Elblogdefelipeargote XVI TEMPORADA: INFORME OIT PARTE I

Por Felipe Argote

Debo iniciar diciendo que el documento de la OIT se trata de un informe muy robusto con data confiable sacada de cifras oficiales, pero de diferente procedencia a la Caja de Seguro Social.

A continuación presento una síntesis analítica en dos partes y luego una Síntesis Ejecutiva. Todo para beneficio de los y las interesadas y de funcionarios del gobierno que no la leyeron, no la entendieron o como no les gustó lo desecharon. Debo advertir que contrario a lo que creían funcionarios y directivos las instituciones internacionales ya no traen las medidas en una lata solo para que sigan las instrucciones como estaban acostumbrados. Sin embargo, hay parámetros generalmente reconocidos a nivel mundial como el acuerdo 102 que establece como mínimo estos principios:

La garantía de prestaciones definidas;

La participación de los empleadores y de los trabajadores en la administración de los regímenes;

La responsabilidad general del Estado en lo que se refiere a las prestaciones concedidas y a la buena administración de las instituciones; y

El financiamiento colectivo de las prestaciones por medio de cotizaciones o de impuestos.

Esto elimina de raíz la posibilidad de cuentas individuales como insisten algunos que han sido dejados atrás por la historia.

El inicio del informe es una descripción de la data relevante como que la esperanza de vida al nacer en nuestro país es de 76 años los hombres y 82 las mujeres. Incluye las esperanzas de vida después de los 65 en donde se afirma que se puede vivir actualmente por 19 años los hombres y 22 años las mujeres. Esto ha sido utilizado para afirmar que estos son los años que se paga de Seguro Social. No es así. Esto es lo que duran este grupo etario en promedio, pero algunos son de altos ingresos que nunca pagaron seguro. Es un promedio.

Luego presenta tasa de fecundidad que en década del sesenta era 6 por mujer y ahora es de 2 por mujer. Hay que aclarar que esto no toma en cuenta la inmigración que ya se sabe que es alta así que también es engañoso que esto es el factor fundamental para la crisis de las pensiones que no es un problema demográfico como queda demostrado por el informe.

Muchas veces hemos dicho que las variables utilizadas como supuestos son determinantes para medir las necesidades futuras del fondo de pensiones. Una muy importante variable es la proyección del crecimiento económico. Veamos que dice OIT:

El informe toma los últimos 12 años para presentar tasa promedio de crecimiento real de la economía de 6.1%. De forma sensata luego presenta la caída espectacular de 2020 de 17.9% y el rebote de 15.2% del 2021 solo parecido al rebote en el crecimiento pos-invasión de 1980. El PIB de 2021 llegó a $63.6 miles de millones y un PIB per cápita de 14,664. Por debajo del nivel de 2019.

Sobre inflación presenta que ese índice fue de 4% en promedio entre 2005 y 2014 mientras entre 2015 y 2019 fue de

0.4% acompañando la desaceleración de la economía de esos años y de -1.55% en 2020 durante pandemia y regresando a 1.63% en 2021. Esto es relevante porque se muestra una relación directamente proporcional entre crecimiento e inflación.

Luego se analiza la evolución de la pobreza que ha caído de 37% en 2003 a 22% en 2019 y la pobreza extrema de 21%

en 2003 a 10% justo antes de la pandemia. En es mismo periodo el PIB per cápita se elevó de $4,267 anuales a $15,774 anuales. Esto significa que mientras la riqueza generada por persona se multiplicó 270% la pobreza se redujo 41% solamente. Y la pobreza extrema en 52%. De mantenerse la proporción sin disminuir en nada la mala distribución de la riqueza, la pobreza sería de aproximadamente 12.6% y la extrema en aproximadamente 7.8%. De haberse mejorado la pésima distribución la pobreza extrema debió desaparecer. Luego el informe acude a la tendencia de crecimiento de ingresos y gastos del sector público general en donde se afirma que los ingresos pasaron de $10.6 mil millones en 2008 a $25.9 millones en 2019 mientras los gastos pasaron de $10 mil millones a $28.3 mil millones en el mismo periodo. Esto representó pasar de 8.1% de crecimiento de ingresos y 8.3% de crecimiento de gastos. Mientras el PIB creció a una tasa de 7.4% anual, una diferencia de casi un punto porcentual.

Mas adelante presenta el déficit fiscal que en 2021 fue de 4.2 millones lo que representa un 6.7% del PIB por debajo del 7% aprobado en 2020 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. En cuanto al Seguro Social este año los ingresos totalizaron $3.4 mil millones y los gastos fueron de $4 mil millones con un déficit de 0.5 mil millones. Esto es un 0.8% del PIB.

