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28 de mayo de 2014

XENOFOBIA



Por Felipe Argote

Después de casi cuatro años de iniciarse el programa denominado “crisol de razas”, el cual
hace salir de la oscuridad a más de 50,000 extranjeros residentes en nuestro país, la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados exige la suspensión inmediata del programa. 

Entre otras razones le acredita la responsabilidad de colocar en riesgo la seguridad nacional,  de permitir el ingreso de personas sin solvencia económica, que desplaza la mano de obra nacional e inclusive que ésta práctica violenta el protocolo contra el tráfico ilegal de migrantes por tierra mar y aire. El protocolo complementa  la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Esto último, según los abogados que brindaron una conferencia de prensa, debido a que los inmigrantes pueden quedar en riesgo de ser explotados sexual o laboralmente o ser víctimas de esclavitud. (¡!)

Entre las muchas pestes que le achacan los abogados en una conferencia de prensa que ha sido publicada en muchas partes del mundo  según consta en internet, un argumento accesorio es que los extranjeros quedan en grado de vulnerabilidad debido a que no requieren de un abogado que los “oriente”. 

Saltó la liebre. En realidad considero que si los miembros de esta comisión, que sin embargo son citados por varios medios internacionales como si fuera la posición de todo el Colegio Nacional de Abogados, desean protestar porque han perdido ingresos debido a que los trámites no requieren de sus servicios, puedes tiene todo el derecho de hacerlo. Sin embargo no creo que sea necesario desarrollar una filípica en contra de la visibilidad de los inmigrantes antes ilegales tan solo para enmarañar el argumento.

Me pongo en la posición de no miles, sino millones de latinoamericanos que solicitan la
legalización de su status migratorio en los Estados Unidos de América para luego de muchos años de oscuridad lograr salir de las sombras, y sus ruegos son respondidos por una purga de extradiciones nunca antes vista. Se dan casos de ilegales tomados presos en la calle y extraditados, mientras sus hijos menores de edad nacidos en el país se quedan solos en casa esperando infructuosa la llegada de sus padres y madres.

¿Cómo podría la eliminación del programa que hace visibles a los extranjeros colaborar en su explotación? ¿Acaso no es justamente su ilegalidad la que los coloca en situación de vulnerabilidad ante el temor de ser extraditados? ¿Cómo achacarle a un programa que localiza, fotografía y registra a los inmigrantes colaborar en la elevación del narcotráfico y el terrorismo? ¿Acaso no es la inexistencia de registros lo que permite a esos facinerosos pulular en  nuestras calles, en vez de ser ubicados y extraditados sin más trámites todos aquellos que aparecen en los registros con prontuario policivo? 

¿Cómo pueden considerar los abogados de la comisión respectiva que la inexistencia de registros de los 50,000 ahora registrados puede ayudar a evitar la explotación sexual? Por el contrario esta explotación en parte es debido a la vulnerabilidad, cuyo caldo de cultivo es justamente el status ilegal de la víctima.

Mas importante que todo lo anterior: ¿Qué proponen que hagamos con los 50,000
legalizados y los tal vez 50,000 más que siguen en las sombras por falta de dinero para cubrir los trámites? ¿Acaso hay que fletar 500 aviones y colocar a los infortunados en grupos de cien, de vuelta a sus países dejando a sus hijos panameños en la orfandad?

Si el problema es tal como lo infiero, que el gobierno ha cobrado 50 millones de dólares según sus propios cálculos en este programa, parte del cual conjeturan que deberían descansar en sus cuentas bancarias, pues que sugieran una forma para aprovechar el boom inmigratorio con su cobro de honorarios.  No sé si estemos de acuerdo en los montos propuestos, pero desarrollar odas en favor de la de xenofobia apoyándose en las bajas pasiones que resulta de la discriminación por motivo de raza, religión o nacionalidad, no me parece oportuno en ninguna parte del planeta globalizado, pero menos aun en un país caracterizado por ser justamente un crisol de razas, en donde, el que no tiene de inga tiene de mandinga, y en donde los que aun podemos reclamarnos descendientes de los pueblos originarios somos los menos.

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17 de mayo de 2014

EL CONTROL DE PRECIOS EN LA CANASTA BASICA



Por: Felipe Argote

Me preguntaba si los promotores del control de precios como mecanismo para reducir la
canasta básica tenían claro tanto la estrategia como las consecuencias de esta política económica. Al percatarme que pretenden acudir a una multilateral para que le establezca los parámetros, comprendo que no había tal análisis acabado.

Iniciamos por desechar de plano el argumento que el control de precios es contradictorio con los tratados internacionales y que de establecer control de precios a la canasta básica seremos expulsados de la Organización Mundial de Comercio, del Tratado de Promoción Comercial y hasta de la FIFA. Esto es un disparate. Al existir en la Constitución de la República el artículo 284 que establece la posibilidad de imponer precios de emergencia, no hay tratado, acuerdo internacional, ni ley que pueda contradecir la norma constitucional. Adicionalmente, si esto nos les es suficiente, ya habríamos sido denunciados, ya que en Panamá existe el control de precios tanto para el sistema eléctrico como para los combustibles, para el gas y el transporte.

