Lo presentó como un ahorro debido a su sagacidad en el manejo de las tasas. Cuento…

 UNA OPERACIÓN DE €2,900 MILLONES CON LA BANCA PRIVADA INTERNACIONAL.

El Gobierno destacó que obtuvo tasas de interés fijas relativamente favorables y que evitaba una concentración de vencimientos en 2027. Pero no explicó suficientemente cuánto costaría mantener esos préstamos durante cinco años adicionales, cuánto cobrarían los bancos por la operación y qué alternativas financieras fueron evaluadas. Mucho menos explicó de manera integral los riesgos de contratar deuda en euros cuando Panamá utiliza el dólar estadounidense. Y aquí tenemos un problema que merece mucha más atención.

 LOS BANCOS NO PRESTAN DINERO GRATIS

Revisemos las condiciones establecidas en las resoluciones oficiales. El refinanciamiento comprende €1,200 millones con Banco Santander al 4.83% anual y otros €1,200 millones con Merrill Lynch–Bank of America al 4.67%. En el caso de Santander, el Gobierno aceptó pagar una comisión de restructuración del 1.36%, equivalente a €16.32 millones. Con Merrill Lynch, la comisión inicial sobre los €1,200 millones refinanciados asciende a €6 millones. Adicionalmente, existe un margen del 0.20% anual sobre el saldo pendiente. La cancelación anticipada del préstamo anterior con Merrill Lynch también generó una penalización de €6 millones.

 SUMEMOS.

Concepto	Millones de euros
Comisión de Santander	16.32
Comisión de Merrill Lynch sobre la deuda refinanciada	6.00
Penalización por cancelación anticipada	6.00
Total identificado	28.32 MILLONES DE EUROS.

 ANTES DE CALCULAR LOS INTERESES FUTUROS DEL REFINANCIAMIENTO, YA TENEMOS UNA DEUDA DE €28.32 MILLONES EN COMISIONES Y PENALIZACIONES.

No se trata de especulaciones ni de cifras proporcionadas verbalmente. Son cantidades establecidas en las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial. Y esto corresponde únicamente a los €2,400 millones refinanciados. Los €500 millones adicionales contratados con Merrill Lynch generan sus propios intereses y una comisión inicial del 1%, equivalente a otros €5 millones.

 CASI 494 MILLONES DE EUROS EN COSTOS FINANCIEROS

Ahora examinemos cuánto costarán los intereses del refinanciamiento hasta 2031. Los contratos establecen tasas fijas y cinco amortizaciones semestrales de capital a partir del tercer año.

 LAS AMORTIZACIONES INCIAN AL TERCER AÑO… CUANDO YA NO SEAN GOBIERNO

Aplicando esas condiciones, el costo financiero estimado es el siguiente:

Concepto	Millones de euros
Intereses de Santander	231.84
Intereses de Merrill Lynch	224.16
Margen adicional de Merrill Lynch	9.60
Comisión de Santander	16.32
Comisión de Merrill Lynch	6.00
Penalización por cancelación anticipada	6.00
TOTAL ESTIMADO	493.92

Fuente: resoluciones MEF-RES-2026-2544 y MEF-RES-2026-2547.

Elaborado por el profesor Felipe Argote con inteligencia artificial OpenAI.

Nota metodológica: estimación nominal basada en cinco años de vigencia y cinco amortizaciones semestrales iguales a partir del tercer aniversario. Los intereses se aproximan utilizando años completos y fracciones semestrales, sin ajustes por días efectivos. No incluye los €500 millones de deuda nueva ni gastos contractuales adicionales.

CASI QUINIENTOS MILLONES DE EUROS EN INTERESES, MÁRGENES, COMISIONES Y PENALIZACIONES RELACIONADOS CON LOS €2,400 MILLONES REFINANCIADOS.

A la cotización de referencia del euro del 30 de octubre, esta cantidad equivale aproximadamente a US$551.8 millones. Debemos ser precisos: estos €493.92 millones representan el costo financiero nominal estimado de los nuevos contratos y los cargos identificados, no el sobrecosto neto frente a una alternativa diferente. Pero precisamente allí surge la pregunta que el MEF debería responder. ¿Cuánto habríamos pagado si hubiésemos utilizado otro mecanismo de financiamiento?

