Soy un convencido que las personas generalmente no actúan en forma descriteriada, aunque algunas lo parecen, especialmente cuando son funcionarios públicos. Siempre hay razones de fondo que los llevan a tomar ciertas decisiones que parecen surgidas de personas que no poseen la capacidad del discernimiento o que no creen que sus acciones tienen consecuencias.
Algunas de las decisiones gubernamentales más impopulares en los gobiernos anteriores se han debido generalmente a imposiciones del exterior, ya sea de instituciones financieras internacionales o de potencias foráneas. Eso es relativamente fácil de entender.
Sin embargo para comprender el caso de la ley 30 mejor conocida como ley chorizo, es necesario ejercitar las neuronas con ahínco, ya que a simple vista no parecen existir razones para tamaño error político.
Cómo se les ocurre desarrollar una ley sobre aviación comercial que modifique varios códigos y leyes tan disimiles como el código de trabajo, el código penal, el código judicial, la leyes ambientales, la ley orgánica de la policía, la ley de aeronáutica civil, el tribunal de cuentas y las leyes migratorias, todo en el mimo paquete. Luego introducir un elemento tan perturbador como innecesario de eliminar la obligación de los empresarios de retener la cuota sindical a los afiliados, y que cada sindicato recoja su cuota debajo de un palo de mango fuera de la empresa los días de quincena.
Solo faltó incluir en la misma ley la obligación de los médicos al servicio del estado de marcar tarjeta de entrada y salida para poner juntos a todos los sectores más beligerantes y garantizar una explosión social.
En parte la respuesta la da el ministro de la presidencia, quien ahora afirma que no ve cual es la desazón, si en Estados Unidos se hacen leyes que involucran diversas áreas e inclusive dijo el nombre de esta práctica, lástima que no pude retenerlo.
Ya sabemos por qué le tocó personalmente apagar el incendio que inició con su práctica de importar, como si fuera una lata de conserva, experiencias de su militancia en el partido republicano de los Estados Unidos, sin tomar en cuenta que la idiosincrasia de la sociedad panameña es muy diferente.
No diré nada que no hayan dicho analistas políticos, periodistas, sindicatos, profesionales, ambientalistas, médicos, profesores, algunos empresarios y hasta encumbrados miembros del actual gobierno: Debe derogarse la ley 30 sin más trámite y reiniciar la discusión de cada uno de los temas en las comisiones respectivas de la asamblea de diputados.
El gobierno a través de sus ministros y hasta el mismo presidente Martinelli aceptan que fue un error, tanto la forma como fue aprobada la ley como la salvaje represión a los indígenas bocatoreños donde murieron cuatro personas, centenares fueron heridas y muchas perdieron la vista a causa de los disparos con perdigón.
Entonces la consecuencia lógica es enmendar el error, no con palabras sino con hechos. No hacerlo es comportarse como el marido infiel que llora desconsolado sobre las rodillas de su esposa, asegurándole que acepta que fue un error su infidelidad, que se encuentra profundamente arrepentido y que nunca más volverá a ocurrir. Pero luego, a pregunta de su esposa si va a abandonar a su amante la respuesta fuera… “Por qué no lo discutimos por tres meses y luego decidimos si es o no conveniente que la deje”. “Es que aunque reconozco que fue un error… ¡yo la quiero mucho!”
A pesar de lo mucho que ama el gobierno a su ley chorizo no tiene otra alternativa que abandonarla si en verdad está arrepentido, pues se corre el riesgo de perder a su esposa, a quien le ha disminuido su nivel de credibilidad hacia él del 90% a menos del 40% y sigue bajando en caída libre.
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