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8 de marzo de 2011

ÑAGARE MINA

Por:Felipe Argote


Una vez más el gobierno se enfrenta físicamente a los pueblos originarios.

Primero fue la ley chorizo. Luego de más de una semana de enfrentamientos donde hubo muertos heridos y pérdida total o parcial del sentido de la vista, el gobierno retrocedió en todo menos en el privilegio histórico de no otorgar medida cautelar a policías vinculados a hechos delictivos. Esta única excepción se vio que era un error. En enero se hizo evidente la relación de algunos policías con la muerte de varios adolescentes privados de libertad. Como la ley no permite detención preventiva ante un hecho tan evidente se inventaron cuartel por cárcel. Aunque no entiendo cómo puede haber cuartel por cárcel si en Panamá se abolió el ejército, por tanto no deben existir cuarteles.

En todo caso el segundo enfrentamiento se da por la variación en el código minero. En este caso resulta evidente que los indígenas, especialmente el pueblo gnöbe y buglé, mostraron su inquebrantable voluntad de evitar la explotación minera. La ley antes de ser derogada ya era un parapeto porque ningún inversionista coherente iba a colocar su dinero en un área de confrontación. En cualquier caso la derogación a mi juicio no es una prueba de debilidad del gobierno, pero tampoco lo es de fortaleza. Es por el contrario la prueba de que los políticos tradicionales, Martinelli incluido, siguen con el método de la improvisación y de la imposición.

Que penoso espectáculo el de los diputados que impusieron la ley sin mayor consulta, con la lógica que si se discute muy largo los grupos que están en contra van a tener mayores posibilidades de fortalecer sus posiciones en la conciencia de la opinión pública y que luego de pasar la ley ya es como se dice en la calle “clavo pasado”. Pero esta lógica los lleva a mostrarse por enésima vez como simples cadenas de trasmisión del querer del ejecutivo. Así como imponen la ley a rompe y raja así mismo la derogan cuando un representante del ejecutivo les dictas las pautas y ellos la siguen como carneros de Panurgo.

¿Acaso no hubiera sido más conveniente desarrollar la discusión, y que ese 75% de la población que Martinelli descubrió un mes después que estaba en contra de la minería se mostrara y los diputados, como representantes de sus votantes y no como simples subalternos del ejecutivo, tomaran una decisión en función del querer de la mayoría?.

Tal vez así hubieran descubierto que para los pueblos originarios la tierra tiene una connotación diferente. Que no se trata de la propiedad de la parcela sino o de la propiedad colectiva de todo el área en que se mueven. Siendo que por más de 500 años se les ha estado arrinconando ya no queda tierra más arriba de las montañas. Si se le arrebata la montaña con el pretexto de aprovechar su riqueza y que unas gotas de ella les salpiquen, ya no les quedará nada. Por eso están dispuestos a dar la vida por defenderla.

El 75% de la población simpatizaba con la lucha de los indígenas, aunque no participaran activamente en movilizaciones pacificas o concentraciones masivas. Esto no significa necesariamente que todos estaban en contra de la explotación minera. A mi juicio es que no existe credibilidad en cuanto a la explotación minera responsable, simplemente porque el gobierno se ha mostrado irresponsable no solo en este sino en muchos aspectos. En medio de la discusión sobre el código minero la Corte Suprema de Justicia exime a la mina de Petaquilla del pago de una millonaria multa por contaminación debido, según ellos, a errores de forma.

Carlitos Salazar, el vocero de Petaquilla, podrá seguir tomando agua contaminada hasta que se brote de chichones purulentos, o le crezca un tercer brazo en la espalda, pero el conjunto de la sociedad, o al menos el 75%, seguiremos desconfiando de la llamada explotación minera responsable, al menos por parte de este gobierno y del anterior.



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