 ¿POR QUÉ SOLAMENTE COMPARAN CON BONOS A CINCO AÑOS?

El MEF sostiene que una emisión alternativa a cinco años habría tenido una tasa aproximada del 5.44%. Como las tasas contratadas con los bancos fueron inferiores, presenta la operación como conveniente. Pero esa comparación es incompleta.

 ¿QUIÉN DICE QUE LA ÚNICA ALTERNATIVA ERA EMITIR BONOS A CINCO AÑOS?

Panamá tiene experiencia emitiendo bonos soberanos a plazos mucho mayores. ¿Por qué no comparar con una emisión a 10, 20 o 30 años? Un bono a 30 años podría ofrecer una ventaja importante: eliminar la necesidad de refinanciar ese capital nuevamente en 2031. Naturalmente, también podría tener una tasa de interés mayor y generar más intereses acumulados durante su vida. Eso depende de la confianza del mercado en el país, en el gobierno y por supuesto en el MEF. No podemos determinar cuál es mejor seleccionando arbitrariamente un único plazo de referencia. A menos que se confiese que ya saben que el mercado no les tiene confianza y por eso acuden a bancos privados. Un análisis financiero profesional debe calcular el valor presente de los flujos de caja, incorporar comisiones, examinar los riesgos y comparar los perfiles de vencimiento. El costo de la deuda no se evalúa solamente mirando la tasa nominal.

 EL RIESGO DEL EURO QUE NO PODEMOS IGNORAR

Hay un aspecto particularmente preocupante. Esto significa que el Gobierno no solamente debe pagar intereses y amortizar capital, también enfrenta las consecuencias de las fluctuaciones entre ambas monedas, salvo que haya contratado mecanismos de cobertura. El 22 de julio de 2026, cuando se anunció el refinanciamiento, el euro cotizaba a US$1.1408. Al 30 de octubre, según el Banco Central Europeo, cotiza a US$1.1172. La moneda europea se ha depreciado aproximadamente 2.07% frente al dólar durante ese período. En consecuencia, el equivalente en dólares de los €2,900 millones pasó de US$3,308.32 millones a US$3,239.88 millones. Una disminución equivalente a US$68.44 millones.Esto favorece temporalmente a Panamá. Pero cuidado.

Una reducción cambiaria en el valor de una obligación no representa necesariamente un ahorro realizado. La situación puede cambiar. Si el euro vuelve a apreciarse, el costo de pagar nuestras obligaciones aumentará. Veamos algunos escenarios.

Cotización del euro	Valor de €2,900 millones en dólares
US$1.05	3,045 millones
US$1.10	3,190 millones
US$1.1172	3,239.88 millones
US$1.15	3,335 millones
US$1.20	3,480 millones
US$1.25	3,625 millones
US$1.30	3,770 millones

Fuente: cálculos propios utilizando escenarios cambiarios y la cotización oficial del Banco Central Europeo del 30 de octubre de 2026. Las cifras mantienen constante el principal para aislar el efecto del tipo de cambio; no constituyen proyecciones.

 OBSERVEMOS ALGO IMPORTANTE.

Si el euro subiera de US$1.1172 a US$1.20, el equivalente en dólares de los €2,900 millones aumentaría aproximadamente US$240.12 millones. Y si llegara a US$1.30, el aumento sería de US$530.12 millones. No estoy pronosticando que eso ocurrirá. Estoy mostrando la magnitud de un riesgo que debe administrarse. Por cada centavo de dólar que aumenta la cotización del euro, una deuda de €2,900 millones representa US$29 millones adicionales de exposición cambiaria, siempre que todo el capital permanezca pendiente.

 EL PROPIO MEF RECONOCE EL RIESGO

La información oficial presenta otro elemento que merece atención. En agosto de 2026, el porcentaje de la deuda pública denominada en dólares había descendido al 82.16%. En 2024 representaba el 98.64%. Esto significa que Panamá ha incrementado considerablemente su participación de deuda denominada en otras monedas. Además, en su informe fiscal de junio de 2025, el MEF explicó que mantenía una estrategia de monitoreo del mercado y de evitar coberturas cambiarias que consideraba innecesarias. La afirmación obliga a formular una pregunta muy concreta:

¿LOS PRÉSTAMOS REFINANCIADOS EN JULIO DE 2026 ESTÁN PROTEGIDOS ACTUALMENTE MEDIANTE OPERACIONES DE COBERTURA CAMBIARIA?

