PAREN ESE PRESUPUESTO

 

Por el profesor Felipe Argote  |  Economista

Hay presupuestos que reflejan las prioridades de un gobierno. Hay otros que revelan sus contradicciones. El presupuesto general del Estado para 2027 parece empeñado en demostrar que en Panamá las leyes son obligatorias para los ciudadanos, pero negociables para quienes administran los recursos públicos.

La Ley 362 del 2 de febrero de 2023 establece que el gasto público y la inversión en educación deben alcanzar, como mínimo, el 7 % del producto interno bruto. No es una sugerencia. No es una recomendación del Banco Mundial. No es una aspiración de los educadores ni una promesa de campaña electoral. Es una obligación establecida por ley.

Sin embargo, las cifras del proyecto original de presupuesto para 2027 revelan una insuficiencia concreta: el grupo de instituciones al que corresponde el 5.5 % del PIB suma 4,661.4 millones de dólares, frente a una referencia de 5,230.6 millones. La diferencia es de $569.2 millones. Y no solamente eso. En medio de la discusión presupuestaria, el Gobierno decide reducir en $15.4 millones la asignación del Ministerio de Educación.

LAS MATEMÁTICAS NO ADMITEN DISCURSOS

Según la referencia del PIB nominal estimado para 2026 que aparece en el informe presupuestario, la economía panameña alcanzaría aproximadamente 95,102 millones de dólares. El 7 % de esa cantidad representa 6,657.1 millones de dólares. Esa es la magnitud de los recursos que deberían estar claramente identificados en el presupuesto educativo para 2027, utilizando dicha referencia y sujeto a la determinación definitiva del PIB aplicable.

La ley establece una distribución del 5.5 % del PIB, equivalente a 5,230.6 millones de dólares, para el conjunto integrado por el Ministerio de Educación, las universidades oficiales, el Instituto Panameño de Habilitación Especial y los programas educativos correspondientes de SENACYT.

Adicionalmente, establece un 1.5 % del PIB, equivalente a 1,426.5 millones de dólares, para los demás programas educativos contemplados en la legislación. En total, el Estado panameño debe destinar al sector educativo un mínimo de 6,657.1 millones de dólares en 2027, utilizando como referencia el PIB nominal estimado para 2026 de 95,102 millones de dólares que aparece en el informe presupuestario. Estas cantidades resultan de aplicar los porcentajes establecidos en la Ley 362 de 2023. La suma debe hacerse sin duplicar las transferencias. El MEDUCA tiene un presupuesto original de 5,132.4 millones de dólares, pero incluye 1,375.1 millones en transferencias a otras entidades públicas. Al descontarlas, su asignación propia queda en 3,757.4 millones. Sobre esa base se agregan los presupuestos de las universidades oficiales, el IPHE y SENACYT.

El resultado consolidado es de 4,661.4 millones de dólares. Frente a los $5,230.6 millones que representa el 5.5 % del PIB de referencia, faltan $569.2 millones. Se ha cubierto aproximadamente el 89.1 % de ese mínimo. La diferencia equivale al 10.9 % de lo requerido. Estas cifras corresponden al proyecto original, antes de las modificaciones de octubre. Además, incluyen el presupuesto completo de SENACYT, aunque la ley se refiere a sus programas educativos: incluso con esa inclusión amplia, el grupo queda por debajo del 5.5 %.

RECORTAR LA EDUCACIÓN MIENTRAS SE HABLA DE PRIORIDADES

El proyecto original contemplaba una asignación de aproximadamente 5,132 millones de dólares al Ministerio de Educación, incluyendo las transferencias presupuestarias correspondientes. Posteriormente, mediante la Resolución de Gabinete 116 del 20 de octubre de 2026, se autorizó una reducción de 15.4 millones de dólares al MEDUCA: 11 millones en funcionamiento y 4.4 millones en inversión. Considerado por separado, ese recorte elevaría la diferencia de 569.2 a 584.6 millones de dólares. El efecto neto de octubre depende también de los aumentos a las demás instituciones comprendidas en el 5.5 %, que deben descontarse antes de establecer la diferencia definitiva.

Puede parecer una cantidad pequeña dentro de un presupuesto estatal superior a 35,000 millones de dólares. Pero el problema no es solamente el monto. El problema es el principio. El proyecto original ya presenta una diferencia de $569.2 millones frente al mínimo del 5.5 % para ese grupo de instituciones. Recortar al MEDUCA en esas condiciones exige corregir la insuficiencia, no normalizarla. La comparación no depende de una declaración verbal: surge de sumar las asignaciones del proyecto oficial y eliminar las transferencias duplicadas. La educación no puede convertirse en la variable de ajuste de una política fiscal cuya principal preocupación sea presentar determinados indicadores de déficit.

El déficit fiscal es importante. La estabilidad macroeconómica también. Pero ninguna de esas consideraciones autoriza al Ejecutivo a tratar las obligaciones legales como simples recomendaciones administrativas.

¿PARA QUÉ APRUEBAN LEYES QUE DESPUÉS IGNORAN?

