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Por el Profesor Felipe Argote
31,643 familias afectadas, 2,318 vivienda con daños por $182 millones, 619 escuelas afectadas por $76 millones, 120 instalaciones de salud afectadas por $49 millones, carreteras e infraestructura dañadas por $143 millones, más de $50 millones en pérdidas de cosechas y producción, $69 millones en daños de negocios y puestos de trabajo.
Diputados en $23 millones con el objetivo
de cubrir el aumento a 6,000 empleados de los partidos RM, PRD, CD, Partido
Popular y Panameñista.
Mientras los partidos tradicionales ahora todos juntos en el gobierno como una manada de buitres se disputan los despojos, mientras los diputados de esos partidos se enfrentan físicamente en el recinto parlamentario para modelar las reglas de las próximas elecciones en ventaja, la corriente del niño ya inicia sus efectos con torrenciales aguaceros en todo el país, con énfasis en aquellos lugares en donde los panameños y panameñas, hombres mujeres y niños duermen en el piso de lodo guareciéndose a duras penas con toldas y tiendas de campaña, llevadas el fin de semana por miles de compatriotas que dividieron sus supermercados, disminuyeron sus raciones familiares y hasta se endeudaron, para llevar un alivio temporal a sus hermanos de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. Pueblo noble y solidario que contrasta con la falta de empatía, la indolencia y la cleptocracia de los partidos tradicionales en el gobierno.
Panamá acaba de sufrir el terremoto de mayores consecuencias sociales y económicas de su historia. Miles de familias perdieron sus viviendas, cientos de escuelas resultaron afectadas, instalaciones de salud sufrieron daños y numerosas comunidades enfrentan dificultades para recuperar su vida cotidiana. Mientras tanto, tenemos un Fondo de Ahorro de Panamá creado, como primer objetivo, para enfrentar emergencias extraordinarias. Pero la ley establece condiciones tan restrictivas que, aun frente a una catástrofe de esta magnitud, no podemos utilizar sus recursos.
¿De qué sirve tener un fondo para emergencias si cuando ocurre una emergencia de esta naturaleza no podemos disponer del dinero? La pregunta merece una respuesta. Y también una decisión de la Asamblea Nacional.
EL TERREMOTO NO SOLAMENTE DESTRUYÓ VIVIENDAS
Según el informe oficial del Sistema
Nacional de Protección Civil del 19 de octubre, se habían evaluado más de 9,500
viviendas, correspondientes a 31,643 personas. De ellas, 2,318 presentan daños
totales, 5,546 daños moderados o parciales y 1,260 daños leves. También se
habían inspeccionado 721 centros educativos. El Ministerio de Salud reportaba
120 instalaciones afectadas, de las cuales 13 presentaban daños totales.
El informe registraba, además, 3,827
personas alojadas en 55 albergues, según los datos disponibles al 17 de
octubre. Son cifras oficiales. Pero detrás de ellas hay una realidad económica
que los informes de daños físicos no reflejan completamente.
¿Qué ocurre con el agricultor que perdió su cosecha? ¿Con el productor que tiene mercancía lista para vender, pero no puede sacarla porque el camino está dañado? ¿Con el pequeño comerciante que perdió su inventario? ¿Con la empresa que tiene que cerrar temporalmente? ¿Con el trabajador que deja de recibir su salario porque el negocio donde trabajaba ya no puede operar?
Hay familias que perdieron sus casas, pero también sus fuentes de ingresos. Y hay otras que conservaron sus viviendas, pero perdieron sus medios de subsistencia. Por eso, para calcular el costo de una catástrofe, no basta con sumar el valor de las casas, escuelas, hospitales y carreteras que tenemos que reconstruir. También hay que calcular la producción perdida, las cosechas que no llegarán al mercado, los ingresos que dejaron de recibir los trabajadores, los daños a las empresas y el costo de sostener temporalmente a las familias damnificadas. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconoció la necesidad de evaluar las afectaciones a la producción y a las vías utilizadas para transportar productos agrícolas.
TENEMOS UN FONDO PARA LAS EMERGENCIAS, PERO NO PODEMOS UTILIZARLO
El Fondo de Ahorro de Panamá fue creado
mediante la Ley 38 de 2012. Su propósito comprende dos objetivos fundamentales:
constituir un ahorro de largo plazo para el Estado y establecer un mecanismo de
estabilización para situaciones extraordinarias, incluyendo emergencias y
desaceleraciones económicas. Es decir, atender las grandes emergencias
nacionales es uno de los objetivos centrales del Fondo. Pero las modificaciones
de la ley establecieron que, en caso de una emergencia declarada, el Gobierno
Central debe asumir los costos hasta el equivalente al 0.5% del PIB, y
solamente podrían utilizarse recursos del FAP para cubrir los montos
superiores, cumpliendo las demás condiciones legales.