Si existe una cobertura, el Gobierno debe publicar sus características y su costo. Si no existe, debe explicar por qué considera conveniente mantener esta exposición. Porque una cosa es fijar la tasa de interés en euros y otra muy distinta es fijar el costo de la deuda expresado en dólares. La primera medida reduce el riesgo de tasa de interés. La segunda requiere evaluar el riesgo cambiario. No son lo mismo.

 EL PROBLEMA NO DESAPARECE EN 2031

El Gobierno decidió extender obligaciones que originalmente debió desembolsar en 2027 para ser cubiertas a partir de junio de 2029. Eso reduce la presión inmediata sobre la Tesorería. Pero no elimina la deuda, la eleva. Con el agravante de que aprovechó el alivio en el flujo para elevar en 450 millones el presupuesto de gasto del gobierno para el próximo año. Ni siquiera se tomó el tiempo para demostrar que esta haya sido la alternativa de menor costo. Lo que resulta especialmente preocupante es que el país continúe trasladando compromisos financieros hacia el futuro sin demostrar cómo mejorará su capacidad para atenderlos. Refinanciar puede ser necesario incluso puede ser en algún momento conveniente, pero también puede convertirse en una forma de postergar problemas fiscales estructurales. Si un país necesita contratar nuevos préstamos para atender obligaciones anteriores, debe explicar cómo evitará que la situación se repita. ¿Cuál es el programa para reducir los gastos públicos? ¿Qué resultados concretos se esperan en materia de déficit fiscal? ¿Cómo se reducirá la necesidad de nuevo endeudamiento? ¿Y qué ocurrirá cuando lleguen los vencimientos de 2031? Sin respuestas, estamos simplemente administrando el calendario de las obligaciones. Un ministerio que dejo de ser de Economía para convertirse en un ministerio de tesorería solamente.

 LOS 500 MILLONES ADICIONALES

No debemos olvidar otro detalle. La operación original comprendía refinanciar €2,400 millones. Pero el Gobierno incorporó €500 millones de endeudamiento nuevo con Merrill Lynch. Esos €500 millones también tienen una tasa del 4.67% anual, además del margen adicional del 0.20%, según las condiciones contractuales. Con el supuesto de amortización utilizado anteriormente, estos €500 millones generarían aproximadamente €97.4 millones en intereses y margen durante cinco años. Adicionalmente, existe una comisión inicial de €5 millones. En conjunto, aproximadamente €102.4 millones de costos financieros nominales estimados para ese endeudamiento adicional. Este monto debe presentarse separadamente porque no corresponde al refinanciamiento de las obligaciones anteriores. Si sumamos ambos componentes, los costos financieros identificados y estimados de toda la operación alcanzan aproximadamente €596.32. Una cantidad considerable para una decisión que el Gobierno ha presentado principalmente por sus tasas de interés.

¿CUÁNTO MÁS PAGAREMOS POR REFINANCIAR?

Esta es la pregunta central. Y hay que distinguir entre cuánto cuesta el nuevo préstamo y cuánto más cuesta respecto de la mejor alternativa disponible. Las cifras contractuales permiten estimar los intereses y cargos del refinanciamiento. Pero para determinar el sobrecosto neto se necesita una comparación financiera que el anuncio oficial no proporciona. El país tenía varias posibilidades de evaluación: refinanciar con bancos, emitir bonos en dólares, considerar diferentes vencimientos e incluso combinar instrumentos. No corresponde suponer que alguna de esas alternativas era inviable sin presentar evidencia. Tampoco podemos concluir que todas tenían el mismo riesgo. La obligación del MEF es demostrar cuál ofrecía la combinación más conveniente de costo, plazo, liquidez y riesgo, para ello debe divulgar un cuadro comparativo. No un comunicado publicitario.

