MIENTRAS SUBE LA RIQUEZA SE REDUCE EL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

 

Por el Profesor Felipe Argote

Riqueza nacional frente a subinversión estructural
Durante las últimas décadas, la República de Panamá gracias a la recuperación del canal ha experimentado un dinamismo macroeconómico sobresaliente que le ha permitido liderar el crecimiento económico en América Latina y consolidarse como la segunda economía más rica del subcontinente después de Uruguay y antes de chile. Sin embargo, este crecimiento exponencial del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita contrasta marcadamente con un rezago estructural en el desarrollo de su capital humano y la equidad social. El modelo de crecimiento panameño, sustentado en la expansión de sectores intensivos en capital físico y mano de obra como los servicios, la logística y la construcción, ha generado una prosperidad que no se ha traducido de manera proporcional en la priorización fiscal de la educación pública.

Evolución histórica del esfuerzo fiscal en educación (2000-2025) El análisis de la serie histórica del gasto público en educación como porcentaje del PIB revela una desconexión sistemática entre la generación de riqueza del país y la inversión relativa en su sistema educativo. Esta trayectoria se puede dividir en cuatro etapas críticas:

Cumplimiento temprano de estándares internacionales (2000-2004): A inicios de siglo, el Estado panameño realizaba su mayor esfuerzo fiscal relativo, alcanzando un máximo histórico de inversión educativa del 4,89% del PIB en el año 2000. Durante los primeros años de la década, el país se mantuvo por encima del umbral mínimo del 4% recomendado por organismos internacionales, registrando un 4,25% en 2002 y un 4,20% en 2003.

Estancamiento en medio del auge económico (2008-2019): A medida que la economía panameña aceleraba su expansión y el PIB per cápita se disparaba, el esfuerzo fiscal en educación se estancó en torno al 3%. Durante la década de 2010, las cifras oscilaron entre el 3,07% en 2011 y el 3,45% en 2018, evidenciando que el presupuesto educativo crecía a un ritmo sustancialmente menor que la economía en su conjunto.

El efecto estadístico de la pandemia y el colapso posterior (2020-2023): En 2020, el indicador repuntó atípicamente al 4,30%. Este fenómeno no obedeció a un aumento real en la asignación de recursos, sino a una contracción severa del PIB nominal (-17,9% del PIB real) provocada por la paralización económica derivada del COVID-19. Con la rápida reactivación económica, la proporción cayó drásticamente hasta alcanzar en 2023 un mínimo histórico del 2,47% del PIB. Esta cifra crítica relegó a Panamá al último lugar de inversión educativa en América Latina (puesto 16 de 16), situándolo muy por debajo del promedio regional del 4,38% y de países como Costa Rica (6,25%) o Bolivia (7,58%).

Proyecciones recientes y la brecha frente al marco legal (2024-2025): Para el año 2024, los cálculos apuntan a una ligera recuperación del porcentaje, situándolo en un 3,08% del PIB. Las estimaciones para 2025 calculan una ejecución de aproximadamente $2.995 millones, lo que representaría un 3,31% del PIB. A pesar de esta leve mejoría, las cifras exponen un grave fallo de cumplimiento de las propias leyes panameñas; específicamente, frente a la meta establecida en la Ley 362 de 2023, que obliga al Estado a destinar el 7% del PIB a la educación. Para 2025, el Estado panameño mantendría un déficit de cumplimiento de casi 3,69 puntos porcentuales de su PIB.

Ley 362 que obliga a un gasto público de 7% del PIB
Desde que entró en vigor la ley 362 del 2023 que obliga al estado a dedicar 7% del PIB a educación esta proporción no solo no se cumple, sino que se ha reducido con relación a cuando la ley no estaba vigente. El gobierno parece burlarse de las expectativas ciudadanas, aprovechado de que no se percibe ninguna consecuencia legal a este incumplimiento.
Para reiterar su falta de compromiso con la educación, el actual gobierno, tal como los anteriores, es tan consciente de su mal proceder que dedican cada vez menos porcentaje, no solo del PIB, sino del presupuesto nacional a educación.

Panamá también es el que menos dedica esfuerzos a educación en relación con el presupuesto nacional. Mientras Costa Rica destina 21.2% del presupuesto, Chile el 15% casi lo mismo que El Salvador y Uruguay 12.6%. Panamá dedica solo el 11% del presupuesto y como se ha demostrado, no lo ejecuta. En el año 2025 el Ministerio de Educación solo ejecutó el 17% del presupuesto de inversiones, mientras las escuelas se caen a pedazos, gran parte no tiene ni agua ni electricidad, no hay laboratorios, el presupuesto de la Universidad de Panama se redujo en 20%, el de la Universidad Tecnológica 27%, el ITSE se redujo a la mitad. Las escuelas secundarias que ya son inservibles se reemplazan por millonarios alquileres en centros comerciales en condiciones no aptas para recibir educación. Escuelas como el José Dolores Moscote llevan más de 10 años en remodelación con jugosas adendas al contrato original. El negocio es no terminar.

Inequidad sistémica y eficiencia del gasto Según cifras del Banco Mundial y UNESCO nos hemos convertido en el país con el men gasto público en educación como porcentaje del PIB. La persistente subinversión relativa agrava el problema fundamental del sistema educativo panameño: la desigualdad estructural. Panamá figura como el octavo país más desigual del mundo, con un coeficiente de Gini que supera los 50 puntos. Esta inequidad se refleja severamente en la educación y las oportunidades del mercado laboral: mientras que los trabajadores pertenecientes al 20% más rico de la población acumulan en promedio 14 años de escolaridad y altas tasas de empleo formal, aquellos en el 20% más pobre (principalmente en áreas rurales y comarcales) promedian apenas 7 años de educación formal. La pobreza en las comarcas indígenas alcanzó un alarmante 76% en 2023, en agudo contraste con el 4,8% de las áreas urbanas. El presupuesto de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas se redujo al punto de hacer imposible su operación. 

