Elblogdefelipeargote XVI TEMPORADA: A GASTARNOS EL FONDO SOBERANO

Por: Felipe Argote

Cuando se inicia en Panamá la aplicación del modelo neoliberal o de la corriente austriaca como gustan ser denominados los anarquistas de mercado, este llegaba con al menos diez años de atraso con respecto al resto de los países latinoamericanos. Adicionalmente entró a nuestro país a tumbos.

La primera referencia que recuerdo sobre el tema es de 1992, fue cuando el Ministro de Planificación y Política Económica, señor Guillermo Ford, aseguró con vehemencia que el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), propiedad del estado panameño, no se iba a privatizar. Unos días después, llegó a la Asamblea Nacional de Legislación como se denominaba en aquellos inestables días el recinto en donde se reunían los ahora llamados padres de la patria, un proyecto de ley para privatizar el INTEL. El proyecto nació bastardo o mejor huérfano, a pesar de haber sido presentado por el Ministro de Gobierno y Justicia, Juan Chevalier, el 30 de diciembre de 1992 en las vísperas del año nuevo. Nadie aceptaba su paternidad ni mucho menos su maternidad. El proyecto vendía el 90% de las acciones del INTEL y el estado retenía el 10% restante.

La primera intentona de aplicar el modelo neoliberal con la venta de una gran empresa estatal que era además rentable, murió en medio de una gran fogata. En marzo de 1993 se rechazó el proyecto. Los legisladores se disputaban a codazos el espacio detrás de la pira funeraria que animaron con el proyecto en el patio de la asamblea para salir en las fotos de los periódicos y en los noticieros televisivos. Allí murió el infante.

Pocos meses después, en diciembre de ese mismo año, se aprobó la ley de privatización del INTEL. En abril de 1997 se otorga la venta del 49% de las acciones del INTEL a Cable and Wireless por 652 millones de dólares. Afuera del hotel Miramar, donde se abrieron los sobres, no había una sola persona protestando

En gran parte esto se debió al esquema de la empresa consultora norteamericana Salomon Brothers contratada por 7.4 millones de dólares. El esquema incluía un acuerdo de liquidación con los empleados, que además de obtener una buena suma, eran nuevamente contratados con el compromiso escrito que disfrutarían de una estabilidad de cinco años después de la privatización, pero sobretodo debido a la Ley 20 de 1995, que establecía que los fondos provenientes de esta y otras privatizaciones no serian destinados al pago de la deuda externa, gastos, ni inversiones estatales. Se creaba un Fondo Fiduciario para el Desarrollo que se convertía en el ahorro nacional, que no podía ser gastado por ningún gobierno, tan solo sus intereses y solo para acciones de interés social o de emergencia. Para esto se creó el Fondo de Emergencia Social, (FES) que inmediatamente se convirtió en piñata, por lo que el siguiente gobierno aplicó lo que prometió en campaña: cerrar el FES. Se cierra el FES y se crea el FIS, Fondo de inversión Social, que también se convierte en piñata, lo que lleva a cerrarlo al nuevo gobierno y por supuesto abrir el Programa de Ayuda Nacional (PAN) de triste recordación en el bebedero y otras malas remembranzas.

Sin embargo el capital del Fondo Fiduciario siguió incólume alimentado por nuevas privatizaciones y ventas de áreas revertidas hasta superar los 1,200 millones de dólares.

Adecuándose a la tendencia moderna, el Fondo Fiduciario se transforma en un Fondo Soberano, una medida financieramente saludable que evita que dependamos de las decisiones que se han mostrado por lo general erróneas de los banqueros extranjeros, sobre donde colocar nuestras inversiones, pasando esta responsabilidad a nosotros los panameños a través de un grupo elite de economistas y administradores, con la flexibilidad de aprovechar oportunidades que surgen todos los días en el mercado mundial, tal como lo hacen los fondos de países emergentes como Dubái y Singapur.

Así como los panameños nunca renunciamos, por el contrario defendimos nuestro derecho a administrar nuestro canal, y rechazamos las voces que afirmaban que de recuperar nuestro patrimonio la maleza se comería las exclusas, en donde trigueños chorrilleros se divertirían bañándose sobre los tubos de llantas de camiones, que perderíamos los doscientos millones de ingreso que significaba para nosotros el canal mas las bases militares norteamericanas, que era pues evidente que los panameños seríamos incapaces de administrar otra cosa que los carnavales y sus culecos. Así mismo hemos considerado que no podemos renunciar a la administración de nuestros fondos con el argumento que depositados en un banco extranjero es mas seguro que dejarlo en manos de los políticos panameños.

La reforma legal le dio pues cristiana sepultura al fondo Fiduciario y crea el Fondo de Ahorro de Panamá. En aquel momento el gobierno afirmó que este fondo tenia como objetivo fundamental el ahorro pero una parte podría ser utilizado en caso de catástrofe. Para demostrar sus buenas intenciones se estableció que solo podía realizarse este si la calamidad ocurría del 2015 en adelante cuando serian nombrados los síndicos, todos de buena reputación y alejados de cualquier trafico de influencias. Sin embargo, luego de las inundaciones de Colón y Arraiján el gobierno cambia la ley para que el fondo se utilice a corto plazo. Al no haber el fondo incrementado sus ingresos, esta decisión se convierte en el gasto del Fondo Fiduciario, sobreviviente de tres gobiernos sucesivos de corrientes ideológicas similares pero grupos partidarios de intereses encontrados.

Actualmente el gobierno tiene disponible créditos por más de 150 millones con intereses blandos, tres años de gracia y diez años de vencimiento para cubrir tragedias por parte de instituciones de crédito internacional. El argumento para no utilizarlo es que aquel debe pagarse y este no. Estoy convencido que es mucho más rentable tomar el crédito a bajo interés y largo plazo ante la catástrofe que debe ser atendida con urgencia, que gastarse el fondo, cuya inversión genera actualmente un 4.7% anual y puede rendir más si se invierte eficientemente, salvo mejor criterio.