Aclarado este primer elemento a fin de eliminar cualquier discusión legalista, centremos nuestros argumentos en la perspectiva  económica, no política, ni legal.

Cualquier estudiante de economía sabe que la única forma de bajar los precios es mediante el aumento de la oferta, siempre que no existan oligopolios que logren ponerse de acuerdo en mantener altos los precios. Tal es el caso de hace dos décadas, cuando se bajaron los aranceles de importación, que no se reflejó en la disminución de los precios. El oligopolio importador en vez de bajar los precios en las proporciones en que bajaron sus costos, se quedó con el aumento en la ganancia al ampliar sus márgenes.

Pero qué pasa si establecemos control de precios:

Se afirma que en Panamá en la década del 70 y 80 existió control de precios. Eso es cierto, pero se olvidan que eso fue antes de la globalización, en los tiempos del modelo de sustitución de importaciones (J. M. Keynes), de altos niveles arancelarios y sin las concentraciones oligopólicas que hoy sufrimos. Tan solo el anuncio de control de precios ya ha disparado los precios del pollo y la leche. De seguro todos, o al menos la gran mayoría de los productos, se elevarán aun más antes del día de toma de posesión de presidente electo, incluyendo los productos en la lista de los 22, pero además los que no están en la lista, ya que los comerciantes procurarán cubrir con otros productos la reducción de la utilidad en los enlistados. Además es altamente probable que el anuncio lleve a los productores agrícolas a reducir su siembra, por la inseguridad de si su producto tendrá que ser vendido a niveles poco alentadores para su margen al momento de la cosecha.

Al iniciarse el control de precios, no hay que ser espiritista para saber que los pocos
intermediarios especuladores reducirán la compra local de aquellos productos con escaso margen e importarán los del exterior, aprovechando que hoy los aranceles no son tan altos como antes de la aplicación del modelo neoliberal en la década del 90. Ante la escasez del producto con control de precio, los compradores con poder adquisitivo estarán dispuestos a regañadientes a comprar el importado más caro en el mercado negro. La reducción de la oferta por simple matemática, nos conducirá a la inflación, mientras los burócratas elevarán los precios controlados, aduciendo una decisión realista con el mercado. 

Al respecto del control de precios Joseph Stiglitz, premio nobel de economía y ácido crítico de Milton Friedman, Friedrich Hayek y demás economistas neoliberales, afirma que “Una política de control de precios basada en el establecimiento de objetivos de inflación…contribuye a la desigualdad y provoca aumento del desempleo” (Washington. 2011. Seminario del FMI).

El control de precios por tanto será malo para el productor, malo  para el comprador y malo para los vendedores de los mercados periféricos improvisados que ya existen y estorban el paso a los transeúntes en la entrada de San Miguelito, Rio Abajo, la 24 de diciembre, etc.
Yo les propongo a quienes de buena fe proponen el control de precios para bajar la canasta una medida más realista, con la garantía de efectividad bajo el brazo.

El estado debe anunciar  la compra a un precio atractivo de toda la producción nacional en los 22 rubros propuestos como prioritarios. Esto llevará a los agricultores a sembrar porque tienen como incentivo un mercado seguro a un precio razonable. 

INFLACIÓN EN VENEZUELA
Luego aquel productor que puede colocar su producto a un mejor precio por calidad o eficiencia queda libre de venderlo al mejor postor. Esto evita que el control de precios castigue a los más eficientes. Luego el estado mediante el IMA mueve los productos hacia el mercado público o cadena de frio. Allí vende a los actuales compradores de los mercados periféricos por saco. Estos son el hormiguero humano que compra en el mercado público y luego venden en los mercados periféricos improvisados o en la vía pública incluyendo semáforos. Al venderlo el estado recupera la inversión de los contribuyentes.

Estos vendedores, al ser un número grande, no podrán especular con el precio ya que no estarán en capacidad de ponerse de acuerdo como hacen actualmente los pocos intermediarios. Por el contrario la tendencia es reducir el margen para vender rápido, ya que no cuentan con mecanismos de preservación de los alimentos. 

Estas medidas llevan al aumento de la oferta y la reducción de los precios a corto plazo. Los productores más eficientes no le venderán al IMA, en cambio percibirán un mejor precio de los supermercados de la clase media y alta, que a cambio de mejor ambiente y un mejor producto venderán a mayor precio a los clientes con superior poder adquisitivo. El control de precio en cambio castigará al productor más eficiente porque aunque ofrezca un producto de mayor calidad, no se le permite vender a un mejor precio.

Colocar bolsas de arroz compita y otros productos subsidiados en los supermercados resulta en un subsidio para los productores de otros países y para los dueños de supermercados, justamente los responsables del aumento de los precios. Esto resulta poco conveniente.

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