 REFINANCIAR NO ES AHORRAR

Los €2,400 millones refinanciados generarán, bajo nuestros supuestos de cálculo, aproximadamente €493.92 millones en costos financieros nominales identificados y estimados. Si incorporamos los €500 millones de deuda nueva, la operación completa alcanza aproximadamente €596.32 millones en costos financieros que con el nuevo préstamo de €500 suma un total de €996.32 millones. Estos cálculos deben contrastarse con los cronogramas definitivos de pagos, y no constituyen por sí mismos una medición del sobrecosto frente a otra alternativa. Además, Panamá mantiene exposición a una moneda distinta de la utilizada en su economía, con las implicaciones que esto representa. El refinanciamiento puede haber reducido el riesgo de liquidez de 2027, pero ese riesgo de liquidez solo se explique porque el MEF en 2025  firmó dos préstamos por $2400 millones con vencimiento en dos años. No pueden decir esta vez que fue un problema heredado. Ustedes lo firmaron. Ya se los advertía en mi blog.

PELIGROSO ENDEUDAMIENTO

http://www.elblogdefelipeargote.net/2026/08/alerta-peligroso-endeudamiento-del.html

El gobierno igual que hizo con el Seguro social ha pateado la lata para que la crisis la resuelva el nuevo gobierno. Hay que decir que este alivio no es solo temporal sino parcial. A los $2,400 millones que pateo para 2029, más los $500 adicionales que aprovechó para sumar al endeudamiento, se suman los $2,519 millones adicionales que debe pagar en marzo de 2029 a otro préstamo con la banca internacional.

 Aun a sabiendas de la escasez de economistas con formación en finanzas que existe en nuestro país, es sorprendente que no haya ningún otro economista o financista que lo exponga. Esto solo se explica porque los economistas de TODOS los partidos tradicionales y hasta de MOCA, de una forma u otra están comprometidos con el actual gobierno.

---

Profesor Felipe Argote
Economista. Máster en Finanzas.

Elaborado por el profesor Felipe Argote con apoyo de inteligencia artificial OpenAI. Análisis sustentado en documentación oficial del MEF, la Gaceta Oficial de Panamá y el Banco Central Europeo.

Fuentes documentales

1. MEF: Refinanciamiento anunciado el 22 de julio de 2026.
2. Gaceta Oficial 30572-A: Contrato con Santander.
3. Gaceta Oficial 30573: Contrato con Merrill Lynch.
4. MEF: Indicadores de riesgo cambiario de la deuda pública.
5. MEF: Informe fiscal con la política de coberturas cambiarias.
6. Banco Central Europeo: Cotización oficial del euro.

PAREN ESE PRESUPUESTO

 

Por el profesor Felipe Argote  |  Economista

Hay presupuestos que reflejan las prioridades de un gobierno. Hay otros que revelan sus contradicciones. El presupuesto general del Estado para 2027 parece empeñado en demostrar que en Panamá las leyes son obligatorias para los ciudadanos, pero negociables para quienes administran los recursos públicos.

La Ley 362 del 2 de febrero de 2023 establece que el gasto público y la inversión en educación deben alcanzar, como mínimo, el 7 % del producto interno bruto. No es una sugerencia. No es una recomendación del Banco Mundial. No es una aspiración de los educadores ni una promesa de campaña electoral. Es una obligación establecida por ley.

Sin embargo, las cifras del proyecto original de presupuesto para 2027 revelan una insuficiencia concreta: el grupo de instituciones al que corresponde el 5.5 % del PIB suma 4,661.4 millones de dólares, frente a una referencia de 5,230.6 millones. La diferencia es de $569.2 millones. Y no solamente eso. En medio de la discusión presupuestaria, el Gobierno decide reducir en $15.4 millones la asignación del Ministerio de Educación.

LAS MATEMÁTICAS NO ADMITEN DISCURSOS

Según la referencia del PIB nominal estimado para 2026 que aparece en el informe presupuestario, la economía panameña alcanzaría aproximadamente 95,102 millones de dólares. El 7 % de esa cantidad representa 6,657.1 millones de dólares. Esa es la magnitud de los recursos que deberían estar claramente identificados en el presupuesto educativo para 2027, utilizando dicha referencia y sujeto a la determinación definitiva del PIB aplicable.

La ley establece una distribución del 5.5 % del PIB, equivalente a 5,230.6 millones de dólares, para el conjunto integrado por el Ministerio de Educación, las universidades oficiales, el Instituto Panameño de Habilitación Especial y los programas educativos correspondientes de SENACYT.