Conclusión La trayectoria del gasto público en educación en Panamá (2000-2025) ilustra una contradicción fundamental en la política de Estado. La incapacidad de alinear la prosperidad macroeconómica con una inversión social vigorosa e inclusiva amenaza con consolidar trampas de pobreza intergeneracional e inhibir el desarrollo de una economía verdaderamente basada en el conocimiento y la innovación.

Para asegurar su viabilidad futura, el Estado panameño se enfrenta a la obligación imperativa no solo de cumplir con su marco legal de financiación educativa, sino de garantizar que dicha inversión cierre las profundas brechas territoriales y socioeconómicas del país.
Para iniciar debe colocar en el puesto de mayor jerarquía a una profesional que cumpla con las competencias para el cargo. El cargo de mayor importancia en la educación no puede seguir siendo una posición solo para repartirse espacios políticos.

Algunos que se muestran preocupados por la situación educativa hacen omisión de este inconveniente. Dicen querer una reforma educativa que resuelva el problema de la educación. Algunos se atreven incluso a afirmar que hemos invertido mucho en educación y no se ven resultados. El que así se pronuncia ya sabes que es parte del problema, uno de los que quieren colocar bajo la alfombra el principal problema que tiene a la educación en su peor momento histórico: La Corrupción. Esto se traduce en incapacidad para administrar y cada vez menor presupuesto en educación, pues el dinero se traslada a aumento de planilla en la Asamblea y los ministerios para nombrar a los activistas de los partidos políticos.

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GASTO EN PLANILLAS: POR QUÉ NO HAY AGUA NI TREN A CHIRIQUÍ

 

Por el Profesor Felipe Argote

Gasto En Planillas De Activistas, Familiares y Copartidarios

Esta gráfica detalla el crecimiento sostenido del gasto en salarios públicos en Panamá durante un periodo que abarca desde el año 2010 hasta una proyección para 2025. Los datos revelan un incremento masivo del 176% en la nómina estatal, pasando de 1,900 millones a un estimado de 5,200 millones de dólares. A través de una comparativa visual, se observa cómo la inversión en personal ha subido ininterrumpidamente bajo las administraciones de distintos mandatarios. La información resalta que, para el final de este ciclo, el Estado contará con más de 271,000 funcionarios activos. En 2010 eran 175,000 Un aumento de 55%.

Debo reiterar lo que afirmo en forma consuetudinaria, que lo que explica cuál es tu perspectiva no es lo que dices sino dónde pones la plata. Y cuando observamos la evolución de la planilla del sector público en los últimos 16 años, la perspectiva de nuestros gobernantes queda trágicamente clara: un estado centrado en inflar los gastos de funcionamiento para mantener el clientelismo político a costa de la inversión y del bolsillo de la clase media trabajadora.

UN CRECIMIENTO ASTRONÓMICO Y DESCONTROLADO

Veamos los números, porque las cifras no mienten. En el año 2010, el gasto estimado en la planilla estatal era de $5,245.2 millones ¡Estamos hablando de un desastroso crecimiento del 176%.

Para el cierre de 2025, el aparato estatal cuenta con 271,346 funcionarios. ¿Cómo justifican este desastre? Entre 2015 y 2020 el gasto se disparó un 59.3% ($1,653 millones adicionales) por el COVID, las contrataciones en salud y seguridad. Pero la verdadera fiesta vino en el periodo de Cortizo (2019-2024), donde la planilla pública registró un aumento neto de 24,082 personas, pasando de 238,248 a 262,330 funcionarios.

SIGUE LA FIESTA

Ahora, bajo la administración de José Raúl Mulino, el gasto alcanza niveles récord, superando los $5,177 millones gastados en 2024.

Los gobernantes sus partidos tradicionales siempre encuentran excusas cuando se trata de tocar a sus copartidarios. Se quejan de las leyes especiales, pero en un chasquido de dedos los diputados encuentran $16 millones para pagar a sus activistas en la Asamblea Nacional y se hacen de la vista gorda ante las 5,000 botellas que desangran la Caja de Seguro Social. Se premia la mediocridad y la corruptela manteniendo presupuestos intactos en la Asamblea mientras se ensañan reduciendo el presupuesto de la Universidad Tecnológica, la Universidad de Panamá, el ITSE y la SENACYT.

SÍNTESIS

Panamá no es un país pobre. Es un país rico lleno de gente pobre y con una clase media trabajadora cada vez más encogida. Pasamos de invertir más del 40% del presupuesto estatal en la época de Varela y Martinelli, a destinar apenas un 31.9% a la inversión con el actual gobierno, para poder sostener este monstruoso gasto de funcionamiento y pagar una deuda pública que también rompe récords históricos.

QUÉ HACER

El gobierno no cree en estrategia, no cree en planificación, porque están profundamente convencidos de que existe una mano invisible que todo lo resuelve. Al no existir planificación las decisiones donde poner la plata se definen por la presión de donantes de campaña y partidos políticos tradicionales que controlan la Asamblea. Por eso no hay agua, por eso las escuelas se están cayendo a pedazos, por eso no ha iniciado el tren a Chiriquí que daría 6 mil empleos en el interior, en empresas privadas no en planilla estatal.

Hay que bajar los gastos del gobierno en forma espectacular, eliminar las botellas y trasladar toda esa riqueza dilapidada hacia una inversión agresiva en infraestructura, empezando por la construcción de potabilizadoras y el tren a Chiriquí.

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