¿CUÁNTO REPRESENTA EL 0.5% DEL PIB PANAMEÑO?
Utilizando nuestra proyección de $95,000
millones, significa $475 millones.
Nuestro escenario estima daños económicos
por entre $350 y $600 millones de dólares.. Es decir, una catástrofe que ha
dejado miles de viviendas destruidas o dañadas, familias en albergues, escuelas
afectadas y comunidades enfrentando pérdidas económicas todavía no alcanzaría
el umbral que establece la ley.
Para evitar que los gobernantes de los
partidos tradicionales aprovechen el Fondo y lo conviertan en piñata, se han establecido
murallas que hacen prácticamente imposible que este fondo sea utilizado para
los objetivos para los que fue creado. Recordemos que antes el Fondo de
Emergencia social FES se convirtió en la piñata del PRD, que el luego el Fondo
de Inversión Social FIS se convirtió en la piñata del Partido Panameñista y que
luego el Programa de Ayuda Nacional PAN se convirtió en la piñata del partido
RM… y que al final terminaron en caletas con millones de dólares debajo de las
casas de altos funcionarios. Entonces para defenderse de estos partidos
corruptos, el Fondo de Ahorro de Panamá no se puede utilizar cuando más se
necesita.
NO PODEMOS DISEÑAR NUESTRAS LEYES PENSANDO SOLAMENTE EN IMPEDIR QUE ALGUIEN SE ROBE LA PLATA, HASTA EL PUNTO DE IMPEDIR QUE EL DINERO CUMPLA SU FUNCIÓN.
El riesgo de corrupción se combate con
transparencia, controles independientes, rendición de cuentas y sanciones. No
dejando inmovilizados los recursos cuando miles de familias los necesitan.
Si tenemos miedo de que se roben el dinero,
entonces establezcamos controles que impidan que se lo roben. Pero no
castiguemos a los damnificados por la desconfianza que nos produce la
administración pública.
MI PROPUESTA: QUE LA ASAMBLEA MODIFIQUE LA LEY Y AUTORICE UNA PRIMERA PARTIDA DE 300 MILLONES
Propongo que la Asamblea Nacional se reúna
de manera urgente y apruebe una modificación a la Ley del Fondo de Ahorro de
Panamá que permita utilizar sus recursos para atender esta catástrofe.
La reforma debe autorizar una primera
partida de 300 millones de dólares, destinada exclusivamente a la recuperación
de las zonas afectadas y al apoyo de las familias damnificadas. No estoy
proponiendo que el Gobierno tenga acceso ilimitado al Fondo, tampoco que se
eliminen permanentemente todos los controles. Propongo una autorización
extraordinaria, claramente delimitada, con objetivos específicos, fiscalización
independiente y procedimientos públicos de ejecución.
La partida inicial debe atender prioridades concretas: viviendas, escuelas, instalaciones de salud, caminos rurales, acueductos, recuperación agropecuaria, apoyo a pequeños negocios y subsidios temporales a las familias que perdieron sus ingresos.
¡Y DEBE HACERSE YA!
No podemos esperar a que se completen todos
los presupuestos definitivos mientras las familias continúan viviendo en
albergues o los productores pierden nuevas cosechas porque no pueden llevar sus
productos al mercado. Los desembolsos pueden hacerse por etapas, sujetos a
verificaciones técnicas y cumplimiento de metas.
Tampoco es necesario liquidar indiscriminadamente las inversiones del FAP. Hay una parcela en esos $3,200 millones que pueden convertirse en líquidos. Se trata de apenas un 10% de los ahorros. El Ministerio de Economía y Finanzas y los responsables de su administración deberán determinar cómo obtener la liquidez necesaria minimizando pérdidas financieras y preservando el valor del patrimonio restante.
UNA COMISIÓN PARA QUE NADIE SE ROBE LA PLATA
Esta es la segunda parte fundamental de mi
propuesta.
Junto con la autorización de los $300
millones, debe crearse una Comisión Nacional de Reconstrucción y Vigilancia,
con participación del Gobierno, representantes de las comunidades afectadas,
organizaciones de la sociedad civil y profesionales independientes.
Los damnificados deben tener representación
directa. No podemos decidir la reconstrucción de una comunidad sin escuchar a
quienes viven en ella.
La comisión debe contar con ingenieros,
arquitectos, economistas, contadores y especialistas en contratación pública
que puedan verificar los presupuestos, la calidad de los materiales, el avance
de las obras y el uso de los recursos.
La Contraloría General de la República debe
ejercer sus funciones de fiscalización y control, mientras la comisión
incorpora mecanismos adicionales de veeduría ciudadana sin sustituir las
competencias legales de las instituciones.
Propongo que cada contrato, proveedor,
desembolso, avance de obra y beneficiario, con las protecciones necesarias para
los datos personales, pueda ser consultado en una plataforma pública.
Que cualquier ciudadano pueda saber cuánto
costó una vivienda, cuánto se pagó por reparar una escuela o qué empresa
recibió un contrato para reconstruir un puente.
Que existan auditorías externas, informes
mensuales y canales para denunciar irregularidades.
Y que ninguna empresa pueda recibir
contratos sin revelar sus beneficiarios finales y cumplir requisitos mínimos de
transparencia.
EL DINERO DEBE SALIR DEL FONDO, PERO NO PUEDE DESAPARECER EN EL CAMINO.
TAMBIÉN HAY QUE CUIDAR EL DÉFICIT FISCAL
Panamá enfrenta otra limitación importante.
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal establece que el déficit del Sector
Público No Financiero no debe superar el 3.5% del PIB en 2026. Con un PIB de
referencia de $95,000 millones, ese límite equivale a $3,325 millones.
Si el Estado tuviera que financiar toda la
reconstrucción mediante nuevos gastos sin compensación, aumentaría la presión
sobre el déficit y, posiblemente, sobre la deuda pública.
Es importante aclarar que retirar dinero
del FAP no elimina automáticamente el efecto fiscal del gasto. Se trata de un
mecanismo de financiamiento. La reforma deberá precisar el tratamiento
presupuestario y su compatibilidad con las reglas fiscales vigentes.
Pero la respuesta tampoco puede ser
aumentar indiscriminadamente el endeudamiento tomando prestamos con intereses superiores
al 8% mientras mantenemos recursos acumulados en un fondo con tasas de interés del
3.5%, que fue concebido también para enfrentar emergencias extraordinarias.
La Asamblea deberá establecer un mecanismo
extraordinario, limitado y transparente, preservando la sostenibilidad fiscal y
explicando cómo se registrarán estos gastos. Se debe eliminar cualquier intento
de pedir prestamos al FMI o a cualquiera multilateral que luego querrá
indicarle al país hasta como debemos vestirnos.
LO PRIMERO SON LOS DAMNIFICADOS
Hay momentos en que un país tiene que
establecer prioridades. El ahorro público es importante. La estabilidad fiscal
también. Y proteger el patrimonio nacional frente a la corrupción resulta
indispensable, pero ninguna de esas responsabilidades puede convertirse en una
excusa para dejar sin solución a las familias que perdieron sus viviendas, sus
empleos o sus medios de subsistencia. No estoy proponiendo regalar dinero
indiscriminadamente ni convertir el Fondo de Ahorro en una caja chica del
Gobierno. Estoy proponiendo exactamente lo contrario: utilizar una parte
limitada de sus recursos para una finalidad extraordinaria, con controles
extraordinarios y fiscalización pública.
TENEMOS UN FONDO DE AHORRO PARA PROTEGER EL FUTURO DE LOS PANAMEÑOS. PERO LAS FAMILIAS QUE LO PERDIERON TODO TAMBIÉN TIENEN DERECHO A TENER UN FUTURO.
La Asamblea Nacional debe actuar, modificar
la ley y autorizar una primera partida de 300 millones de balboas. Con una
comisión independiente de vigilancia, participación de las comunidades y
transparencia absoluta. Porque impedir que se roben el dinero es una
obligación.
Atender a los damnificados es la
prioridad. Esto no está ni cerca de terminar, al contrario, existe una propensión
a que se agudice con la entrada en escena de la corriente del niño.
Fuentes
- Sistema
Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Comunicado Oficial n.º 16, 19 de
octubre de 2026.
- Ministerio
de Desarrollo Agropecuario. Evaluación de afectaciones agropecuarias en
Los Santos, 15 de octubre de 2026.
- Ley 38 de
5 de junio de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá.
- Ley 48 de
6 de agosto de 2013, que modifica la regla de retiro del FAP.
- Fondo de
Ahorro de Panamá. Comunicado del 11 de octubre de 2026 sobre la emergencia
nacional.
- Fondo de
Ahorro de Panamá. Comunicado del 31 de julio de 2013 sobre modificaciones
a la Ley 38.
- Ministerio de Economía y Finanzas. Ley
445 de 2024 y límites de déficit fiscal para 2026.
- Profesor Felipe Argote. Estimaciones
económicas propias de los tres escenarios, octubre de 2026.
Elaborado por el Profesor Felipe Argote con inteligencia artificial OpenAI y Anthropics.
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