Panamá tiene un problema institucional que va mucho más allá del presupuesto educativo. Los gobiernos aprueban leyes, establecen obligaciones, anuncian compromisos y después permiten que la discusión presupuestaria transcurra como si esas disposiciones fueran opcionales.

Una ley que ordena destinar un porcentaje determinado del PIB a la educación no puede quedar subordinada a la conveniencia política de quienes elaboran el presupuesto. De lo contrario, estamos admitiendo que el Ejecutivo puede decidir cuáles leyes cumple y cuáles considera demasiado costosas. Ese es un precedente peligroso.

Panamá es el segundo país más rico de Latinoamérica y el que menos invierte en educación.

 

EL PROBLEMA NO ES SOLAMENTE CUÁNTO SE GASTA

Conviene aclarar algo que he sostenido en reiteradas ocasiones: gastar más dinero no garantiza automáticamente una mejor educación. Podemos construir escuelas que nunca terminamos, comprar equipos que nadie utiliza, financiar programas que no producen resultados y mantener estructuras administrativas cuya contribución al aprendizaje resulta cuestionable. La eficiencia del gasto público es indispensable. Pero esa discusión no elimina la obligación legal de asignar los recursos correspondientes. Tampoco puede utilizarse de excusa para seguir reduciendo la calidad educativa pública para hacer negocios en las educación privada

Una cosa es exigir que el dinero se utilice correctamente y otra muy diferente es utilizar la ineficiencia como argumento para desconocer una ley.

Panamá necesita mejorar la formación de sus estudiantes, fortalecer las competencias matemáticas, científicas y tecnológicas, modernizar sus centros educativos y vincular la enseñanza con las necesidades productivas del país. También necesita reconocer que el capital humano constituye uno de los factores fundamentales del crecimiento económico de largo plazo.

Una economía que aspira a incrementar su productividad no puede tratar la educación como un gasto residual. La educación es inversión en capacidad productiva futura.Y cuando el proyecto original deja a ese grupo educativo por debajo del mínimo de referencia, la señal sobre las prioridades presupuestarias resulta inequívoca.

LOS DIPUTADOS NO PUEDEN LAVARSE LAS MANOS

La Comisión de Presupuesto aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 644 el 26 de octubre de 2026. En su informe se detallan modificaciones presupuestarias, aumentos de partidas, reasignaciones institucionales y decisiones sobre el destino de miles de millones de dólares. El punto de partida está documentado: el proyecto original suma 4,661.4 millones de dólares para el grupo del 5.5 %, con una diferencia de 569.2 millones frente a la referencia legal calculada. Las modificaciones de octubre deben evaluarse sobre esa base, sin confundir el presupuesto original con el texto modificado. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de fiscalizar al Ejecutivo. Sus diputados no pueden limitarse a examinar cuánto aumenta o disminuye el presupuesto de cada institución.

Su obligación es verificar que el presupuesto respete las leyes que la propia Asamblea ha aprobado.

El MEDUCA, las universidades oficiales, el IPHE y los programas educativos de SENACYT tienen una asignación mínima específica. Los recursos para otros programas educativos, correspondientes al 1.5 % restante, no sustituyen el 5.5 % reservado a ese grupo. La operación aritmética está respaldada por el proyecto oficial. La discusión debe centrarse en corregir la insuficiencia identificada. Con el PIB de referencia utilizado, el proyecto original necesita 569.2 millones de dólares adicionales para alcanzar el 5.5 % de ese grupo. El ajuste definitivo debe incorporar los cambios de octubre y el PIB aplicable. No es aceptable presentar como cumplimiento una suma que cuenta dos veces las mismas transferencias o que mezcla obligaciones distintas.

PAREN ESE PRESUPUESTO

Los diputados todavía tienen la oportunidad de hacer lo correcto. Antes de aprobar definitivamente el presupuesto de 2027, deben corregir las asignaciones del grupo al que corresponde el 5.5 % y asegurar, por separado, los recursos del 1.5 % para los demás programas educativos. La diferencia identificada en el proyecto original es de 569.2 millones de dólares. Ese es el punto de partida numérico para la corrección. No se trata de una confrontación entre el Gobierno y los educadores. Se trata de algo mucho más importante: el respeto al Estado de derecho y al futuro económico de Panamá.

Un país que pretende crecer, atraer inversiones, elevar su productividad y competir internacionalmente necesita una población mejor educada. No conseguiremos ese objetivo simplemente aumentando el presupuesto. Pero mucho menos lo conseguiremos convirtiendo la inversión educativa en una partida que puede modificarse sin explicar su compatibilidad con la ley. La Asamblea Nacional debe corregir la insuficiencia identificada y garantizar que el presupuesto definitivo respete tanto el 5.5 % reservado como el 1.5 % restante.

Porque aprobar leyes para después permitir que se desconozcan es una de las maneras más efectivas de destruir la credibilidad institucional.

PAREN ESE PRESUPUESTO.

CUMPLIR CON LA LEY QUE OBLIGA A ASIGNAR 7% DEL PIB A DUCACIÓN NO ES OPCIONAL, DESCONOCERLO ES UN DELITO.

Profesor Felipe Argote | Economista