Por el profesor Felipe Argote, con Inteligencia Artificial Claude Anthropic
Panamá atraviesa, sin que la opinión pública lo haya dimensionado del todo, una transformación estructural en la forma en que financia al Estado. Durante décadas, el patrón dominante de endeudamiento externo fue relativamente transparente: el Tesoro emitía bonos globales, colocados en mercados de capitales abiertos, con condiciones públicas desde el primer día, calificados por las agencias de riesgo, y sujetos al escrutinio permanente de miles de inversionistas institucionales alrededor del mundo. Ese modelo, con todas sus imperfecciones, tenía una virtud innegable: la disciplina de mercado. Un bono mal estructurado se castiga de inmediato en su precio secundario, y ese precio es una señal pública, verificable, que cualquier ciudadano informado puede consultar.
El actual gobierno, conocedor de la reducción
en la confianza del mercado que se expresa en la caída de la inversión
extranjera directa en 80%, no hizo ninguna aparición en el mercado hasta el 18
de febrero de 2026 cuando regresó con una operación de manejo de pasivos que
combinó recompra de bonos en circulación (~$2,970 millones aceptados, de $8,900
millones ofertados) con una nueva emisión a vencimientos 2034 y 2038, cupones
de 5.2% y 5.6%, y una demanda de más de $13,000 millones.
Esta intención evidente de evadir el mercado
para quienes no hay argumento ni discursos que valgan, ha llevado al ejecutivo
a desviar su apetito de deuda muy peligrosamente hacia la banca internacional
privada.
En diciembre de 2019 la deuda con la banca
privada era de $451 millones, hoy se eleva a $10,022 millones
Tan solo entre diciembre de 2025 y abril de
2026 —apenas cuatro meses—, la deuda directa con bancos comerciales saltó de
$6,058 millones a más de $10,022 millones. Un incremento de casi $4,000
millones, equivalente a un 65%, en el tiempo que toma un solo trimestre fiscal.
Ese ritmo no tiene precedente reciente en ningún otro componente de la deuda
pública panameña, ni siquiera en los años más intensos de emisión de bonos.
Ese salto coincide, operación por operación, con nombres concretos:
1. El préstamo con BBVA en yenes por unos $1,420
millones (20 de enero de 2026)
2. El préstamo con Citibank por CHF 1,975
millones —cerca de $2,519 millones— a tasa fija de 2.39%, cerrado apenas el 13
de abril de 2026.
3.
A eso se suman tramos previos con BBVA
($1,000 millones, 2.00% flotante) y
4.
Banco Santander ($1,300 millones, tasa
efectiva 4.86%).
A sabiendas que el mercado no va a responder
con tasas similares, reduciendo el costo de la deuda entre 1.6% y 3.5%, el
gobierno acude a un instrumento que le obliga a hacer desembolsos al próximo
gobierno. Efectivamente, los préstamos bancarios recientes vencen en 2027, 2028
y 2029: tres, dos y tres años respectivamente. El gobierno está construyendo una
pared de vencimientos bancarios de corto plazo que se concentrará precisamente
en los próximos tres a cinco años que seguro serán refinanciados, colocando minas que le explotarán al gobierno
entrante.
Adicional en la adquisición de deuda con
banca privada hay opacidad. Un bono se coloca mediante un prospecto público,
con divulgación obligatoria de términos y usos de fondos. Un préstamo bilateral
se formaliza mediante resoluciones ministeriales que, como hemos comprobado
directamente al investigar este artículo, no siempre detallan tasa y
vencimiento de forma consistente. Por ejemplo, para el préstamo con Bank of New
York Mellon no fue posible confirmar condiciones propias, porque en las
operaciones donde aparece esa entidad lo hace como agente administrador —quien
gestiona los pagos— y no como el banco que efectivamente presta el dinero. Sin una
revisión cuidadosa que aclare quién presta qué, la opacidad no es hipotética.
Adicional los comunicados del MEF son tan parcos que se limitan a celebrar el
hecho sin dar información sobre el contenido.
Un problema en la adquisición de prestamos
bancarios los es el fenómeno de la concentración de acreedores. Mientras en los
bonos los tenedores son miles dispersos y anónimos, los préstamos bilaterales
son pocos bancos que conocen perfectamente la posición negociadora del Estado y
que, en una eventual renegociación, se sientan del otro lado de la mesa con
información y poder muy superiores a los de un tenedor de bonos individual,
pudiendo inclusivo actuar como oligopolio. Eso lo sabe perfectamente los
excelentes economistas liberales, neoliberales y libertarios del MEF.
Otro elemento es que, a diferencia de los
bonos globales, denominados en dólares, buena parte de estos préstamos están en
francos suizos, yenes y euros. Son más baratos hoy por el diferencial de tasas
de referencia (TONAR, EURIBOR), pero trasladan al Estado panameño un riesgo cambiario
que no existía en el endeudamiento tradicional en dólares.
La deuda pública total del SPNF pasó de
$31,018 millones en 2019 a $61,800 millones a mediados de 2026.
El crecimiento de la deuda bancaria bilateral
no lo considero recomendable, además no está siendo acompañado de transparencia
que su ritmo reciente (+65% en cuatro meses) merece. El gobierno a través del
MEF está obligado a dar una explicación pública, no solo cuando la prensa
pregunta y ya sabemos que los medios en su mayoría por falta de diligencia o
desconocimiento de elementos técnicos no se involucran en estos aspectos. Por
supuesto ni pensar en preguntar en las conferencias de los jueves a menos que
se esté predispuesto a recibir una malacrianza.
Elaborado por el profesor Felipe Argote con Inteligencia Artificial Claude Anthropic.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario