Por: Felipe Argote
Lástima
que tengo que iniciar este artículo afirmando que no me liga ninguna relación de
negocios, familiar, ni de amistad con nadie de la empresa constructora Odebrecht.
Esto es necesario en un país en donde la mayor parte de las opiniones encubren
intereses inconfesables, por lo que siempre pasan por el cedazo de la duda.
Dicho
esto, afirmo en forma categórica que estoy en contra de la suspensión de los contratos
de Odebrecht con el estado, bajo el pretexto que ante la confesión del pago de
coimas en Estados Unidos, Suiza, Brasil y Panamá entre otros, deben eliminarse
todos los contratos vigentes del estado con la empresa brasileña.
He
escuchado a abogados muy notables afirmar que la ley panameña establece que
ante la comprobación de un delito por parte de una empresa que licita con el
estado, el contrato debe ser eliminado. Entiendo, más por sentido común que por
conocimiento jurídico, que si se comprueba que una empresa hizo trampa o pago
coima para conseguir un contrato con el estado, este debe ser derogado. Esto es
lógico. Pero halarlo de los cabellos al punto de afirmar que si una empresa es declarada
culpable de soborno en otro país, ante la publicación de la noticia
internacional debe inmediatamente suspenderse su actividad con el estado en Panamá,
me parece absurdo por decir lo menos.
Tendríamos
que iniciar por suspender inmediatamente el uso del software SAP en las
oficinas públicas. Tal vez por tratarse de una empresa norteamericana no he
escuchado a nadie, aunque pueda que se haya dicho, afirmar que debe suspenderse
todos los contratos del estado con SAP
ya que ha sido confesado por ejecutivos de la empresa que pagaron coima en Panamá.
Pero tendríamos que ir más allá. Casi todas las grandes corporaciones
petroleras han sido en algún momento condenadas por todo tipo de prácticas por
lo que también deberíamos suspenderle el contrato. Si se establece esto como
práctica bastaría con que el gobierno de Maduro declare culpable de corrupción a cualquier empresa norteamericana para que
la eliminemos de la lista de posibles participantes en licitaciones públicas, a
menos que instauremos un supra tribunal que defina qué países poseen jueces honestos
y quienes se prestan para ser utilizados
como instrumentos políticos de los gobernantes.
Odebrecht
ha sido condenada en Estados Unidos y Suiza, pero cualquiera que tome un avión a
Miami verá que los trabajos de expansión
de la terminal aérea cuyo más importante contratista es Odebrecht, no se han
detenido en ningún momento. Esto es por razones de criterio económico además de
jurídico. Condenar a la suspensión de los trabajos serio un pequeño golpe a una
empresa que desarrolla actividades en cincuenta y siete países, pero sería un
golpe fulminante para los miles de trabajadores que dependen de este ingresos,
tanto como para los planes de expansión de la terminal.
Esto
me lleva a mi argumento central. Me importa muy poco los daños provocados a Odebrecht
Por
eso el criterio generalmente aceptado en los países civilizados es que los ejecutivos
que cometen ilegalidades pagan con sus huesos en la cárcel, la empresa paga las
multas correspondientes, pero no se castiga a la empresa como un todo porque la
empresa la forman tanto empresarios como colaboradores, por lo que penarla en su conjunto sería igual que aplicar un castigo colectivo. Eso es tan ilógico
como inadmisible.
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