Por Felipe Argote
Antes de 2008 no había en Panamá
legislación alguna que comprometiera al estado a respetar una disciplina
fiscal. Es la ley 34 de 2008 la que instaura un compromiso del estado de que su
déficit fiscal no será mayor del 1% del producto interno bruto PIB. Sin embargo,
como es corriente en nuestro país, este compromiso no lo asume el gobierno en
ejercicio, el del presidente Martín Torrijos, si no que este se compromete a
lograr la disciplina fiscal en el 2011, en el segundo año de mandato del
gobierno siguiente.
Mientras la economía panameña
seguía creciendo a dos dígitos, el gobierno de Ricardo Martinelli no se limitaba
en el gasto. Un número plural de edificaciones, la ampliación del canal y un
entorno internacional favorable elevó el crecimiento económico, pero aun con
este incremento del PIB el déficit se elevó, empujado por el aumento espectacular
del gasto. Ante esto, el gobierno decidió reformar la ley 34 casándola con la creación
del Fondo de Ahorro de Panamá. El FAP traslada los ahorros del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo creado por el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares
a partir de los ingresos proporcionados por la privatización de las empresas estatales
en la década del 90 del siglo pasado.
La ley 38 del 2012, adicional a
la creación del FAP, que a diferencia del Fondo Fiduciario es un “fondo
soberano” creado en países con superávit para establecer inversiones eficaces y
aprovechar los ahorros para darles más rentabilidad que un fondo fiduciario, incluye
el creativo concepto de “déficit ajustado”, que a mi juicio era el propósito
real del cambio en la norma. El déficit ajustado consiste en aumentar el déficit
máximo comprometido en un monto idéntico a la diferencia de los aportes del
canal y el 3,5 por ciento del PIB. El criterio es que se espera que el canal brinde
en utilidades el 3.5% del PIB. Si no lo hace, entonces la diferencia se ajusta
al déficit fiscal elevándolo. Por ejemplo, en ese año 2012 el PIB panameño fue
de 40,600 millones de dólares. El canal ese año aportó al estado una utilidad
de 1,032 millones de dólares. De entregar el 3,5 por ciento del PIB transferiría
1,415 millones de dólares. La diferencia no entregada, esto es 383 millones de
dólares se suben al déficit que si fuera del 1% sumaria 404.3 millones de dólares. La diferencia no aportada permite una razón
para elevar el déficit por lo que puede ser de 787.3 millones de dólares. Esto
es 1.9% del PIB. Luego establece un compromiso de déficit ajustado en 2.9% en 2012, 2.8% en
2013, 2.7% en 2014, 2% en 2015, 1.5% en 2016 y 1% en 2017.
Iniciando el gobierno del
presidente Juan Carlos Varella, el Ministerio de Economía y Finanzas se percata
que el
En el año 2017 el déficit fiscal fue de 1,004 millones
de dólares o un 1.7% del PIB, sin embargo, al aplicarse el ajuste este se
redujo al 1% establecido por ley. El déficit se redujo porque el Canal de
Panamá en lugar de transferir 2,053 millones de dólares que sería el 3.5% del
PIB solo transfirió 1,650 millones de dólares. Al reducir del déficit los 602
millones de diferencia aparece mágicamente el 1% aplicado de la contabilidad
creativa.
En este año 2018 se esperaba un crecimiento de la
economía en un 5.5% por tanto el PIB se calculó en 65,239 millones de dólares, de
ser así, el déficit debía alcanzar 652 millones de dólares. Actualmente el pronóstico
se ajusta 4,5%. En consecuencia, el
déficit fiscal debe reducirse a 646 millones de dólares.
El canal por su parte ha presupuestado este año
transferir al gobierno central 1,736 millones de dólares. El 3.5% del nuevo PIB
proyectado es 2,262 millones de dólares, por tanto, el ajuste sumaria 526
millones de dólares, que es la diferencia entre el 3.5% del PIB y la utilidad
transferida efectivamente. El déficit ajustado en este año 2018, si se da este
crecimiento de la economía, será de 1,172 millones de dólares.
A mi juicio este procedimiento de ajuste del déficit
fiscal es innecesario, confuso e irrelevante porque incluye variables adicionales
al cálculo que igual no afecta el resultado final. Creo que debe establecerse
un1.5% del PIB de déficit fiscal y listo. Esto es 646 millones. De hecho, Panamá
con un déficit fiscal real de 1.7%. es uno de los países con menor déficit
fiscal en el mundo.
Si eliminamos a Venezuela cuyo déficit está por
encima del 20% dentro de América Latina en 2017, según cifras del Banco Mundial,
el país de mayor déficit fiscal es Brasil que presentó un 8.2%, luego Argentina
con 7% y este año sin duda subirá mucho más, Bolivia con 6.5%, Ecuador 6%,
Costa Rica 5.9%, Uruguay con 3.5% y Chile con 2.8%. Países que presentan menos
déficit fiscal que Panamá en América Latina son México con1.4%, Paraguay 0.8%, Honduras
con 1.5% y Guatemala con 1.1%. Entre los países desarrollados Estados Unidos
presenta en el 2017 un déficit 3.5%, Japón 4.5%, España 4.5%, Francia 3.4 % y Reino
Unido 3%. Solo Alemania tienen un superávit del 1.1%
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