Por
Felipe Argote
El
cambio en la dirección general de la Caja de Seguro Social, como era de
esperarse, no denota mayor variación en las condiciones del servicio a los asegurados.
Es porque otras son las medidas que deben tomarse para rescatar esta institución. Inicio afirmando que esa situación no se
resuelve con el aumento de la burocracia estatal. Mucho menos colocando a un político
en lugar de un administrador independiente. No termino de entender cómo
organizaciones que insisten en que el estado debe reducirse a su máxima capacidad,
al momento de presentar medidas proponen elevar la burocracia.
Dividir la caja en dos instituciones sería
aumentar a dos directores, dos subdirectores un número plural de directores,
asesores, secretarias, guardaespaldas, mensajeros, oficinistas y activistas políticos.
Los problemas de la Caja no se van a resolver duplicando la burocracia que al contrario
debe tender a reducirse. El asunto del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
no requiere una institución aparte. Prueba de ello es que se desarrolló la
discusión al respecto el sistema de pensiones en 2005 y ahora, más de once años
después no se ha vuelto a tocar. En ese tiempo los funcionarios se aburrirían y
terminarían dedicándose a la política para procurar permanecer en sus puestos
con el siguiente gobierno. Este es un problema que se resuelve con una dirección
técnica operativa dentro de la Caja de Seguro Social.
Les recomiendo a los que tendrán que tomar
las futuras decisiones que no se dejen absorber por aquella atractiva discusión
de si debemos aceptarle a los padres un máximo de dependientes por lo que el tercer
o cuarto niño de un padre deberá ser rechazado al llegar por ayuda médica al
Seguros Social, explicándole al niño cortésmente que esto se debe a que su padre
es un irresponsable, algo que probablemente el niño ya sabe porque no le paga a
la madre la pensión de manutención.
Tampoco debe dejarse atraer por la vieja discusión
de si es el estado el que subsidia la Caja porque desembolsa centenares de
millones para el programa de administración y aporta parte al IVM, o si es la Caja la que subsidia al estado por atender a los dependientes que son
responsabilidad del gobierno central y al colocar sus fondos en bancos
estatales que le pagan una bicoca, con lo que financia al gobierno central.
Hay que recordar además que la onda
privatizadora terminó hace casi diez años con la crisis
financiera
internacional. En EEUU uno de cada 4
asalariados son empleados públicos. La General Motors, la fábrica de automóviles
más grande del mundo pasó en un 60% a manos del gobierno de los Estados Unidos.
Actualmente el sindicato mantiene el 32% de las acciones, el gobierno
norteamericano con 33%, el gobierno de Canadá 12%. El mundo no tiene esa
tendencia y Panamá no puede ir a contramano. Tampoco es la tendencia hacia la
total estatización, ni hacia administraciones tipo Grecia, Brasil, Argentina o
Venezuela. Entonces la sobriedad debe ser el elemento vital.
El problema principal actual es la escasez
de medicina, hacia eso debe apuntarse, ya que por dicha no se ven conflictos
sindicales por el momento, por lo que no hay que abanicarlos. Cualquier
economista estará de acuerdo que ante la escasez se elevan los precios y se
crea el mercado negro. En el caso del Seguro Social esto se traduce en:
·
Sobre
demanda de medicinas: Pacientes que acumulan medicamentos por temor a no
disponerlos al momento de necesitarlos.
·
Contrabando
de medicinas: Se crean redes para sacar medicinas y venderla en el mercado
negro elevando la escasez.
Estos males se reducen cuando los demandantes
saben que dispondrán del medicamento al momento de necesitarlos. Se deben entonces tener una serie histórica del
volumen de demanda de las medicinas críticas. Luego establecer mecanismos de
concurso sobre la base de la precalificación técnica. Aquí es donde se define
si el genérico es los suficientemente bueno o si el que tiene la marca original
es el único aceptado. Estas discusiones deben ser públicas.
Luego se desarrolla el concurso con compromiso
de entrega parcial a futuro sobre la base del mejor precio en presencia y aval
de la Contraloría para que no tome meses su definición final y el pago a
tiempo.
Los demás problemas administrativos que son
muchos deben atacarse sobre la base de un análisis serio, evitando las decisiones por impulso y prescindiendo
de la utilización de solo el sentido común como herramienta de decisiones estratégicas.
Cuestión aparte es la mesa de discusión del
futuro del Seguros Social en dos partes: IVM y el resto de los programas. Pero esa…
es otra historia.
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