Adicionalmente, establece un 1.5 % del PIB, equivalente a 1,426.5 millones de dólares, para los demás programas educativos contemplados en la legislación. En total, el Estado panameño debe destinar al sector educativo un mínimo de 6,657.1 millones de dólares en 2027, utilizando como referencia el PIB nominal estimado para 2026 de 95,102 millones de dólares que aparece en el informe presupuestario. Estas cantidades resultan de aplicar los porcentajes establecidos en la Ley 362 de 2023. La suma debe hacerse sin duplicar las transferencias. El MEDUCA tiene un presupuesto original de 5,132.4 millones de dólares, pero incluye 1,375.1 millones en transferencias a otras entidades públicas. Al descontarlas, su asignación propia queda en 3,757.4 millones. Sobre esa base se agregan los presupuestos de las universidades oficiales, el IPHE y SENACYT.

El resultado consolidado es de 4,661.4 millones de dólares. Frente a los $5,230.6 millones que representa el 5.5 % del PIB de referencia, faltan $569.2 millones. Se ha cubierto aproximadamente el 89.1 % de ese mínimo. La diferencia equivale al 10.9 % de lo requerido. Estas cifras corresponden al proyecto original, antes de las modificaciones de octubre. Además, incluyen el presupuesto completo de SENACYT, aunque la ley se refiere a sus programas educativos: incluso con esa inclusión amplia, el grupo queda por debajo del 5.5 %.

RECORTAR LA EDUCACIÓN MIENTRAS SE HABLA DE PRIORIDADES

El proyecto original contemplaba una asignación de aproximadamente 5,132 millones de dólares al Ministerio de Educación, incluyendo las transferencias presupuestarias correspondientes. Posteriormente, mediante la Resolución de Gabinete 116 del 20 de octubre de 2026, se autorizó una reducción de 15.4 millones de dólares al MEDUCA: 11 millones en funcionamiento y 4.4 millones en inversión. Considerado por separado, ese recorte elevaría la diferencia de 569.2 a 584.6 millones de dólares. El efecto neto de octubre depende también de los aumentos a las demás instituciones comprendidas en el 5.5 %, que deben descontarse antes de establecer la diferencia definitiva.

Puede parecer una cantidad pequeña dentro de un presupuesto estatal superior a 35,000 millones de dólares. Pero el problema no es solamente el monto. El problema es el principio. El proyecto original ya presenta una diferencia de $569.2 millones frente al mínimo del 5.5 % para ese grupo de instituciones. Recortar al MEDUCA en esas condiciones exige corregir la insuficiencia, no normalizarla. La comparación no depende de una declaración verbal: surge de sumar las asignaciones del proyecto oficial y eliminar las transferencias duplicadas. La educación no puede convertirse en la variable de ajuste de una política fiscal cuya principal preocupación sea presentar determinados indicadores de déficit.

El déficit fiscal es importante. La estabilidad macroeconómica también. Pero ninguna de esas consideraciones autoriza al Ejecutivo a tratar las obligaciones legales como simples recomendaciones administrativas.

¿PARA QUÉ APRUEBAN LEYES QUE DESPUÉS IGNORAN?

Panamá tiene un problema institucional que va mucho más allá del presupuesto educativo. Los gobiernos aprueban leyes, establecen obligaciones, anuncian compromisos y después permiten que la discusión presupuestaria transcurra como si esas disposiciones fueran opcionales.

Una ley que ordena destinar un porcentaje determinado del PIB a la educación no puede quedar subordinada a la conveniencia política de quienes elaboran el presupuesto. De lo contrario, estamos admitiendo que el Ejecutivo puede decidir cuáles leyes cumple y cuáles considera demasiado costosas. Ese es un precedente peligroso.

Panamá es el segundo país más rico de Latinoamérica y el que menos invierte en educación.