En tema de deuda pública se muestra que superó los $40,488 millones en 2021 elevándose en $3,528 con respecto a 2020. Esto es 63.7% del PIB. La deuda pública en 2021 era el doble que seis años antes en el 2015. Sobre mercado laboral el documento presenta que la fuerza laboral registró un crecimiento en este milenio pasando de de 61% en 2001 a 67% en 2019 para caer a 60% en 2021 luego de la pandemia. El desempleo que, a principios del siglo, en 2001 se elevaba a 14% bajó a niveles inferiores a los dos dígitos en 2005 llegando 4% en 2012. En 2021 lastimosamente el país regresó a presentar cifras de desempleo de dos dígitos, retrocediendo 15 años el mercado laboral.

Este desempleo se hace mayor mientras se es más joven y peor si es mujer. La tasa de desempleo de jóvenes triplica las de los mayores y las de las mujeres son hasta 5 veces mayor pues llegan a estar por encima del 25% de desempleo mientras que los mayores de 60 años presentan niveles de desempleo tanto hombres como mujeres de menos de 3%. Esto es demostrativo de un pésimo sistema de pensiones en donde los adultos mayores ante la posibilidad de caer en la pobreza se ven obligados a seguir trabajando impidiendo la entrada a los jóvenes.

La informalidad por su parte llegó a estar por debajo del 40% desde el 2010 al 2015 y luego elevándose en forma constante hasta llegar al casi 50% en hombres 45% en mujeres en 2021. El sistema de medición utilizado para este cálculo incluye afiliación al seguro social. El informe coloca su preocupación ya que este elemento muestra deterioro de la base de financiamiento del sistema de seguridad social y “el riesgo de una profundo afectación de la sostenibilidad económica del sistema de pensiones”. La informalidad está por encima de los niveles de 2004 cuando nuestro PIB per cápita era una cuarta parte del actual.

El informe continúa con una extensa presentación del marco legal en donde el hallazgo mas importante es que están equivocados quienes creen que el fondo solidario del Sistema Mixto coloca sus fondos en el Sistema de Beneficio Definido o solidario. Por el contrario contradiciendo el objetivo de la ley 51 que colocó un componente solidario al Sistema Mixto para cubrir en parte el costo de transición, los administradores del Seguro Social en estos quince años no lo hicieron, dejaron esos fondos sin ningún sentido en el Sistema Mixto o para aparentar niveles de fondos ficticios en ese Sistema haciendo que el Sistema de Beneficio Definido o Solidario ya no solo quedara cerrado por no permitirse entrada de nuevos cotizantes desde 2008 sino que tampoco se le entrega el aporte del Sistema Solidario del Mixto que debió registrarse. Eso lo hizo evidente también el documento del Fondo Monetario Internacional “Pensión Reform Options to Improve Sustentability and Equity” de Csaba Feher y Christoph Freudenberg en 2015 que insiste en la necesidad de colocar ese fondo donde correspondía.

Posteriormente el Informe reitera la necesidad de que Panamá ratifique los convenios de la OIT sobre seguridad

social. Pendiente basado en los siguientes principios:

Responsabilidad general y principal del Estado

• Realización progresiva de la cobertura universal a través de las dimensiones horizontal y vertical

• No discriminación, igualdad de género y respuesta a las necesidades especiales

• Derecho a las prestaciones prescritos por la legislación

• Derecho a prestaciones adecuadas y previsibles

• Diversidad de métodos y enfoques

• Revisión periódica de los niveles de los beneficios

• Solidaridad social y financiamiento colectivo

• Sostenibilidad financiera, fiscal y económica

• Gestión y administración transparente, sana y participativa

• Coherencia y coordinación con otras políticas y servicios públicos

• Procedimientos de reclamación y de recurso eficaz y accesible

Solo leer estos principios es evidente que se elimina cualquier posibilidad de cuentas individuales según el acuerdo de la gran mayoría de los países. A su lado el informe de nuestos flamantes actuarios parece un documento sacado de la edad media durante la Santa Inquisición. Asi de atrasados estamos con respecto al resto del planeta.

El informe luego demuestra que la tasa de cobertura se ha ido reduciendo con el tiempo en lugar de elevarse que es la lógica de un país en crecimiento como el nuestro. Pasa de 68.68% en 2001 a 59.8% en 2019 justo antes de la pandemia por debajo de Cuba, Uruguay, Costa Rica, Chile y hasta Brasil. Recordemos que solo Chile, Brasil y Panamá son reconocidos como países de altos ingresos en Latinoamérica.

Sobre la cobertura contributiva mientras en las áreas urbanas es de 57% en el área rural llega a apenas el 25%. El informe es contundente al afirmar que la falta de cobertura de seguridad social es generadora de pobreza y la pobreza a su vez actúa como una barrera estructural para la extensión de la seguridad social como es el caso de las comarcas.

Un elemento comparativo es que en Panamá el 72% de las personas con edad por encima de la jubilación reciben algún tipo de pensión por baja que sea por debajo de Bolivia, México, Uruguay, Brasil, Argentina y similar a Chile.

El documento sentencia que establecer un programa de pensión universal de vejez costaría tan solo entre el 1% y el 1.2% del PIB.

SIGUE EN LA SEGUNDA PARTE

http://www.elblogdefelipeargote.net/2022/10/informe-oit-parte-dos.html

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