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22 de diciembre de 2016

SUSPENSIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS DE ODEBRECHT EN PANAMÁ

Por: Felipe Argote


Lástima que tengo que iniciar este artículo afirmando que no me liga ninguna relación de negocios, familiar, ni de amistad con nadie de la empresa constructora Odebrecht. Esto es necesario en un país en donde la mayor parte de las opiniones encubren intereses inconfesables, por lo que siempre pasan por el cedazo de la duda.

Dicho esto, afirmo en forma categórica que estoy en contra de la suspensión de los contratos de Odebrecht con el estado, bajo el pretexto que ante la confesión del pago de coimas en Estados Unidos, Suiza, Brasil y Panamá entre otros, deben eliminarse todos los contratos vigentes del estado con la empresa brasileña.

He escuchado a abogados muy notables afirmar que la ley panameña establece que ante la comprobación de un delito por parte de una empresa que licita con el estado, el contrato debe ser eliminado. Entiendo, más por sentido común que por conocimiento jurídico, que si se comprueba que una empresa hizo trampa o pago coima para conseguir un contrato con el estado, este debe ser derogado. Esto es lógico. Pero halarlo de los cabellos al punto de afirmar que si una empresa es declarada culpable de soborno en otro país, ante la publicación de la noticia internacional debe inmediatamente suspenderse su actividad con el estado en Panamá, me parece absurdo por decir lo menos.

Tendríamos que iniciar por suspender inmediatamente el uso del software SAP en las oficinas públicas. Tal vez por tratarse de una empresa norteamericana no he escuchado a nadie, aunque pueda que se haya dicho, afirmar que debe suspenderse todos los contratos del estado con  SAP ya que ha sido confesado por ejecutivos de la empresa que pagaron coima en Panamá. Pero tendríamos que ir más allá. Casi todas las grandes corporaciones petroleras han sido en algún momento condenadas por todo tipo de prácticas por lo que también deberíamos suspenderle el contrato. Si se establece esto como práctica bastaría con que el gobierno de Maduro declare culpable de corrupción  a cualquier empresa norteamericana para que la eliminemos de la lista de posibles participantes en licitaciones públicas, a menos que instauremos un supra tribunal que defina qué países poseen jueces honestos y quienes se prestan para ser utilizados  como instrumentos políticos de los gobernantes.

Odebrecht ha sido condenada en Estados Unidos y Suiza, pero cualquiera que tome un avión a Miami verá que los trabajos de expansión de la terminal aérea cuyo más importante contratista es Odebrecht, no se han detenido en ningún momento. Esto es por razones de criterio económico además de jurídico. Condenar a la suspensión de los trabajos serio un pequeño golpe a una empresa que desarrolla actividades en cincuenta y siete países, pero sería un golpe fulminante para los miles de trabajadores que dependen de este ingresos, tanto como para los planes de expansión de la terminal.

Esto me lleva a mi argumento central. Me importa muy poco los daños provocados a Odebrecht
si se tomara la infausta decisión de suspender las licitaciones ya otorgadas,  lo que me preocupa es que se intente condenar a los miles de trabajadores que hoy poseen un empleo remunerado, pero más me preocupa condenar a los decenas de miles de panameños de escasos recursos que siguen levantándose a las cuatro de la mañana y llegando a sus casas a las ocho de la noche sin confirmar si sus hijos fueron a la escuela. La suspensión de las obras de la línea dos del metro y de renovación Urbana en Colón castigaría a decenas de miles de ciudadanos que no tienen nada que ver con que algunos sinvergüenzas tanto del estado como de la empresa privada, que hoy ya deberían estar tras las rejas, hayan cometido actos de corrupción.

Por eso el criterio generalmente aceptado en los países civilizados es que los ejecutivos que cometen ilegalidades pagan con sus huesos en la cárcel, la empresa paga las multas correspondientes, pero no se castiga a la empresa como un todo porque la empresa la forman tanto empresarios como colaboradores, por lo que penarla en su conjunto sería igual que aplicar un castigo colectivo.  Eso es tan ilógico como inadmisible.

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