 

EL PROBLEMA NO ES SOLAMENTE CUÁNTO SE GASTA

Conviene aclarar algo que he sostenido en reiteradas ocasiones: gastar más dinero no garantiza automáticamente una mejor educación. Podemos construir escuelas que nunca terminamos, comprar equipos que nadie utiliza, financiar programas que no producen resultados y mantener estructuras administrativas cuya contribución al aprendizaje resulta cuestionable. La eficiencia del gasto público es indispensable. Pero esa discusión no elimina la obligación legal de asignar los recursos correspondientes. Tampoco puede utilizarse de excusa para seguir reduciendo la calidad educativa pública para hacer negocios en las educación privada

Una cosa es exigir que el dinero se utilice correctamente y otra muy diferente es utilizar la ineficiencia como argumento para desconocer una ley.

Panamá necesita mejorar la formación de sus estudiantes, fortalecer las competencias matemáticas, científicas y tecnológicas, modernizar sus centros educativos y vincular la enseñanza con las necesidades productivas del país. También necesita reconocer que el capital humano constituye uno de los factores fundamentales del crecimiento económico de largo plazo.

Una economía que aspira a incrementar su productividad no puede tratar la educación como un gasto residual. La educación es inversión en capacidad productiva futura.Y cuando el proyecto original deja a ese grupo educativo por debajo del mínimo de referencia, la señal sobre las prioridades presupuestarias resulta inequívoca.

LOS DIPUTADOS NO PUEDEN LAVARSE LAS MANOS

La Comisión de Presupuesto aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 644 el 26 de octubre de 2026. En su informe se detallan modificaciones presupuestarias, aumentos de partidas, reasignaciones institucionales y decisiones sobre el destino de miles de millones de dólares. El punto de partida está documentado: el proyecto original suma 4,661.4 millones de dólares para el grupo del 5.5 %, con una diferencia de 569.2 millones frente a la referencia legal calculada. Las modificaciones de octubre deben evaluarse sobre esa base, sin confundir el presupuesto original con el texto modificado. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de fiscalizar al Ejecutivo. Sus diputados no pueden limitarse a examinar cuánto aumenta o disminuye el presupuesto de cada institución.

Su obligación es verificar que el presupuesto respete las leyes que la propia Asamblea ha aprobado.

El MEDUCA, las universidades oficiales, el IPHE y los programas educativos de SENACYT tienen una asignación mínima específica. Los recursos para otros programas educativos, correspondientes al 1.5 % restante, no sustituyen el 5.5 % reservado a ese grupo. La operación aritmética está respaldada por el proyecto oficial. La discusión debe centrarse en corregir la insuficiencia identificada. Con el PIB de referencia utilizado, el proyecto original necesita 569.2 millones de dólares adicionales para alcanzar el 5.5 % de ese grupo. El ajuste definitivo debe incorporar los cambios de octubre y el PIB aplicable. No es aceptable presentar como cumplimiento una suma que cuenta dos veces las mismas transferencias o que mezcla obligaciones distintas.

PAREN ESE PRESUPUESTO

Los diputados todavía tienen la oportunidad de hacer lo correcto. Antes de aprobar definitivamente el presupuesto de 2027, deben corregir las asignaciones del grupo al que corresponde el 5.5 % y asegurar, por separado, los recursos del 1.5 % para los demás programas educativos. La diferencia identificada en el proyecto original es de 569.2 millones de dólares. Ese es el punto de partida numérico para la corrección. No se trata de una confrontación entre el Gobierno y los educadores. Se trata de algo mucho más importante: el respeto al Estado de derecho y al futuro económico de Panamá.

Un país que pretende crecer, atraer inversiones, elevar su productividad y competir internacionalmente necesita una población mejor educada. No conseguiremos ese objetivo simplemente aumentando el presupuesto. Pero mucho menos lo conseguiremos convirtiendo la inversión educativa en una partida que puede modificarse sin explicar su compatibilidad con la ley. La Asamblea Nacional debe corregir la insuficiencia identificada y garantizar que el presupuesto definitivo respete tanto el 5.5 % reservado como el 1.5 % restante.

Porque aprobar leyes para después permitir que se desconozcan es una de las maneras más efectivas de destruir la credibilidad institucional.

PAREN ESE PRESUPUESTO.

CUMPLIR CON LA LEY QUE OBLIGA A ASIGNAR 7% DEL PIB A DUCACIÓN NO ES OPCIONAL, DESCONOCERLO ES UN DELITO.

Profesor Felipe Argote | Economista